Un fantasma recorre Uruguay: el fantasma de la educación gratuita. Es la pretensión de que un atributo clave para la equidad social, como es el acceso libre al servicio educativo sin importar la condición social o económica, es fruto del mero azar y no de un esfuerzo consciente de toda la sociedad para hacerlo posible.

Esto viene a cuento de que, según informa el periodista Tomer Urwicz en El País de anteayer, la Udelar está reavivando el debate sobre la conveniencia de no limitar el ingreso de extranjeros a sus cursos. En 1986, el entonces rector Samuel Lichtensztejn había puesto coto a una situación que se venía dando desde hacía años: los aspirantes a universitarios provenientes de la región —sobre todo de Chile y Brasil— que no pasaban las pruebas de ingreso de sus respectivos países, se mudaban a Uruguay y recibían el beneficio de la formación terciaria, con solo pagar pasajes y estadía.

La medida resultaba muy simpática y amigable con nuestros vecinos, pero implicaba una brutal paradoja. Porque del mismo modo que siempre se ha criticado que la gratuidad de la enseñanza universitaria se sostiene con impuestos que pagan familias cuyos hijos no pueden acceder a ella, acá el caso era aún más dramático: esos mismos contribuyentes, con hijos que debían integrarse tempranamente al mercado laboral y abandonar así sus estudios, terminaban financiando la carrera a brasileños de clase alta que no pasaban el "vestibular" en su país de origen y venían a gozar de bien merecidas vacaciones académicas.

Con la exigencia de que el aspirante extranjero acreditara un mínimo de tres años de residencia en el país, se había logrado superar esa injusticia, pero la realidad actual de inmigración a Uruguay alienta a voceros de Ciencias Sociales a replantear la apertura irrestricta.

Está claro que debemos tender una mano solidaria a las personas que se vieron forzadas a abandonar países gobernados por dictadores que los sumieron en la ruina y la desesperanza. Pero parece mucho más lógico exceptuarlas de la norma, que derogarla y volver a habilitar el vale todo anterior. Según surge de la crónica de Urwicz, la discrepancia del área Salud está centrada en la inadecuación de los recursos para atender semejante crecimiento potencial de la demanda. Deberían comenzar por admitir que, más allá de la finitud de dichos recursos, existe un imperativo moral de destinarlos prioritariamente a los uruguayos menos favorecidos. Si no, incurriríamos en el insólito contrasentido de colaborar con el aporte de nuestros contribuyentes en la equidad educativa de estados vecinos que no se preocupan por financiarla para sus propios hijos.

Es que así funciona el pensamiento mágico uruguayo. Debemos ser el último país del mundo que cree —aún en los estratos más cultivados de la sociedad— que hay almuerzos gratis.

Por eso se paralizan los liceos del país al grito de guerra de un seis por ciento (ahora seis más uno), sin importar que ese aporte termine significando menos recursos, por la baja del PBI que podría provocar tanta presión impositiva. Por eso hay corporaciones de docentes que creen que privar de clase a los sectores más vulnerables es, paradójicamente, "enseñarles" el valor de la lucha clasista, etc. etc. Por eso nos enfrascamos en discusiones superfluas, como la del demagógico nuevo vestuario del David de la explanada, mientras seguimos consolidando, por acción u omisión, la exclusión educativa.