En estos días se hizo viral un video de una detención policial filmado desde arriba por una vecina de un edificio cercano.

En el video se ve cómo un muchacho está detenido contra un patrullero con su celular en la mano y un efectivo de Guardia Republicana lo golpea pidiéndole que borre algo de su teléfono, a lo que el detenido, ante los golpes accede a hacer. Estas imágenes se hicieron virales rápidamente y motivaron mucha actividad en redes sociales, incluso de legisladores que se expresaron sobre lo ocurrido.

A su vez, el Ministerio del Interior actuó rápido y de forma inmediata dispuso realizar una investigación administrativa al respecto, que es lo que corresponde por parte de las autoridades ante el conocimiento de que un procedimiento policial puede reportar irregularidades.

Este episodio se produce en tiempos en que el accionar del policía está bajo la lupa, lo está desde que cambió el gobierno, se acrecentó con su rol de dispersar aglomeraciones en el marco de la pandemia y se agudizó con la sanción de la LUC. No podemos obviar la discusión política y la junta de firmas para la derogación de la mayor parte del capítulo de seguridad de la LUC.

Sobre el episodio vale hacer algunas precisiones útiles.

La policía debe actuar según dispone la ley de procedimiento policial, en particular en lo que refiere al uso de la fuerza, que jamás podrá exceder la necesaria para realizar la detención y minimizar riesgos o amenazas a terceros. Esto significa que, bajo ningún concepto se justifica golpear a alguien que ya está detenido y no presenta riesgo alguno.

A su vez, ningún efectivo policial puede obligar a nadie a hacer nada que la ley no prohíbe, no puede obligar a nadie a borrar nada de su teléfono bajo ninguna circunstancia, menos a fuerza de golpes.

Vale destacar que no está prohibido filmar procedimientos policiales, cualquiera pude hacerlo libremente en tanto sea pacífico y no venga acompañado de agresión física o verbal a policías, ni obstruya al procedimiento. Desde el Sindicato Policial alentamos constantemente a los propios policías a filmar (en la medida de lo posible) los procedimientos que puedan tener complicaciones, visto que son una garantía para ellos y para todos los involucrados. En la abrumadora mayoría de los casos sirven para desterrar relatos de abuso policial y ver la verdad de lo ocurrido, como en el reciente episodio ocurrido en Rocha sin ir más lejos.

Defender a la policía también es repudiar los excesos, como lo hicieron rápidamente los Sindicatos Policiales, sin estridencias, sin obsecuencias, con objetividad y honestidad intelectual.

Afortunadamente, podemos decir que se trata de un caso excepcional, el primero en un año entero en que se le buscó la quinta pata al gato hasta el cansancio, en el que se hizo fuerza para ver abusos policiales donde no existieron. Incluso, en episodios aclarados en la Fiscalía (Plaza Seregni, entre otros) no escuchamos ni una sola disculpa de nadie a los funcionarios injustamente acusados de abusadores.

Como decía el gran Claudio Romanoff, la coherencia no es una virtud: todavía están a tiempo de disculparse con los policías todos aquellos que denunciaron abusos que no lo eran; de parte del Sindicato Policial queda demostrado en este episodio que cuando corresponde respaldar, se respalda y cuando corresponde repudiar, se repudia sin vueltas.