Agustín Iturralde
Agustín Iturralde

Pereza universitaria

Proponen contraprestación a quien reciba ayuda de Fondo COVID” tituló una nota de este diario el pasado lunes. Sin saber más y, evidentemente sin leer la nota, muchas personas con maestrías y doctorados salieron a denigrar la propuesta por insensible e inmoral.

Es cierto que el titular no hacía justicia a la propuesta, pero con muy po-co esfuerzo se podía ver que no se trataba de “cobrar” los programas sociales que están en marcha.

A la hora de apoyar a la población vulnerable hay distintos instrumentos que pueden parecerse pero que tienen diferencias; mencionaremos tres que parecen generar confusión: las transferencias sin condiciones, las transferencias condicionadas y las políticas de empleo zafral.

Existe cierto consenso académico sobre que es mejor no pedir contraprestación cuando se apoya a personas de muy alta vulnerabilidad. Establecer condiciones podría excluir a muchos que realmente necesitan la ayuda. Este es el caso de la tarjeta Uruguay Social, de las que se benefician casi 400.000 personas. Se entrega a las personas más pobres de nuestro país sin pedir nada. Otro ejemplo son las canastas Tu app que tanta importancia tienen durante la pandemia.

Por otro lado tenemos las transferencias condicionadas que la literatura denomina CCT (Conditional Cash Transfers). Estas se popularizaron en muchos países en las últimas décadas, el “plan progresa” de México o el “bolsa familia” de Brasil son quizás las experiencias más masivas. La diferencia con la anterior es que sí hay algún tipo de condición para recibir el beneficio. En nuestro país es la situación de las asignaciones familiares. En este caso los hogares que no cumplan con la asistencia a la educación formal de los menores y los controles de salud (esto segundo nunca se controló), deberían dejar de recibir el beneficio. Se trata de un programa permanente del que se benefician hogares por debajo de cierto nivel de ingresos con menores de edad, 1 millón de personas aproximadamente. El objetivo es mejorar las condiciones de vida y crianza de los niños y jóvenes. En otras palabras, no se necesita ser pobre para recibir este beneficio.

En este tipo de programas la evidencia parece ser menos contundente sobre si es pertinente o no imponer condiciones. Existe literatura en ambos sentidos. Políticamente parece haber acuerdo en que es bueno atar los beneficios monetarios al cumplimiento de estándares educativos y sanitarios. En cualquier caso, nadie ha planteado seriamente imponer trabajo comunitario para recibir las asignaciones familiares o las tarjetas Mides.

La propuesta que se conoció en las últimas horas es bien distinta, aunque también cuenta con tradición en distintas tiendas políticas de nuestro país. Bastaba trascender el título para entenderlo. La idea de generar desde el estado empleos zafrales para atender una emergencia con altos niveles de desempleo. El “barrido otoñal” de la Intendencia de Montevideo o los “jornales solidarios” de la Intendencia de Maldonado.

En resumen, parece insó-lito que haya tanto revuelo por una propuesta que genera consenso en el fondo y en la oportunidad de la misma. Más aún que se la haya querido descalificar desde una posición académica sin siquiera abrir la nota que la explicaba.

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