Alejandro Lafluf
Alejandro Lafluf

Sabremos cumplir

Una de las promesas más importantes que le hizo el Gobierno a la ciudadanía el año pasado fue la de restablecer la seguridad en todo el país. Nadie ignoraba -en especial las nuevas autoridades- que la situación no sería nada fácil de revertir.

La inseguridad campeaba a sus anchas por todo el Uruguay sumiéndolo en una situación de desamparo y orfandad como jamás se había visto.

A las rapiñas y hurtos, que ya no se contaban por miles sino por decenas de miles, había que sumarles el crecimiento espeluznante de los homicidios y la violencia del narcotráfico: un flagelo hasta entonces desconocido que encontraba ahora condiciones para instalarse y asolar el país con sus bandas de narcomenudeo, sus bocas de pasta base, sus ajustes de cuentas, sus “exportaciones”, Todo esto dibujaba un panorama desolador que la gente se limitaba a padecer atestiguando de forma impotente como sus barrios -otrora lugares de convivencia pacífica- eran ocupados y hasta repartidos por esta nueva lógica.

La falta de respuesta y la incapacidad de gestión completaban una situación incontestable y angustiante. Sin embargo había algo más. Algo más profundo que terminaba incluso por cancelar cualquier posibilidad de cambio o esperanza. Me refiero, claro está, a la ideología de la sospecha. Los sectores que lideraban el gobierno estaban convencidos de que la delincuencia que asolaba el país no era más que la consecuencia de un “sistema” que la causaba. La ideología de la sospecha invertía así las cosas colocando al delincuente como víctima de ese sistema y a la policía nacional como victimaria -al considerarla como un mero instrumento al servicio del mismo sistema que causaba el delito. Esta ideología dejaba en completo estado de indefensión a la ciudadanía y clausuraba cualquier esperanza de revertir las cosas.

Cuando las nuevas autoridades asumieron sabían que el restablecimiento de la seguridad en el país pasaba necesariamente por dos planos: uno simbólico y otro real. Los cambios en la gestión eran sin duda imprescindibles pero los cambios en el mensaje -a la ciudadanía, a la policía y a la delincuencia- lo eran aún más.

El mensaje no se hizo esperar. El nuevo Ministro, apenas asumir, le dijo al país de forma clara y contundente que la ley, en una democracia, es un instrumento al servicio de la ciudadanía y su único sentido es asegurar la libertad y prosperidad de la población. Que el delito constituía una violación a la ley y como tal no sería disculpado y sería perseguido dentro del marco de la Constitución. Que el Estado uruguayo es de todos. Y que la Policía Nacional es una fuerza al servicio de la ciudadanía, cuyo único propósito es protegerla frente al delito.

El mensaje resonó fuerte y claro en todos los rincones del país, anunciando un nuevo tiempo en materia de seguridad. Con las cosas claras, las nuevas autoridades pusieron manos a la obra. Era hora de cambiar la gestión. “Dar la cara, recuperar el territorio y generar resultados”, fue el lema que eligió el nuevo ministro Jorge Larrañaga para dar a conocer los tres ejes que guiarían esa transformación. El primero anunciaba que desde ahora la autoridad sería ejercida plenamente pero también que la responsabilidad frente a la ciudadanía sería asumida plenamente -sin excusas, ni cortapisas ni chivos expiatorios. El segundo eje apuntaba decididamente al corazón del problema y su objetivo era revertir la política de centralización del gobierno anterior. Una política que constituyó uno de los errores estratégicos más grandes de la anterior administración, al generar un vacío de autoridad que sentaría las bases del agravamiento de la inseguridad en todo el país.

El restablecimiento de la seguridad reclamaba la recuperación del territorio nacional. Pero esa “territorialización” necesitaba la implementación de una política de descentralización que revirtiera, precisamente, la centralización llevada a cabo durante años, que a la postre resultó nefasta, condenando a la ciudadanía al desamparo y creando las condiciones para que el delito avanzara.

Es precisamente esta descentralización -como idea fuerza- la que está a la base de los operativos y mega-operativos en todo el territorio nacional, del PADO bajo la dirección de los jefes de Policía, del despliegue de la Guardia Republicana en todo el país, de la reapertura de comisarías, seccionales y destacamentos en el interior -cerrados y disminuidos drásticamente por el FA-, de que las vacantes sean llenadas por personal del propio Departamento para garantizar cercanía y conocimiento, de la seguridad rural, del control desde el aire, de la instalación en Florida de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, del empoderamiento de las Comisarías y Subcomisarías en todo el país, devolviéndoles su protagonismo como actores fundamentales en el combate contra el delito, confiriéndole potestades para que puedan volver a investigar, reprimir y prevenir el delito.

Esta descentralización terminará siendo clave para cumplir con el tercer eje anunciado por Larrañaga, que pone énfasis en la eficacia de la gestión y demanda la obtención de resultados. Resultados que, apenas transcurridos seis meses de gestión, no han tardado en producirse y que son consecuencia directa de los cambios operados. En efecto el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio ha informado en estos días que entre marzo y agosto de este año bajaron los homicidios y las denuncias por rapiñas, hurtos y violencia doméstica respecto al mismo período del 2019. Así, las denuncias por hurtos han descendido respecto al año pasado (55.597 contra 68.589), también las rapiñas (13.524 vs. 15.137) y los homicidios (161 contra 181). Esta reducción ha sido continua, indicando una tendencia consistente a la baja.

“Nuestro compromiso será redoblar el esfuerzo” dijo el Ministro apenas se conocieron estos resultados. Estas palabras confirman una línea de acción y no hacen más que augurar que se seguirá recorriendo el mismo camino. Un camino hecho de compromiso y de trabajo y que terminará por devolverle a los uruguayos, la libertad y la convivencia pacífica que ha caracterizado desde siempre al Uruguay.

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