No somos, como en la novela de Hans Ruesch, el país de las sombras largas. Somos el de los problemas largos.

Hay dramas que el Uruguay repite en forma cíclica cada doce meses. Situaciones trágicas cuyo solo acontecer solo podría explicarse por ser inesperadas, accidentes imposibles de prever. Pero no.

A muchos nos cuesta entender cómo es posible que el drama de las inundaciones se reitere todos los años siempre en las mismas zonas, dejando a miles de personas sin hogar, con sus pertenencias arruinadas, sus casas bajo el agua y viviendo en refugios de emergencia.

Aún si no consideráramos el profundo drama humano que implica el problema y solo lo cuantificáramos por su impacto económico, bastaría con invertir en el realojo definitivo de las familias que viven en las áreas que se inundan todos los años, para empezar a resolverlo. Se aduce que esto no es posible, en buena medida porque los damnificados se niegan a abandonar esas localizaciones. Con precisión milimétrica, el problema se reitera un año y otro: se reitera el drama humano, se reitera la cobertura de los medios, se reiteran las campañas de solidaridad. Previsión cero.

Con los indigentes en situación de calle que duermen a la intemperie pasa exactamente lo mismo. Su número crece y los fríos de este invierno provocaron lo que todos presumíamos: ya van dos muertes por hipotermia, una en la capital y la otra en Pando.

Una pesadilla como esta mereció que en 2011, el entonces presidente Mujica descabezara una dirección del Mides y el parlamento votara una ley simplificando el trámite para la leva compulsiva de aquellos indigentes que se niegan a abandonar la calle. Ahora se reinstala la polémica.

Está claro que hay personas que rechazan ingresar a los refugios: a veces por sus propios problemas psicológicos y de adicción, a veces porque temen que les roben sus pertenencias. Lo cierto es que el Estado tiene el mandato constitucional de proteger sus vidas, aún a pesar de lo que ellos mismos expresen, por la sencilla razón de que tomar una decisión en ese contexto personal y social está muy lejos de ser un ejercicio de libertad. (Echemos un manto de olvido al comentario de una jerarca municipal, reivindicando el supuesto "derecho" a dormir en la calle).

Las autoridades llaman a denunciar estas situaciones a través de una línea telefónica que atiende solo hasta las 22.30. Pasado ese horario, hay que contactar a Salud Pública. Aclaran que no puede llevarse a ningún adulto contra su voluntad sin orden del juez.

Sin embargo, una ley votada en 2011 permite hacerlo con la firma de un médico. Y aún cuando la participación del juez fuera imprescindible, uno tiene derecho a preguntarse qué está haciendo el Estado a favor del más básico de los derechos humanos de estos compatriotas. Si es imposible coordinar unidades móviles de rescate que movilicen a quien sea necesario para obrar con la celeridad que la gravedad del problema merece.

Los políticos de la oposición que denunciaron esto han sido menoscabados porque, supuestamente, se aprovechan de un drama humano para obtener rédito político. Es un argumento parecido al que usan los defensores del narcodictador venezolano, cuando se lo acusa por las muertes de inocentes a causa de la falta de medicamentos.

Si quieren, trátennos de neoliberales, fachos y oligarcas. Pero hagan algo.