Álvaro Ahunchain
Álvaro Ahunchain

Inquilinos de una república bananera

Primero fue la reprobable decisión del Grupo Cipriani de demoler el Hotel San Rafael de Punta del Este, para construir uno igual (o "mejorado").

Después, el recurso de amparo que presentó William Rey, respaldado además por informes concluyentes de la Sociedad de Arquitectos, en el sentido de que se trataba de un bien a preservar por su valor patrimonial, que además no se hallaba en el estado ruinoso que los interesados habían señalado.

Más tarde, la rápida definición judicial en rechazo a la iniciativa, que dio vía libre a un veloz culturicidio.

A esa altura creímos que estábamos ante otro final infeliz, otra demolición entre tantas, en un país que conserva las obras de Fabini, Blanes y Onetti, pero ningunea la de sus arquitectos más emblemáticos.

Sin embargo, la novela siguió y mostró su peor capítulo: se anunció que el Grupo Cipriani llevaría a la justicia al arquitecto Rey por supuestos perjuicios económicos que le ocasionó el recurso de amparo. Para ser más precisos, le haría una demanda por un millón de dólares.

Y ahí es cuando los que heredamos el país de Rodó y Vaz Ferreira volvemos a sentirnos inquilinos de una república bananera.

Porque para una empresa que invierte cientos de millones de dólares en un proyecto edilicio de tal envergadura, reclamar un millón dista mucho de explicarse por una intención reparatoria. Tiene más bien el tufillo de una advertencia hacia el futuro: que nadie más se meta con mis proyectos, porque lo voy a hacer pasar mal.

Resulta insólito que en el Uruguay democrático y supuestamente progresista en que vivimos, un grupo económico poderoso se ensañe así contra un ciudadano de a pie, marcando territorio y creando precedente contra todo el que se oponga individualmente a sus decisiones. Es como revivir la lógica infantil de aquellas fábulas del cine norteamericano como "Qué bello es vivir" de Frank Capra, donde oscuros intereses de millonarios ególatras y malvados tramaban planes devastadores contra el héroe solitario, abnegado defensor del bien común. Se trata de un lugar común del cine industrial, que puede verse todavía hoy en la remake de Mary Poppins: Hollywood victimiza al héroe para generar la adhesión emocional de quien se identifica con él, en una absoluta simplificación conceptual. Pero en nuestro país todo puede pasar, ¡hasta hacerse realidad los estereotipos de los cuentos de hadas!

Obviamente, la academia se rebeló y más de 1.300 arquitectos de Uruguay y otros países suscribieron una carta en respaldo de su colega William Rey, para impedir semejante abuso de poder.

Pero con la misma lógica que exhibió el juez que desoyó el recurso de amparo de un bien patrimonial como el San Rafael, ¿quién puede decir que no habrá uno que privilegie la bravuconada de los demandantes?

Ya hay otro claro antecedente en el país de cómo el poder económico impone sus reglas: las concesiones del gobierno a UPM en aquel insólito convenio para procurar su "decisión final de inversión", no se otorgan a las empresas nacionales, que cierran cada vez en mayor número por su dificultosa competitividad. ¿Será que estamos ante una nueva ética del poder del dinero, en las postrimerías de la hegemonía progresista? ¿Será que el patrimonio y la cultura no valen nada, en comparación con los papeles verdes?

Ya estoy leyendo las mentes de más de un lector con el alma teñida de economicismo: "Este tipo se opone al progreso, pone palos en la rueda, no se da cuenta de lo beneficioso que será el proyecto para nuestro PIB". ¿Y qué tal nuestro PCI, esa sigla acuñada por el inolvidable Carlos Maggi para recordarnos que también existe un Producto Culto Interno? Quien cuenta con la capacidad de generar un gran proyecto inmobiliario en una de las zonas más caras del país, ¿no puede tener la mínima sensibilidad para llevarlo a cabo sin afectar el patrimonio cultural, recuperándolo en lugar de demolerlo? ¿No puede demostrar un mínimo de respeto por los profesionales que defienden dicho patrimonio, escuchándolos en vez de patotearlos con demandas económicas que para el demandante son un cambio chico, pero para el demandado pueden ser la ruina? ¿Es inevitable este divorcio atroz entre quienes impulsan el progreso económico y quienes defienden el legado cultural de nuestros mayores?

Aquí nadie los trata de piratas, como los caricaturizaba en el pasado el mismo partido político que hoy los recibe de brazos abiertos. Todos somos contestes en cuán positiva es la inversión extranjera, máxime en un área como la turística, donde aún los uruguayos tenemos mucho por hacer y crecer. Lo único que se les pide es que no arrasen con la mejor tradición arquitectónica y con lo que ella evoca, como en el caso del San Rafael, de otros tiempos de progreso y cultura. Y si un juez generoso decide que no importa arrasarla, por lo menos cabe solicitarles que no se envanezcan en su triunfo y se lleven puesto al discrepante derrotado. También cabe desear que desde el Estado aparezca alguien, de una buena vez, que defienda el valor de lo intangible.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)