Desde hace décadas venimos escuchando la misma advertencia de los economistas: las finanzas del país padecen la nefasta influencia del ciclo electoral. En el último año de cada gobierno se abren las canillas, se gasta más de lo que se puede, para crear en el electorado una sensación de prosperidad propulsora de intención de voto oficialista.

Desde hace décadas venimos escuchando la misma advertencia de los economistas: las finanzas del país padecen la nefasta influencia del ciclo electoral. En el último año de cada gobierno se abren las canillas, se gasta más de lo que se puede, para crear en el electorado una sensación de prosperidad propulsora de intención de voto oficialista.

Los expertos se quejan de que estos arranques de generosidad con fines electorales después se pagan irremediablemente en el primer año de las nuevas administraciones, con ajustes fiscales y recortes excesivos.

Y cuando hablamos de despilfarro nos referimos a gastos cuantiosos de dudosa eficiencia: publicidad institucional de empresas públicas monopólicas, patrocinio millonario de deportistas, autobombo televisivo de ministerios y servicios del estado en espacios pagos, y un etcétera tan largo como las ganas de algunos de repartir caramelos a los medios, a cuenta de futuras retribuciones de favores.

Ha habido ajustes de gobiernos debutantes que se explicaron por situaciones previas ajenas al electoralismo: una sequía complicada, la pérdida de competitividad por una devaluación en Brasil, una corrida bancaria regional que generó una crisis devastadora, y hasta la aprobación de una reforma jubilatoria impagable, que en 1989 todos criticaban entre cuatro paredes pero muy pocos se animaron a cuestionar en público.

Pero resulta más difícil explicar por qué tras una década de bonanza económica, el nuevo gobierno se encuentra con números preocupantes y opta por recortar drásticamente los gastos que ahora sí, cuando el agua llega al cuello, se reconocen como superfluos.

No parece existir en el país una conciencia clara del desmadre ético que implica la propaganda estatal con fines electorales. Las tandas de radio y televisión parecen haber naturalizado esta práctica, al punto que en las últimas campañas políticas de octubre y mayo, a nadie sorprendió el aluvión de mensajes de autobombo pagados con plata de todos los uruguayos, al servicio del oficialismo. Sorprendentemente, o no tanto, el vastísimo articulado de la Ley de Servicios Audiovisuales, que se mete en todos los temas de comunicación masiva, omite olímpicamente ponerle un freno a esta desviación de poder y uso inapropiado e intencionado de los dineros públicos. Cuando los periodistas preguntan a sus redactores por qué, la respuesta habitual siempre gira en torno a que el gobierno tiene derecho a informar sobre sus obras, como si la prensa en general se lo negara y tuviera que recurrir forzosamente a publicidad paga para hacerlo. Los más cínicos contraponen que “los partidos tradicionales hacían lo mismo”, con lo que supongo que no protestarán cuando blancos o colorados lo repitan, desde un eventual retorno al poder.

Esta lógica camisetera, que elude la ética y administra los recursos con la vieja viveza criolla, tiene que terminar. Y hay que legislar para que así sea.

No sabemos en qué cajón del Palacio se encuentra el proyecto del Partido Independiente que prohíbe la publicidad de empresas y organismos del estado en períodos electorales. Lo que sí sabemos es que el aplauso que hoy merecen el presidente y su ministro de Economía, por cerrar la canilla, debe ir de la mano al pedido a su fuerza política para que no vuelva a abrirla cuando le conviene. Es fácil ponerse austero hoy, cuando se llegó al poder en ancas de pasados despilfarros.