Álvaro Ahunchain
Álvaro Ahunchain

Derecho a afanar

Hace bien el periodista de El Observador Nicolás Tabárez en definirlo como “uno de los conflictos políticos más importantes de la cultura uruguaya actual”.

El FA tiró la pelota para febrero de 2020 y el proyecto de ley del senador Mieres, que extiende de 50 a 70 años el plazo de vigencia de los derechos de autor e intérprete, dependerá de que en el nuevo Parlamento, la coalición de izquierda no renueve su mayoría parlamentaria.

En dos columnas anteriores, pedí a los legisladores del FA, como ciudadano y como teatrista, que especificaran claramente por qué se niegan a votar a favor de este más que justo derecho al que deben acceder los escritores y músicos compatriotas. No respondió ninguno: no las habrán leído.

Esa insólita negativa es patrocinada (en todos los sentidos de la palabra) por Creative Commons, una fundación financiada por Google, el gigante tecnológico cuyo negocio consiste justamente en percibir ganancias por publicidad, divulgando contenidos literarios y musicales sin pagar derechos a sus autores.

En el momento en que Mieres elevó el proyecto de ley reparatoria como grave y urgente, en Montevideo Portal se publicó un comunicado de un colectivo llamado “Derecho a la Cultura”, que sostenía con tono apocalíptico que “el aumento de plazos devolvería al dominio privado miles de obras culturales que hoy se encuentran en dominio público, afectando el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento. Obras como las de Felisberto Hernández, Petrona Viera (…) o Juan José Morosoli se privatizarían y deberían ser borradas de Internet”.

Da risa, si no fuera tan patético, que este colectivo confunda el derecho de autor, que no es otra cosa que el único pago que por su obra recibe un creador o sus descendientes, con “privatización”. Una pueril manipulación retórica seudosocialista, para enmascarar el enojo que provoca a Google abonar unas monedas a Agadu.

En defensa del proyecto de ley se han alzado las voces de decenas de artistas y gestores culturales reconocidos. Por “Derecho a la Cultura” no habla nadie con nombre y apellido. Las únicas personas que han dado la cara en defensa de esta flagrante injusticia son la senadora Constanza Moreira (el resto de legisladores del FA maneja un bajo perfil, porque saben a lo que se exponen, pero igual no votan el proyecto), la presidenta de la (paradójica) Comisión de Derecho de Autor del MEC, Silvia Pérez Díaz y una representante de Creative Commons, Mariana Fossatti. Pérez Díaz dice que “hay estudios que demuestran que en nuestro país se escucha más música extranjera que nacional, por lo que el impacto del aumento del plazo se traducirá en dinero que se irá al extranjero y no en dinero que quede en nuestro país”. Fossatti declaró a Brecha que la Cámara Uruguaya del Disco (defensora del proyecto) “nuclea también a los representantes de las disqueras internacionales, que comienzan a perder sus recaudaciones por los trabajos de artistas extranjeros, incluyendo Beatles y Rolling Stones, y que también presionan para lograr el cambio”. Otra vez el discurso antiimperialista de boliche para justificar lo injustificable: qué importa que McCartney y Jagger pierdan unos vintenes, ¿no? Pero Pérez y Fossatti deberían explicar por qué proponen privar de su salario a Ruben Rada, Hugo Fattoruso y Los Olimareños.

De nuevo (y espero que por última vez): los legisladores del FA tienen la palabra.

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