Para Aristóteles el hombre es un “animal político”. Posee una dimensión social básica, una necesidad esencial de vivir en comunidad. No solo para realizarse plenamente sino para vivir como hombre. 

Fuera de la comunidad, los hombres pierden su condición humana; se convierten -como decía Aristóteles- en bestias o dioses.

La lección es simple pero definitiva: si destruimos la comunidad nos destruimos a nosotros mismos. Cuidar de la “polis” es, por tanto, el primer mandato de la política, o mejor, la actividad política por excelencia. A tal punto lo es que “política” proviene de la palabra “polis”.

La degradación de la polis siempre ha sido consecuencia de la degradación de la política. Si queremos restaurar la polis tenemos que restaurar la política. Y la política -en un estado democrático- se restaura y se recupera siempre a través de la ley.

Ahora bien, si los griegos valoraban la comunidad (léase, sociedad) como un ámbito importante para la realización y la convivencia y como un aspecto prácticamente inescindible de la condición humana. ¿En qué momento semejante certeza fue puesta en entredicho?

Para hallar la respuesta tenemos que avanzar hasta la época moderna. Fue Rousseau el primero en cuestionar la sociedad. Para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza pero la sociedad lo corrompe. Marx se encargó de sellar este cuestionamiento al identificar “sociedad” con “sociedad burguesa”. La sociedad para Marx -por su condición capitalista- es necesariamente un lugar injusto y desigual constituido exclusivamente por opresores y oprimidos donde los primeros dominan y explotan a los segundos (lógica del Amo y el Esclavo).

En la idealización del estado de naturaleza y en la identificación de la sociedad civil como sociedad capitalista se encuentran, a mi juicio, las raíces de la inseguridad que padecemos. No solo por las consecuencias políticas y sociales de estos dos paradigmas sino porque la izquierda jamás ha dejado de creer en ellos.

La idealización del estado de naturaleza es complicada en materia de seguridad ¿Por qué? Porque en una democracia, si el Estado se retira, no rige la libertad, sino la barbarie.

Pongamos un ejemplo sencillo. Imaginemos una plaza pública. No es cierto que si el Estado se retira no pasa nada. Al contrario, si el Estado se retira, la plaza -que es de todos- deja de ser un lugar de esparcimiento y se convierte en un botín de la barbarie o del narcotráfico. El Estado debe estar presente para velar por la libertad, pero sobre todo, para garantizarla. Solo si el Estado cuida la plaza, ésta puede seguir siendo un bien público, puede seguir siendo de todos.

La lógica del Amo y el Esclavo también es complicada en materia de seguridad. Y lo es porque el diagnóstico marxista dice que ejercer la violencia, en una sociedad económicamente desigual e injusta, es legítimo. Inconscientemente se sigue creyendo en Rousseau “un esclavo que mata a su amo no peca contra la ley natural, ni contra el derecho de gentes”.

Al defender esta lógica la izquierda termina -sin proponérselo- disculpando y excusando (filosóficamente por lo menos) el delito en una sociedad (capitalista, por cierto, pero también) republicana, democrática y regida por un Estado de Derecho.

Si a esto le agregamos la ideología del poder -propia del neo-marxismo de los años 60 y 70- se completa un cuadro complicado. Para esta nueva izquierda la sociedad solo reproduce relaciones de poder (padres-hijos, profesores-alumnos, hombres-mujeres, médicos-pacientes, empresarios-trabajadores, policías-delincuentes, etc). Solo hay víctimas y victimarios. Es el mismo esquema de Marx pero más ampliado.

En este mundo, los victimarios son condenados de antemano y las víctimas son absueltas, incluso aunque apelen a la violencia. El victimario está condenado de antemano porque sin importar lo que haga se entenderá que estaba abusando, dominando o explotando a su víctima. La víctima está excusada porque sin importar lo que haga se entenderá que se estaba defendiendo.

En este esquema el delincuente es una víctima del sistema y sus represores (los policías) son los victimarios. Sus acciones están justificadas por la violencia estructural que el sistema descarga sobre él. Su condición de víctima le otorga impunidad frente a un policía concebido despectivamente como agente del orden (capitalista), un victimario por definición, que puede ser atacado, violentado o insultado.

Semejante ideología ambienta un mundo violento. Donde resulta imposible introducir la noción de responsabilidad personal. Lo voy a decir bien claro: en una democracia, es la ley la que define cómo son las cosas. Es mi conducta, conforme a la ley, la que determina mi responsabilidad y no mi status en alguna relación de poder, definida ideológicamente, la que me dice a priori, si soy una víctima o un victimario.

Con estos paradigmas es muy complicado abordar la seguridad. Al final, la realidad termina estallando en la cara de todos: la tasa de crímenes violentos aumenta, toneladas de droga entran y salen del país, delincuentes que se animan a atacar policías y a establecer “zonas liberadas”, menores que delinquen con total impunidad, hogares convertidos en bocas de pasta base y un triste y largo etcétera.

El proyecto de ley de urgente consideración que se conoció días atrás pretende revertir esta emergencia y enfrentar estos dos paradigmas recomponiendo la presencia del Estado (comisarías en todo el territorio, ejército en la frontera, centros de máxima seguridad, requisa aleatoria en caminería rural, tobilleras en salidas transitorias, servicio 222, ley de derribo, agente encubierto, etc) y reestableciendo el equilibrio (legitima defensa policial -relativa, no absoluta-, extensión del concepto de hogar, derogación de las ocupaciones, resistencia al arresto, obligación de identificarse, aumento de las penas para delitos graves, etc).

Por supuesto, reconstituir la Comunidad y desmontar todo este esquema ideológico y violento, llevará su tiempo. Será un camino largo y difícil. Pero tenemos que empezar. El gobierno electo ya lo ha hecho.