En su reciente mensaje a Tabaré Vázquez las cámaras empresariales denunciaron el “estadito paralelo”, esas decenas de empresas estatales regidas por el derecho privado que operan en tierra de nadie. Manejan activos de más de mil millones de dólares y dan pérdidas superiores a los 60 millones de dólares anuales. Carecen de controles efectivos y suelen estar dirigidas por personas sin mayor preparación. Inquietante.

En su reciente mensaje a Tabaré Vázquez las cámaras empresariales denunciaron el “estadito paralelo”, esas decenas de empresas estatales regidas por el derecho privado que operan en tierra de nadie. Manejan activos de más de mil millones de dólares y dan pérdidas superiores a los 60 millones de dólares anuales. Carecen de controles efectivos y suelen estar dirigidas por personas sin mayor preparación. Inquietante.

Tan inquietante que hace tiempo, al comenzar su mandato, José Mujica dijo que eran “una enfermedad” y aunque prometió limitarlas, tuvo tan poco éxito que aún sobreviven y engordan bajo el segundo gobierno de Vázquez. Lo llamativo es que los gobernantes del Frente Amplio, los estatistas a ultranza y enemigos de todas las privatizaciones, son quienes las multiplicaron para eludir al Estado y las normas de derecho público. Parece que lo privado les gusta.

El problema es que el desmadre en esa franja nebulosa de la actividad estatal lo pagan todos los ciudadanos como se comprobó en la investigación sobre Ancap, ente en torno al cual giran como planetas más de 20 empresas de este tipo, en su mayoría deficitarias.

Aún se recuerda en el Parlamento a un director del ente petrolero que declaró que ni siquiera sabía a qué se dedicaban algunas de esas subsidiarias.

Fracasado una década atrás el primer intento de Vázquez por reformar el Estado (“la madre de todas las reformas” ¿recuerdan?) los administradores de izquierda agrandaron el “estadito paralelo”.

Nuevas agencias, sociedades anónimas y hasta fideicomisos se poblaron de una nueva clase de empleados, en general nombrados a dedo, que ganan mejores sueldos y que no están limitados por las incompatibilidades de los funcionarios públicos. Una jauja a pesar de los esfuerzos de la Oficina de Planeamiento por ponerle coto a los excesos.

Hace años que las cámaras empresariales reclaman poner orden en esta franja gris y deficitaria de la administración, cosa que ahora repiten al proponer que estas empresas sean creadas por el Poder Ejecutivo con aprobación del Legislativo y el control habitual en el Estado. No puede ser que los entes autónomos decidan por su cuenta cómo y cuándo van a engendrar esas entidades colaterales. Las cámaras piden también que sus directores se elijan con “procedimientos técnicos y no políticos”. Un método elemental -expresamente previsto en todos los programas del Frente Amplio- que se utiliza poco.

De ese modo se desnaturalizó la idea que alentó la formación de estas empresas mixtas consistente en eludir el corsé de normas de derecho administrativo que puede ser asfixiante para ciertos emprendimientos comerciales. Pero lo que pudo ser un instrumento eficaz concluyó generando una constelación de sociedades burocráticas, ineficientes y, sobre todo, una tentación para practicar el más puro clientelismo. Así, la mayor agilidad y ejecutividad invocadas para su fundación no alcanzan para justificar su desmesurado crecimiento.

En suma, el Frente Amplio que tanto invocaba su condición de paladín antiprivatizador y que convirtió la privatización en mala palabra cuando estaba en la oposición, termina demostrando que le resulta muy grato gobernar por fuera del Estado que tanto dice defender.