En su afán por reescribir la historia reciente, el gobierno sigue plantando placas recordatorias de violaciones de los derechos humanos en el período 1968-1985, la última de las cuales se instaló en el Hospital Militar. Esa acción sistemática y machacona con las fechas consuma a la vez una falsedad y una injusticia.

En su afán por reescribir la historia reciente, el gobierno sigue plantando placas recordatorias de violaciones de los derechos humanos en el período 1968-1985, la última de las cuales se instaló en el Hospital Militar. Esa acción sistemática y machacona con las fechas consuma a la vez una falsedad y una injusticia.

La falsedad reside en la mención a 1968 como si la dictadura hubiera empezado ese año y no en 1973 con el golpe de Estado. El trabuque de las fechas integra un planificado intento por justificar los atentados tupamaros contra la democracia. Si en 1968 había dictadura, Sendic, Mujica y compañía quedan retratados como lo que no fueron: defensores de las instituciones democráticas.

Por más que los gobiernos del Frente Amplio intenten tergiversar la verdad los hechos cantan. Entre 1968 y 1973 Uruguay atravesó una fase turbulenta causada, entre otras razones, por la embestida de una guerrilla urbana inspirada por el castrismo. En ese lustro se aplicaron medidas prontas de seguridad, un estado de excepción que melló las libertades básicas, pero previsto en la Constitución. Su vigencia no es equiparable a una dictadura.

Además, en ese lapso que los colocadores de placas consideran dictatorial surgió un nuevo partido, el Frente Amplio, destinado a competir en las elecciones de 1971. Al mismo tiempo se confirmó el liderazgo de Wilson Ferreira, quien se convirtió en candidato presidencial censurando al gobierno desde el Senado. Hasta un escolar sabe que en dictadura esas cosas no pasan.

Por si fuera poco está la confesada decisión de los tupamaros de alzarse en armas contra la democracia, adoptada en 1962, y su primer golpe armado ejecutado en 1963, cuando en Uruguay regían las libertades esenciales. Si quisieran perfeccionar la distorsión de la historia las placas deberían retrotraerse hasta 1963, época del Consejo Nacional de Gobierno. Pero no se atreven a tanto por lo que la coartada solo sirve a medias.

A la falsedad de la maniobra con las fechas, se añade la injusticia que significa conceder reparaciones y darse a recordar sólo a las “víctimas del terrorismo de Estado” con olvido de las víctimas de la guerrilla tupamara. En 2007, con la firma de los ministros Astori, Tourné y Berrutti, el presidente Tabaré Vázquez remitió al Parlamento un proyecto de ley que beneficiaba también a los familiares directos de los 66 policías, militares y civiles asesinados por los tupamaros al tiempo que hacía lo propio con los familiares de los desaparecidos.

Aunque eso era lo justo, dos años después Vázquez envió un proyecto que se convertiría en ley en donde excluyó a las llamadas “víctimas de la sedición”. Fue un retroceso de Vázquez explicable solo por la presión del MLN y el MPP deseosos de retacear todo reconocimiento a los caídos en defensa de las instituciones o a civiles que fueron víctimas inocentes de sus atentados.

Por eso, entre las 14 placas colocadas este año en casas, cuarteles y hospitales, ninguna evoca la memoria del peón rural asesinado porque halló una “tatucera”. Ni la de los policías ultimados para robarles un arma, de los cuatro soldados baleados a mansalva o del inocente peatón muerto en el tiroteo de Pando. Para ellos no hay memoria histórica.

Una injusticia.