El chisporroteo sobre el supergás de estos días vuelve a mostrar un problema de la discusión pública de nuestro país. 

Hay temas que cuando se habla en privado casi todo el mundo acepta que, aunque no esté clara la solución, hay algo válido a discutir; pero en público gana la lógica de la tribuna y de la vaca sagrada.

En Uruguay pagamos el supergás bastante menos de lo que cuesta producirlo, y de lo que costaría importarlo. Es decir, el supergás está subsidiado en nuestro país. Eso es un dato, no es bueno ni malo. La pertinencia de un subsidio se explica por su objetivo, gestión y financiamiento del mismo.

Hay una parte de la discusión que es bastante simple si se la plantea con honestidad. No parece razonable que los más ricos (dejemos por hoy de lado qué significa esto) paguen la energía bien por debajo de su costo a cuenta de la sociedad toda. Esto es tan así que en diciembre de 2015 Tabaré Vázquez había realizado un planteo casi idéntico al que hizo Isaac Alfie los últimos días. El expresidente había dicho en una reunión con sus ministros y legisladores que se debía rediscutir el tema del supergás porque el subsidio no debía mantenerse “para quienes lo utilicen para calentar el agua de la piscina”. ¿Les suena?

Para sorpresa de nadie, el planteo de Alfie, que no anunciaban nada concreto, desató una furia de oportunismo político y noticias falsas. Todos los políticos que analizan seriamente el tema saben que ahí hay algo que hace ruido, y que aunque no hay una solución fácil ni obvia, se debería poder discutir el tema con otra profundidad y sinceridad.

Claro que entender que hay un problema está muy lejos de acordar una solución. Hay preguntas muy difíciles de contestar. ¿Hasta qué nivel de ingreso habría que subsidiar el supergás? ¿Cómo se discrimina el subsidio? ¿Se pasaría a un subsidio de la demanda? La solución es bien compleja técnica pero sobre todo políticamente. El supergás barato es un beneficio muy tangible de lo que disfruta la mayoría de las familias; cambiar esto es probablemente impopular aunque eso venga de la mano de una compensación monetaria que permita afrontar el costo.

Una aclaración, que una política beneficie a sectores de ingresos medios y altos no es necesariamente malo. La inversión en educación superior y en ciencia y tecnología por ejemplo es imprescindible, y en el corto plazo ese gasto es apropiado por estudiantes y profesionales de los quintiles más ricos mayormente.

El impacto sobre toda la sociedad de estas políticas las justifican sobradamente a pesar de sus efectos distributivos. Lo que sí es importante es discutir con transparencia y honestidad. ¿Quién se beneficia de cada política? ¿Cuánto de esta medida que suena tan linda realmente llega a los que la necesitan? ¿Cuánto costaría hacerlo de otra forma? Si de verdad lo que importa son los efectos de las políticas sobre las personas y no los meros instrumentos, no debería haber problema en discutir estas cosas con más honestidad.

Los subsidios no son buenos ni malos en sí mismos. Puede haber buenas razones económicas, políticas, sociales o ambientales que los justifiquen. Lo que debemos es ser mucho más transparentes y explícitos en lo que subsidiamos y las razones por las que lo hacemos. Más explicar razones y menos gritar para la tribuna.