Ana Ribeiro
Ana Ribeiro

Gracias, Mc Bride

No es cierto que la mejor ley de prensa es la que no existe. Los medios participan del poder, tienen y otorgan poder, en el entendido básico de que el poder es relacional: reside más en las conexiones que en los enormes edificios o instituciones a las que esas conexiones llevan. Mal podrían, entonces, no estar regulados. Hay disposiciones constitucionales y jurídicas, pero hay –sobretodo- un marco regulatorio ideal, un “deber – ser” de los medios.

No es cierto que la mejor ley de prensa es la que no existe. Los medios participan del poder, tienen y otorgan poder, en el entendido básico de que el poder es relacional: reside más en las conexiones que en los enormes edificios o instituciones a las que esas conexiones llevan. Mal podrían, entonces, no estar regulados. Hay disposiciones constitucionales y jurídicas, pero hay –sobretodo- un marco regulatorio ideal, un “deber – ser” de los medios.

En 1980 el irlandés Sean MacBride, Premio Nobel de la Paz y uno de los fundadores de Amnesty Internacional, dirigió una Comisión de 16 miembros de diferentes países, religiones e ideologías, que a solicitud de los países del Tercer Mundo elaboró un informe titulado “Un solo mundo, voces múltiples”. En las casi 600 páginas del informe se reivindicó un Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación. La comunicación, aceptada ya como el elemento más sobresaliente y productivo de la sociedad contemporánea, debía ser democratizada y plural, la libertad de información no podía ser sinónimo de libre mercado informativo y las “brechas digitales” debían ser combatidas para impedirles perpetuar las desigualdades económicas y culturales existentes en el mundo.

El Informe Jones, también aparecido en 1980, se sumó a la obra de la Comisión Mac Bride para indicar cuales debían ser los códigos y organismos de autocontrol de los medios. El contexto histórico era el tramo final de la guerra fría, el combate era contra la poderosa industria de Hollywood y su fábrica de sueños y estereotipos político- culturales: la largamente denunciada “norteamericanización” de la cultura. La cosecha no fue menor. Se consagró el derecho de los pueblos a una información verídica, convirtiendo a la información en un derecho fundamental de los ciudadanos y no en una mercancía y en 1993 el Consejo de Europa aprobó por unanimidad el código de Ética del Periodismo: se debía diferenciar la información de la opinión (a la que hay que firmar con nombre y apellido); mantener la veracidad de las noticias y la ética en las opiniones y no olvidar que ni los propietarios ni los periodistas deben considerarse dueños de la información, pues la información es un bien de la ciudadanía.

Tres décadas más tarde el contexto ha cambiado notablemente. Todos vimos las fotografías del cadáver de Gadaffi tomadas desde el teléfono celular del propio joven que lo ultimó; los ciudadanos que están en el momento justo y en el lugar exacto en que algo acontece se convierten en inesperados corresponsales; el Estado Islámico televisa sus ejecuciones; las redes reproducen y multiplican fragmentos de la realidad a una velocidad que elude las formas tradicionales de control y los límites éticos los comenta la población entera cuando la difusión apresurada de dictámentes erróneos convierten al presunto victimario en motivo de ataque colectivos (léase dermatitis de pañal confundida con violación), o cuando la repetición sistemática de una escena violenta genera una marca en la memoria y en la propia ciudad (léase caso del pizzero de La Pasiva).

La ley de medios no puede presentarse como fundacional: ya existe regulación, jurídica y ciudadana. Puede argumentarse que es necesario ajustarla, adecuarla a los nuevos tiempos, pero sin olvidar que todos sabemos que la información y la formación cultural son bienes que nos pertenecen.

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