Andrés Ojeda
Andrés Ojeda

Ni Robo Cop arregla esto solo

La seguridad pública ha sido la principal preocupación de los uruguayos durante los últimos años y es lógico: los números que dejó el Frente Amplio en la materia son aterradores, más de 400 homicidios y 30.000 rapiñas por año.

El tema acaparó la campaña electoral y todos los actores -finalmente- admitieron la gravedad de la situación, con consenso en el diagnóstico, pero discrepancias en cuanto a como revertirla.

Curiosamente, algunas cuestiones poco taquilleras a nivel de opinión pública pueden ser desequilibrantes. Los invito a salir -por un segundo- de la discusión sobre el capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración, para entrar en un aspecto especialmente importante: el relacionamiento entre Parlamento, Policía, Fiscalía, Poder Judicial y cárceles.

Poco importan los cambios en la ley que se discuten con tanta pasión si los encargados de llevarlos adelante están divorciados entre sí. Quizá este fue uno de los mayores problemas de la gestión Bonomi; eligió enemistarse con fiscales y jueces, intentando culparlos de su propia inoperancia y pretendió responsabilizarlos de la inseguridad que se vive (argumentos como el “efecto noviembre”, entre otros), en lugar de asumir sus errores y dejarse ayudar. La realidad es que aunque tuviésemos al mismísimo “Robocop” atrapando delincuentes, no serviría para nada si los fiscales no imputan y los jueces no condenan. El cambio de gobierno presenta una enorme oportunidad: refundar las relaciones destruidas por el gobierno saliente, con actores clave en el combate a la inseguridad.

Jorge Larrañaga entra con un nuevo talante, muestra empatía por las víctimas del delito, concurre a los entierros de policías caídos en el cumplimiento del deber, y además, parece tener una mejor relación con la Fiscalía General y la Suprema Corte de Justicia. La situación y el momento parecen ser ideales para promover cambios.

La policía -que es los ojos y manos de la Fiscalía- debe trabajar pensando en qué necesita el fiscal para obtener una condena ante un juez cuando investiga un delito. Debe haber contacto y sinergia fluida. El destino de esta sociedad (policía/fiscalía) es el destino de la seguridad pública (eso, sin minimizar el rol de la cárcel).

El punto de partida es complejo, los policías en la calle cuentan con formación de ciclo básico (3º de liceo) y seis meses de formación policial (en el mejor de los casos, hay policías “eventuales” que tienen solo 6º de escuela aprobado). Los fiscales necesitan insumos jurídicamente contundentes desde la investigación policial, para obtener una condena ante un Juez. Es necesario profundizar el vínculo y estrechar el diálogo.

Ningún emprendimiento pude ser exitoso si los socios están peleados entre sí y más preocupados por echarse las culpas que por mejorar los resultados.

No se trata de echar culparse mutuamente. Partimos de la base de que nadie se hace policía o fiscal porque le divierte ver salir impunes a personas que han cometido delitos, lo que hace lógico concluir que hay voluntad de mejorar muchas cosas.

Como se puede ver, lo que proponemos no requiere cambiar leyes, ni mayor presupuesto, solo ingenio y voluntad política. ¿Alguien se pondrá al hombro esta necesaria tarea de articulación?

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