La bancada del Frente Amplio acaba de rechazar el tratamiento de grave y urgente que propuso el senador Pablo Mieres, para la aprobación de su proyecto de ley, que extiende la vigencia de los derechos de autor e intérprete de 50 a 70 años.

Habrá que seguir esperando para que el país adecue esta norma, de manera acorde a como lo han hecho las legislaciones de los países desarrollados.

Es una larga aspiración de la Asociación General de Autores del Uruguay y de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, que por un lado, habilita a extender por 20 años la vigencia del derecho del autor sobre su obra, con lo que beneficia a sus descendientes directos. Y por el otro, corrige una injusticia, porque extiende a 70 años la vigencia de los derechos de interpretación.

Para que quede claro (por si los legisladores del FA aún no lo entienden): hoy se produce el absurdo de que músicos como Ruben Rada y Hugo Fattoruso pierden la posibilidad de cobrar derechos por temas que grabaron hace más de 50 años. En el caso de Los Olimareños, el problema es aún más grave, porque al haber cantado inolvidables canciones de Ruben Lena, la recaudación por esos frutos de su talento pasará directamente a cero.

Entonces cabe preguntarse: ¿en qué cabeza cabe negarse a legislar para reparar esta injusticia? Por lo que se sabe, cupo en dos cabezas: la de la senadora Constanza Moreira (que no solo se opuso a esta medida, sino que hace unos años promovió aquella “ley de la fotocopia” de triste memoria para los escritores uruguayos) y la de la presidenta de la “Comisión de Derecho de Autor” (¡vaya paradoja!) del MEC, Silvia Pérez. Se ve que su poder de influencia en el conglomerado frenteamplista es grande, porque la lógica propuesta de dilucidar el tema antes del receso parlamentario fue denegada por el FA, pateando la pelota otra vez para adelante.

Se posterga así innecesariamente la adecuación de una norma creada cuando la expectativa de vida era muy inferior a la actual, que hoy luce totalmente obsoleta en el contexto de las legislaciones de los demás países. Y lo que es más grave: se impide a los artistas perjudicados por la medida, cobrar la justa retribución por muchos de sus trabajos. Es un ataque directo, una mano en el bolsillo de los trabajadores de la cultura, que no fue perpetrado por Bolsonaro, sino por un gobierno que se dice de izquierda.

Muchos se preguntarán por qué incurren en esta actitud y la respuesta queda clara en la nota publicada por el periodista Carlos Tapia, en la edición del domingo pasado de este diario.

Lo que ellos están haciendo es defender con argumentos intencionadamen- te falaces, los intereses de Creative Commons, una fundación creada nada menos que por Google, Youtube y otras multinacionales que hacen dinero difundiendo contenidos artísticos sin pagar derechos o abonando sumas irrisorias, la misma Creative Commons que ya había promovido la fallida “ley de la fotocopia”. Entreveran los tantos manifestando que defienden “el libre acceso a los bienes culturales”, pero no se privan de percibir ganancias por los contenidos que reproducen sin permiso y sin compensación a quienes los concibieron.

Parece absurdo que se culpe a un autor o intérprete que con suerte rescata unos pocos miles de pesos durante un año por el fruto de toda su vida creativa, pretendiendo legalizar la expropiación de sus obras.

En la referida crónica de El País del domingo, la mencionada asesora del MEC reconoce que “el planteo de Creative Commons es atendible”, porque “tenemos muchos proyectos, tanto públicos como privados, que usan esas obras que están en el dominio público. Y si eso cambia, no las van a poder utilizar. Cuando las cosas están en el dominio privado nadie puede digitalizarlas, preservarlas, conservarlas”.

¿Y si prueban pagando? Tanto la plataforma de la Udelar como el Plan Ceibal retribuyen a los autores que publican. ¿Qué impide a estos “benefactores” hacer lo mismo?

Entonces llega el momento de preguntarse: ¿por qué la senadora Moreira, el Ministerio de Educación y Cultura y la bancada parlamentaria del FA privilegian los intereses de una multinacional por encima del legítimo derecho de los creadores compatriotas? ¿Es que de verdad no entienden lo que está en juego, a pesar de los testimonios irrefutables de gente como el presidente de Agadu Alexis Buenseñor, y los músicos Jorge Nasser y Mauricio Ubal, entre tantos otros? ¿Realmente creen que los bienes culturales no son de nadie, como si el autor y el intérprete no merecieran una justa retribución por ellos? Dicen encabezar una cruzada contra las empresas editoriales y fonográficas, que supuestamente explotan al creador. ¿No son conscientes que editar un libro o un cedé de un artista uruguayo suele ser, más que un negocio, un acto de resistencia cultural? ¿Qué les pasa? ¿Por qué castigan de esa manera a los que dicen defender? ¿Seguirán acudiendo en el futuro a los mismos músicos a quienes hoy expolian, para que les canten sus jingles?