En nuestro país, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación ha sido desde siempre un funcionario relevante para la marcha del sistema judicial, pero a la vez un jurista prudente, discreto y alejado de los debates políticos. No es el caso del actual ocupante de ese cargo, el doctor Jorge Díaz, cuya excesiva exposición pública y la temeridad de algunas de sus afirmaciones resultan inquietantes.

En nuestro país, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación ha sido desde siempre un funcionario relevante para la marcha del sistema judicial, pero a la vez un jurista prudente, discreto y alejado de los debates políticos. No es el caso del actual ocupante de ese cargo, el doctor Jorge Díaz, cuya excesiva exposición pública y la temeridad de algunas de sus afirmaciones resultan inquietantes.

En sus últimas declaraciones a un medio de prensa, Díaz dijo que “las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes”, por lo que “es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es”. Especuló además con el tema de que “los ricos no van presos”, algo que podría sugerir que nuestro ordenamiento jurídico es clasista y que está flechado contra los pobres.

Conspicuos representantes del Frente Amplio sostienen ideas de esta naturaleza. La senadora Lucía Topolansky, por ejemplo, suele advertir que de la Constitución para abajo las normas vigentes defienden más el derecho de propiedad que la vida de las personas. Otros sostienen que todo el sistema legal uruguayo consagra el predominio de una clase social sobre otra. O de la burguesía sobre el proletariado para decirlo en lenguaje marxista.

Aunque es posible que el Fiscal de Corte no haya querido llegar tan lejos, sus palabras son arriesgadas y convendría que las aclarara. Tendrá ocasión de hacerlo ante una comisión de Diputados a pedido del colorado Ope Pasquet, inquieto por los dichos de Díaz. Para el diputado Pasquet no se legisla con criterio clasista. Lo que ocurre -dice- es que los delitos contra la propiedad como hurtos y rapiñas son más comunes que las estafas o lavados de activos. También son más frecuentes los hurtos que los homicidios sin que eso avale la teoría de que se cuida más la propiedad que la vida. Es verdad.

En estos arranques del titular de la Fiscalía tal vez influya que ese organismo dejó de ser una mera unidad ministerial para convertirse en un servicio descentralizado según la Ley 19.334 de 2015. Una ley que contiene una novedad muy discutida durante su proceso de elaboración que es la potestad otorgada al Fiscal de Corte para dictar “instrucciones generales de actuación” a los fiscales. Legisladores de oposición y el gremio de los fiscales objetaron en su momento esta prerrogativa temiendo que se le diera al Fiscal de Corte un poder excesivo. Aunque no está probado que así sea, las sucesivas irrupciones de Díaz ante la opinión pública indicarían que esos temores no eran tan infundados.

A estas alturas convendría recordar dos cosas. Una, que cuando contamos con el tercer Parlamento sucesivo con mayorías del Frente Amplio que han votado decenas de leyes (algunas de las cuales retocaron el Código Penal), decir que se legisla para los ricos es un agravio para los propios parlamentarios de izquierda. Otra, que el Fiscal de Corte, aparte de dictar esas “instrucciones generales de actuación” no puede vulnerar en ningún caso la independencia técnica de los fiscales.

Por último, que quede claro que la ley de 2015 no transformó al doctor Jorge Díaz en el ministro de Justicia de Uruguay.