En los últimos días volvió a estar sobre el tapete la necesidad de que el Uruguay cuente con un Ministerio de Justicia. 

Si bien hemos tratado el tema con anterioridad en esta misma columna el pasado 14 de julio, entiendo que el reciente empuje del tema en la agenda pública nos conmina a volver al debate.

El 19 de junio el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit se reunió con Luis Lacalle Pou y le propuso la creación de un Ministerio de Justicia. A su vez, el pasado 27 de junio, el Ministro del Interior dijo en entrevista con el diario El País que era partidario de la creación de un Ministerio de Justicia, pero que no había recursos para financiarlo. Como decíamos ya en julio de 2020, rompe los ojos que este Uruguay de vanguardia en su calidad institucional no cuente con un Ministerio de Justicia.

Nuestro país siempre tuvo Ministerio de Justicia hasta que en el último gobierno de facto se mal utilizó y su consecuencia fue dejarnos como uno de los pocos países que no cuentan con esta semejante herramienta. Ahora bien, es entendible que el momento que vivimos -de pandemia y crisis- complica la proyección de creación de nuevas estructuras institucionales de carácter ministerial, pero -incluso ante la adversidad que vivimos en la actualidad- se presentan algunas alternativas.

Muchas de las reparticiones que integrarían un eventual Ministerio ya existen en el Estado, pero están desperdigadas bajo diferentes órbitas, muchas de ellas dependen de Ministerio de Educación y Cultura por la sencilla razón de que no existe un Ministerio de Justicia. Cuando uno se pone a mirar, buena parte del esqueleto ya existe, pero debe ser organizado y puesto al servicio de su jerarquía natural, un Ministerio de Justicia.

A su vez, también puede explorarse la alternativa de empezar el camino por algo menos ambicioso, un espacio de diseño de políticas públicas de justicia que vaya empedrando el camino hacia un futuro Ministerio de Justicia. Que se inicie en forma más humilde y vaya sumando cometidos en forma gradual. Incluso podría recurrirse a diseños institucionales de estructura más liviana como una secretaría de presidencia para empezar a trabajar en este sentido.

El gobierno sumaría un interlocutor del Poder Ejecutivo para trabajar en el relacionamiento y desarrollo con todos los segmentos del sistema en materia de justicia (jueces, fiscales, parlamento, sistema carcelario, etc.). Incluso podría ser un espacio de propuesta en las necesidades que requieran modificaciones legislativas, buscando la cohesión y la integralidad que tanto faltan. El campo de acción de un espacio de estas características es amplio, dinámico, versátil y muy adaptable.

Claramente, se trata de una cuestión de estricta voluntad política, primero debemos saber si estamos de acuerdo en que se trata de una herramienta clave para el funcionamiento de una democracia moderna y si los tomadores de decisiones entienden que vale la pena algún esfuerzo en este sentido. No en vano todos los países que miramos y admiramos cuentan con ella.

Una vez resuelto que la herramienta suma, podemos evaluar alternativas para materializarla acorde a los recursos que tengamos y si tenemos cero recursos, veremos incluso qué se puede hacer en esas condiciones desde el ingenio, la creatividad y las ganas de avanzar en una necesidad -a mi juicio- imperante para nuestro país.