Ya hemos mencionado que la ley más importante en los últimos 40 años en materia de vivienda ha sido la ley de vivienda de interés social (VIS), fruto de un serio trabajo público-privado, donde los promotores privados fueron oídos y respetados en su posición.

Ya hemos mencionado que la ley más importante en los últimos 40 años en materia de vivienda ha sido la ley de vivienda de interés social (VIS), fruto de un serio trabajo público-privado, donde los promotores privados fueron oídos y respetados en su posición.

Esa ley viene ocupando hoy a 10.000 obreros, aproximadamente.

Pero ahora incursionemos en otros aspectos sobre la vivienda. Dice una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que de los 130 millones de familias que viven en las ciudades de América Latina y el Caribe, 5 millones están obligados a compartir vivienda con otras familias, 3 millones residen en viviendas irreparables (en nuestro país tenemos muchos ejemplos) y otros 34 millones habitan en inmuebles que carecen de título de propiedad (nuestros Asentamientos Irregulares), agua potable, saneamiento, pisos adecuados o espacio suficiente.

Tan importante es considerar el tema de la vivienda, que tanto esta como el barrio que la alberga influyen de manera decisiva en la salud, alimentación y educación de la población, así como en su acceso a oportunidades económicas y su grado de vulnerabilidad a los problemas sociales.

Algún mes atrás, en un asentamiento de Carrasco Norte, me decía una mamá que vive con numerosos hijos que varios de ellos tienen intención de estudiar pero conspiraba con ese propósito la vivienda que habitan. Lo constaté. Espacio reducido, lúgubre, hacinamiento, desestímulo para la tarea escolar.

Una buena vivienda es mucho más que una edificación bien construida con suficientes habitaciones, agua potable y un piso sólido. La construcción de una vivienda comienza cuando un terreno legal ubicado dentro de los límites de la ciudad con acceso a infraestructura troncal (conexión principal para agua, saneamiento, drenaje), se subdivide en lotes individuales por ejemplo, cada uno con sus propias conexiones a la infraestructura. Si el terreno original es de dimensiones importantes, se deberían planificar parques, centros comunitarios, escuelas y en algunos casos centros de salud, para lo cual se deberían reservar áreas y firmar acuerdos público-privados que garanticen su mantenimiento.

La presencia de la vivienda precaria hace de la ciudad un conglomerado que combina una amplia gama de asentamientos que circundan bolsones de barrios residenciales formales y comercios adyacentes. El problema no es puramente cosmético. La necesidad de solucionar estas carencias (mejorando el funcionamiento de los mercados de tierra, fomentando la actividad público-privada), es tan urgente como esencial. En lo fundamental la vivienda y el barrio influyen en la calidad de vida de las personas, en la salud y educación de sus hijos, en su vulnerabilidad al crimen y patologías similares.

Nos dice el BID que en América Latina y el Caribe, millones de hogares y sus habitantes aún residen hacinados en viviendas con pisos de tierra, sin saneamiento y/o recolección de basuras. Lo vemos en nuestra ciudad.

El hacinamiento aumenta la posibilidad de que las enfermedades contagiosas se transmitan dentro del hogar cuando uno de sus miembros se enferma. La falta de servicios imprescindibles dificulta el proceso de obtener agua potable, preparar y almacenar alimentos de manera segura y mantener una buena higiene personal, todo lo cual compromete la salud de quienes habitan en una vivienda en esas condiciones.

Por otro lado, los malos resultados de la región en materia de vivienda pasan muchas veces por precios altos en relación a los ingresos, falta de acceso al crédito hipotecario y el alto costo de la construcción.

El asesor de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), Julio Villamide, manifiesta que habrá una importante necesidad de construir vivienda en nuestro país, sobre todo por la reducción del tamaño de las familias.

En los próximos 20 años podríamos pasar de 2,9 a 2,3 personas por hogar, siguiendo una tendencia mundial. Por dicha razón se estarían necesitando unas 300.000 viviendas en las próximas dos décadas. Si agregamos obsolescencia del stock habitacional y sustitución de miles de viviendas de asentamientos irregulares, se tendrían que construir 500.000 viviendas.

Ajustar costos y mejorar la eficiencia en construir es un imperativo de la hora. Sería buena cosa que las autoridades del Mvotma conozcan este panorama, apuntalen la inversión privada y no ignoren las reglas del mercado.

Reeditar la experiencia fértil que se tuvo en derredor de la ley de vivienda de interés social será de orden, donde el diálogo fluido y las cabezas abiertas eran el factor común que aglutinaba a los interlocutores públicos y privados.