Una frase de Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, desató la polémica sobre la cuota obligatoria de mujeres en cargos electivos. Los argumentos son típicos de todo debate sobre las acciones afirmativas, o sea las que buscan compensar situaciones de debilidad en el trato a ciertos grupos por razones de raza, sexo, religión, etc.

Una frase de Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, desató la polémica sobre la cuota obligatoria de mujeres en cargos electivos. Los argumentos son típicos de todo debate sobre las acciones afirmativas, o sea las que buscan compensar situaciones de debilidad en el trato a ciertos grupos por razones de raza, sexo, religión, etc.

Los partidarios de la cuota sostienen que solo la obligación legal, como la que rigió en las últimas elecciones uruguayas, puede equilibrar la situación de las mujeres. Sus adversarios creen que la cuota es lesiva pues las trata como si fueran seres inferiores olvidando que depende de ellas mismas la posibilidad de acceder a los cargos.

Vidalín dio a entender que quienes promueven la cuota son una minoría de mujeres (“un puñadito”), lo que levantó resonantes protestas. Aunque el intendente se disculpó, el revuelo sigue en las redes sociales para reclamar una nueva ley garantizando al menos un tercio de los cargos para las filas femeninas. Ese movimiento tiene la opinión pública a su favor como lo probó una encuesta de Cifra divulgada a fines de 2016 según la cual dos tercios de los uruguayos opinan que ellas deben ocupar más cargos políticos, en tanto que casi un 60% apoya que se voten acciones afirmativas en tal sentido.

El problema es que para aprobar una nueva ley se necesita el voto de dos tercios de legisladores pues se trata de normas electorales. No será fácil conseguirlos pues muchos opinan que ellas deben luchar a la par de los hombres sin ayuda de una muleta legal. Empero, hay que ver que aun con la cuota obligatoria que buscaba asegurarles un tercio de los cargos en 2014, el Parlamento uruguayo está integrado por apenas un 20% de mujeres, un porcentaje inferior al promedio mundial.

Los países nórdicos, líderes en casi todos los rankings de calidad de vida y pureza democrática, ostentan un 40% de mujeres en sus Parlamentos. En el otro extremo figuran los países islámicos, que no son precisamente un ejemplo de respeto a los derechos humanos, con un lamentable 8%.

Mal calificado en la materia, Uruguay sigue desmintiendo su propia historia de país pionero en el rubro de derechos civiles de las mujeres. Cíclicamente las organizaciones internacionales le llaman la atención a nuestro gobierno por la discriminación existente en función del género. A nuestros diplomáticos les cuesta explicar por qué.

La ley de cuota tan resistida en ciertos ámbitos políticos tiene a su favor un fuerte argumento práctico: allí donde se promulga esa ley la presencia de mujeres crece de manera automática como lo prueban ejemplos de países tan disímiles como Costa Rica, Bélgica o Taiwán. En ninguno de estos casos el número de legisladoras iguala al de los legisladores aunque su proporción es bastante más decorosa que la nuestra.

En pro de la ley de cuota parece innecesario recordar que la mitad del electorado es femenino y que hay en Uruguay más mujeres que hombres con título universitario, todo lo cual expone cuan injusta es la actual composición del Poder Legislativo. Por eso, a pesar de todos los argumentos en su contra, la ley de cuota es el único medio capaz de asegurarles en los hechos una equitativa representación en el Parlamento.