Un fantasma recorre Uruguay en estos tiempos de autodenominado “progresismo”: el fantasma de la corrección política. Con la aparente intención de trabajar por la inclusión, muchas veces se logra exactamente lo contrario.

Un fantasma recorre Uruguay en estos tiempos de autodenominado “progresismo”: el fantasma de la corrección política. Con la aparente intención de trabajar por la inclusión, muchas veces se logra exactamente lo contrario.

El ejemplo más pavoroso de esta semana lo aportó el docente Pablo Romero en una carta publicada en La Diaria. Refiere que una profesora de liceo debió dar su hora de clase recibiendo insultos de un alumno, a quien pudo hacer salir del salón, pero no evitar que siguiera agraviándola desde afuera, asomando su cabeza al aula a través de una ventana rota. Cuando la docente contó que tanto ella como el resto del grupo debieron soportar estoicamente una hora de procacidades proferidas por el muchacho, el personal de dirección del liceo la felicitó por su heroísmo y le aclaró que este no sería expulsado ni suspendido, para no “lesionar sus derechos educativos”.

O sea que un inadaptado impide el normal desarrollo de un acto pedagógico, generando un estrés indecible, pero la conducción administrativa entiende que su derecho a hacerlo es más respetable que el de los demás a enseñar y aprender.

Lo mismo pasó el día en que trabajadores de Raincoop literalmente bloquearon el centro de Montevideo con sus unidades de transporte. Para la Intendencia, que permitió que ese desborde se extendiera durante toda la jornada, era más atendible el derecho de los piqueteros, que el de los ciudadanos a quienes se les impidió la libre circulación.

Y una reacción similar pude ver en un programa de televisión en que se debatió la inseguridad que enfrentan los médicos para ingresar a barrios donde campea la actividad delictiva. Tanto militantes sindicales como políticos oficialistas coincidieron en que proteger con guardia policial a esos profesionales sería negativo, porque “los policías no son bien recibidos en estos barrios”, debido a que “los estigmatizan”.

Son tres ejemplos y cada día aparece alguno nuevo. Este prejuicio no tiene que ver con una manera equivocada o inocente de razonar, sino que parte de una causa mucho más profunda. Es un reflejo ideológico, heredero de la confusión entre ejercicio de autoridad y autoritarismo. Años de retórica sesentista vacía nos condujeron a la realidad de hoy: incapacidad del sistema de enseñanza de separar al inadaptado y redirigirlo a un tratamiento psicológico, recelo ante el legítimo ejercicio de la fuerza por parte del estado para proteger a los ciudadanos honestos de patoteros y delincuentes.

La directora del centro educativo que se niega a expulsar al alumno violento, planta en ese muchacho la semilla de que el estado le concede la potestad de hacer lo que le venga en gana. Mañana reventará el parabrisas de un ómnibus con una tapa de cemento y lo incendiará, y como sociedad culposa trataremos de no enviar a la policía para no estigmatizarlo.

Esta inclusionitis, esta enfermedad infantil del izquierdismo, es un paradigma que no existía en el país y fue clara y contundentemente introducida por el Frente Amplio en los últimos años. Parte de un nefasto relativismo cultural, que supone que una canción popular que hace apología del consumo de drogas, el sexismo y la delincuencia, es una expresión válida, justificable por las desigualdades sociales. Del relativismo cultural pasamos rápidamente al moral: todo vale porque a todo lo convalida la injusticia. ¿Y si mejor empiezan de una vez a trabajar para combatirla?