Agustín Iturralde
Agustín Iturralde

Bagayeros

Una estimación conservadora calculó en 320 millones de dólares el gasto que hicieron los hogares, en los departamentos de frontera, en alimentos ingresados irregularmente al país durante el 2019.

Esto surge de un trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo que presentamos ayer en la tarde.

Parece claro que la política pública viene fracasando en el abordaje de un fenómeno relevante en la vida económica y social de muchos departamentos, el contrabando minorista cuyos protagonistas son conocidos como “bagayeros”. La ley marca una cosa que no se cumple ante la tolerancia del Estado, que a veces intenta algún tipo de represión. Estamos en un mal equilibrio, en donde la sanción o no del delito queda a discreción de la autoridad de turno.

Todos sabemos que se trata de un fenómeno muy relevante socioeconómicamente. Por un lado, el comercio formalmente establecido sufre una competencia desleal con graves perjuicios; además el propio Estado uruguayo ve mermada su recaudación.

Por otro lado es un generador de puestos de trabajo (informales) relevante, y permite que amplios sectores de los departamentos de frontera accedan a bienes de primera necesidad a menores precios.

Llegó la hora de buscar soluciones creativas que no consistan en la represión, pero tampoco es razonable que el Estado siga siendo omiso en su deber de legislar y hacer cumplir las normas. No existe desarrollo posible sin respeto de la ley.

Atacar el fondo del problema implica entender sus causas, que no son otras que diferenciales de precios muy difíciles de explicar entre nuestro país y los vecinos. El Índice de Precios de Frontera de la Universidad Católica de Salto recoge la diferencias de precios de una canasta de productos entre Salto y Concordia. Durante toda la serie relevada (que va desde 2015 a 2019) se registraron precios mayores en nuestro país; en 2019 (último dato disponible) dicha diferencia era de un 30%. Cuando el relevamiento incluyó una comparación de precios de la frontera brasileña la diferencia era aún mayor que en la argentina.

Lo más increíble es que según un estudio presentado ayer también por CPA Ferrere esas diferencias son más significativas en los bienes que se importan (prácticamente libres de aranceles) desde Brasil y Argentina que en los que se producen localmente. Sin duda hay algunos asuntos macroeconómicos para resolver, pero sobre todo parece un desafío micro. La regulación no está logrando una intensidad de la competencia que lleve el nivel de precios a la par de nuestros vecinos.

El impacto en el bienestar social de reducir el nivel de precios es muy significativo. Un cálculo incluido en el informe presentado por el CED estima que la pobreza, solo en los departamentos de frontera, se reduciría en 34.000 personas si accedieran a los mismos precios que nuestros vecinos. Al mismo tiempo el Estado uruguayo recaudaría unos 70 millones de dólares más (solo por IVA) si esos 320 millones de dólares fueran gastados en comercios legalmente establecidos.

No hay ninguna razón para aceptar el diferencial en algunos precios entre Uruguay y sus vecinos. Es menester trabajar en los costos del país y promover mayor competencia en los mercados. Mientras eso no suceda, los bagayeros seguirán ahí.

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