Álvaro Ahunchain
Álvaro Ahunchain

Orwell y nosotros

El jueves pasado, El País informó que las obras de mantenimiento que se hacen en un hogar (cambiar pisos, remodelar un baño o pintar paredes), deben ser inscriptas en el BPS, como si se tratara de construcciones o reformas mayores.

El interesado tiene que efectuar un registro no linee, participando al ente de la tarea y de la cantidad de jornales que implicará. Si el trabajo lo realiza uno mismo o un familiar directo (“hasta en segundo grado de consanguinidad”), igual debe ejecutar el trámite, incluyendo “los títulos, escolaridad o recibos de sueldo anteriores que acrediten que la persona es idónea para la tarea a realizar”.

Esta percuta estatal mereció un comentario jocoso en Twitter del Ec. Isaac Alfie: “cuando cambie las luces de mi casa, el BPS deberá decir si soy idóneo para eso. ¿Habrá cursos para cambiadores de dispositivos de iluminación?”

El exsindicalista Richard Read explicó a Montevideo Portal que esa normativa, alejada del sentido común, proviene de la dictadura.

A simple vista, la desmedida exigencia podría servir como un ejemplo más de afán recaudador: el banco advierte que sus inspectores “rastrillarán” los barrios en busca de infractores. Pero creo que hay que mirarla desde más arriba.

Porque la intromisión del Estado en el ámbito privado ha sido una constante de estos gobiernos. Se puso de manifiesto en la reforma tributaria. A expensas del compartible objetivo de combatir la evasión, colocaron a los empresarios unipersonales en el brete de contratar a un contador o hacer un curso en academias para por el increíble embrollo de cuentas y cálculos que tenemos que hacer cada mes.

Lo mismo con la reforma de la salud. Hasta que entró en vigencia, los trabajadores se acogían a Disse y quienes no tenían empleo elegían mutualista o recibían asistencia gratuita en salud pública. Lo que hizo el Fonasa fue interponer al Estado entre los ingresos de las personas y su contratación de servicios. Idéntico fin tuvo la bancarización obligatoria, eufemísticamente llamada inclusión financiera. Llega al glorioso extremo de forzar a quien deposita quinientos pesos en una buzonera a explicar su origen. Prácticamente no hay actividad en que el Estado no meta la nariz, ya sea para recaudar o meramente enterarse del paso que damos.

Últimamente, parece que también se enojaron con las organizaciones de la sociedad civil que incentivan el voluntariado y las quieren controlar. Al mismo tiempo que acusan a quienes ejercen su derecho a ayudar al prójimo, de promotores de trabajo esclavo, utilizan los minutos gratis de la TV que se votaron en su ley de medios para convocar voluntarios al Mides. Mirar todo esto desde más arriba es comprender que tanta injerencia estatal no es otra cosa que la puesta en práctica de una ideología colectivista, a tono con un partido que tiene al pensamiento socialdemócrata en riesgo de extinción. Quienes compartimos la idea de Willy Brandt de “tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible”, no podemos dejar de ver el avance regresivo del colectivismo sobre un país que se estanca al ritmo en que coarta la libertad individual.

Ya lo predecía Orwell en el infierno distópico de su “1984”: “las reparaciones, excepto las que podía hacer uno por sí mismo, tenían que ser autorizadas por remotos comités que solían retrasar dos años incluso la compostura de un cristal roto”.

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