Es evidente la importancia del presupuesto quinquenal para un gobierno. Por eso, también es lógico que propios y extraños tuvieran tantas expectativas en lo que se iba a plantear. Pero en este caso, más allá de alguna sobreactuación, creo que no hubo sorpresas.

Las características generales del documento que llegó en la noche del lunes 31 de agosto al parlamento no tienen mayores novedades.

El presupuesto parte de un análisis del Presidente y la Ministra de Economía y Finanzas muy conocido. Estamos en una economía básicamente estancada desde 2015 donde el peso del sector público viene asfixiando al privado. La caída de la inversión y la destrucción de puestos de trabajo son puestas como la prueba de esto.

En el corto plazo se plantea un ahorro muy descentralizado. No hay un retiro del Estado de ningún lugar significativo. El mayor recorte es en gastos de funcionamiento. Cada jerarca tuvo que revisar su dependencia y encontrar en lo que podía gastar menos. Esto va a dar una mano en la baja del déficit en 2021 pero no es lo que mueve la aguja hacia 2024.

La idea básica para las finanzas públicas en el mediano y largo plazo es el mantenimiento del gasto público en términos reales a lo largo del quinquenio. De hecho la caída del salario real leve que experimentarán los funcionarios públicos en 2021 se verá revertida hacia 2024 según se plantea. El grueso de la mejora de las finanzas públicas estaría dado por el crecimiento económico. La apuesta es que el sector privado recupere su dinamismo y haga crecer la economía. Esto haría caer la presión fiscal y el déficit fiscal como porcentaje del PBI.

Quizás el punto más discutible de la propuesta es cuán optimistas son las proyecciones que allí se plantean. Desde nuestro punto de vista se trata de una visión ambiciosa pero posible. La caída del producto bruto interno en 2020 y recuperación en 2021 no está lejos de algunas proyecciones privadas. La duda que surge es sobre la realidad a partir de 2022, donde el gobierno proyecta un crecimiento superior al promedio histórico del país. Para poder concretar eso es necesario avanzar con decisión en la agenda de reformas económicas pro competitividad que hagan atractivo al Uruguay para la inversión.

Encarar en serio los problemas de inserción internacional que hace que nuestros exportadores tengan una desventaja sistemática con los competidores en los mercados internacionales sería una cosa extremadamente valiosa. Avanzar en revertir el déficit de infraestructura que hace inviables algunos negocios también sería muy importante. Ofrecer un mercado de factores más flexible y con menores costos de transacción también sería un gran aporte.

No creo que nadie honestamente se pueda sorprender con este presupuesto. Se trata de un intento de bajar el déficit fiscal sin subir impuestos; bajando el gasto pero sin retirar al Estado de lugares fundamentales. El planteo es ambicioso pero posible. Sería un enorme logro para el país consolidar su situación fiscal con un esfuerzo inicial importante pero sin grandes shocks gracias al empuje del crecimiento económico. Claro que eso no sucederá simplemente dejándonos llevar por la corriente, llegó el momento de encarar reformas fundamentales que aún están pendientes.