Resulta habitual escuchar a políticos opositores quejarse de la hegemonía frenteamplista en Montevideo, de la incoherencia entre la baja performance de la actual intendenta en las encuestas de opinión (última entre los diecinueve jefes comunales, según Equipos) y la consolidación del oficialismo en la intención de voto.

Resulta habitual escuchar a políticos opositores quejarse de la hegemonía frenteamplista en Montevideo, de la incoherencia entre la baja performance de la actual intendenta en las encuestas de opinión (última entre los diecinueve jefes comunales, según Equipos) y la consolidación del oficialismo en la intención de voto.

Algunos lo lamentan como una especie de hado funesto, otros despotrican contra el montevideano medio y su aparente esquizofrenia.
Me permito incorporar una explicación que no suele abordarse: la del manejo del poder, ejercido por la coalición de izquierda en beneficio de sus intereses electorales.

Esta operación ha sido continua y desembozada. Quienes tenemos algunos años, no recordamos nada semejante en los tiempos en que gobernaron los blancos y colorados.

Un ejemplo de esto es la activa y costosa publicidad que se emite por los medios masivos, firmada y financiada por la Intendencia de Montevideo, en que se hace un autoelogio de la gestión actual. Hemos visto spots publicitarios que informan la cantidad de contenedores de residuos que han sido distribuidos, o el número de consultas a las policlínicas, todo ello firmado por la Intendencia con el eslogan “Montevideo más”. El tema es grave, porque los candidatos oficialistas se benefician de una acción publicitaria que estamos pagando con nuestros impuestos todos los montevideanos, incluso aquellos que no los votamos. Inversión cuantiosa que sin duda cae en el agujero negro del déficit de 150 millones de dólares que este gobierno le regalará a su sucesor. También conviene tener en cuenta que estos comerciales se exhiben sin problemas durante las tandas de los noticieros (que son los programas de mayor rating de la televisión abierta), oportunidad que está vedada a la publicidad de los partidos políticos. O sea que el autobombo frenteamplista acapara las tandas de mayor audiencia, con plata que pagamos también quienes infructuosamente intentamos cuestionarlo.

Pero esto no es todo. Empieza a hacerse habitual la increíble casualidad de que la DGI y el Ministerio de Trabajo investigan a personas o empresas que por distintas razones contravienen los intereses electorales del gobierno. En octubre cayeron sobre las encuestadoras de opinión, ahora sobre un candidato opositor que crece en las encuestas.

También llama la atención que los candidatos oficialistas se nieguen a debatir. Es bien sabido que en Colonia el favorito es el nacionalista Carlos Moreira, pero esto no impidió que concediera un debate al frenteamplista Darío Brugman en una emisora radial. En cambio, en Montevideo, Martínez ironiza contra las acusaciones de la oposición, diciendo que las va a responder en chino, pero no está dispuesto a enfrentarse cara a cara con sus candidatos para refutarlas en nuestro propio idioma.

Y por si todo esto fuera poco, un inspector municipal filmó a Pablo Mieres y difundió su más que compartible día de furia en las redes sociales, contribuyendo a la sensación de que los montevideanos, desde el más humilde ciudadano hasta un senador de la República, estamos expuestos a ser escrachados por la Intendencia en nuestros comportamientos privados.

Son todas formas, grandes o pequeñas, inocentes o insidiosas, de manejar el aparato del poder para neutralizar al que piensa distinto. Parece que este Uruguay no se detiene.