Álvaro Ahunchain
Álvaro Ahunchain

Palabras mágicas

Un proyecto de ley presentado por el senador Pablo Mieres reinstala una vieja demanda de los creadores uruguayos: extender a 70 años el plazo de vigencia de los derechos de autoría e interpretación de sus obras.

Consultando en internet, accedimos a las actas de la Comisión de Educación y Cultura del Senado del pasado 7 de agosto, donde consta que Alexis Buenseñor, presidente de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), advirtió que el gremio reclama esa extensión desde la década del 60 del siglo pasado. “Creo que hay dos palabras mágicas: voluntad política”, dice Buenseñor, y uno no puede menos que pensar cuántas justas reivindicaciones culturales han sido postergadas en este país por ese par de benditas palabras.

La discusión sobre los derechos de autor recrudeció en los últimos años, a impulsos de un malogrado proyecto calificado como “ley de la fotocopia”, que proponía nada menos que la eliminación de esa remuneración al creador por parte de quien fotocopiara un texto literario o descargara una obra musical de internet. Hubo sectores del Frente Amplio que defendieron ese disparate en el nombre de un supuesto libre acceso a la cultura, objetivo muy loable pero que debe alcanzarse con el aporte económico del Estado y los particulares, y no expropiando las obras a sus legítimos creadores.

En el mismo momento en que el gobierno adquiría libros correctamente para divulgar a través del Plan Ceibal, varios de sus legisladores promovían ese vale todo, otorgando a la obra literaria y musical un estatus diferente al de cualquier otro producto.

La reacción airada de los artistas fue en aquel momento de una contundencia aplastante. Al poco tiempo se supo que detrás de la iniciativa estaba Creative Commons, una organización internacional financiada por Google y Facebook, empresas que casualmente facturan cuantiosas sumas de publicidad, compartiendo contenidos sin pagar los correspondientes derechos a sus autores.

En la Comisión del Senado del 7 de agosto, el querido compositor Mauricio Ubal lo explicó sin pelos en la lengua: “Las empresas tecnológicas del mundo -Google, Amazon, Facebook- no quieren que se pague el derecho; ellas pelean, hacen lobby y las tenemos acá, en los pasillos, trabajando para eso. Vienen a hablar con los políticos porque no quieren que se pague. Ellas son, repito, las grandes interesadas en que no exista el derecho de autor, en bajarle el perfil, en romperlo; tienen el dinero del mundo y lo pueden hacer. Nosotros, los músicos de acá, las estamos peleando de a una y como podemos”.

Me permito agregar mi propia sospecha al respecto. Tal vez esos gigantes tecnológicos quieran repetir en Uruguay la experiencia de Soros con la regulación del cannabis y de las tabacaleras con su infame juicio a nuestro Estado: usar a este pequeño país como banco de pruebas, para ver hasta dónde se puede extender al resto del mundo la injusta prevalencia de sus intereses comerciales sobre el bien común.

Aquella ley de la fotocopia felizmente naufragó, pero el debate se reaviva ahora con el proyecto de Mieres, que recoge la reivindicación histórica de autores e intérpretes de extender el plazo de cobro de sus derechos. En cuanto a los de interpretación, se dan casos emblemáticos como los de Ruben Rada, Hugo Fattoruso y Los Olimareños, muchos de cuyos temas más populares fueron grabados por ellos mismos cuando eran muy jóvenes. Ahora, al haber corrido más de cincuenta años de esas ejecuciones, estos grandes de la cultura uruguaya asisten perplejos a la caducidad de sus propios derechos de intérprete sobre ellas.

Los de autoría, en cambio, permanecen por 50 años después del deceso del creador, pero la extensión a 70 persigue la comprensible finalidad de prolongar la protección a sus herederos.

En la Comisión de Educación y Cultura a que hacíamos referencia, la senadora Constanza Moreira insistió en ese punto, lo que llevó a Mieres a contestar que “uno se pregunta por qué la herencia de bienes no tiene límite y la de creaciones, la de cultura y la de arte sí tiene que tener una limitación de ese tipo para los herederos”.

Quienes admiten esa inconsistencia, no hacen más que reforzar el prejuicio de que la producción cultural no tiene valor económico y que quien dedica su vida a ella es el hippie de la familia. Es como valorar a Eduardo Mateo por haber muerto en la pobreza y no por ser lo que fue: el músico popular más importante de la historia del país.

El triste final de Mateo no debe interpretarse como una virtud personal sino como la escandalosa falencia de un Estado y un mercado incapaces de defender la dignidad de sus mejores artistas.

Un Estado que se siente con derecho a usar sus obras porque, según replicó la senadora Moreira a una queja en tal sentido del músico Jorge Nasser, “¿cuál es la diferencia entre una casa y la música del señor Nasser? Hay una diferencia divina para el autor: su música es pública y es un tesoro del mundo. Creo que esa es la diferencia”.

Qué mal negocio crear un tesoro, ¿no? Se ve que es más conveniente poner una inmobiliaria.

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