Acaba de lanzarse la campaña publicitaria de prevención del consumo de marihuana, que mandataba la ley respectiva.

Acaba de lanzarse la campaña publicitaria de prevención del consumo de marihuana, que mandataba la ley respectiva.

Y sorprendentemente, de los 55 segundos que dura el spot que se está difundiendo por televisión y redes sociales, solo en los primeros 25 se cumple con la exigencia jurídica, destinándose los 30 restantes a una mera argumentación política.

En la primera parte, mientras se ven los pies y el casco de alguien que pedalea, las manos de otro que toca la guitarra y una nuca que camina de espaldas a cámara, se escuchan voces que leen con escaso énfasis algunas verdades irrefutables, como que el consumo de can-nabis puede provocar enfermedades y problemas psicológicos. Pero de pronto la música cambia y quienes antes se escondían ahora nos hablan de frente. La locución adverbial “sin embargo” aparece mágicamente, poniendo en entredicho todo lo que se acaba de escuchar. No hay que ser un experto en semiótica para darse cuenta de que el Ircca y la Junta Nacional de Drogas hacen las advertencias de salud con una sutileza parecida al cumplimiento de un mero trámite formal, haciendo hincapié en cambio en la segunda parte, la que los voceros expresan mirando a cámara y poniendo todos los énfasis que ahorraron antes. “Sin embargo, regular su mercado significa decirle: no al narcotráfico, (etc.)”.

Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si los contribuyentes estamos pagando la producción y emisión de esta campaña para que el gobierno justifique por qué avanza en esta ley insólita que distribuye marihuana en farmacias. Como tal, preferiría que mis impuestos se destinaran solo a la primera parte del mensaje, y que se hablara fuerte y claro, sobre todo a los jóvenes, acerca de los perjuicios que ocasiona dicho consumo. Y no es solo mi voluntad personal de contribuyente la que está en juego: hay un mandato legal de publicitar en este sentido y no en el que finalmente se le dio.

Pero el gobierno lo pasa por alto e insiste con esa retórica propagandística de una ley que se sancionó gracias al piloto automático de la mayoría parlamentaria, pero con las encuestas de opinión pública resueltamente en contra.

Traducido al español, lo que dice el comercial es “fumar marihuana hace mal, sin embargo el Estado te la va a vender igual”. Lo que debería decir es que “el Estado está obligado a vender marihuana, pero no la compres ni la consumas, porque hace mal”.

En el colmo del disparate, los expresidentes de la Junta Nacional de Drogas Julio Calzada y Milton Romani anunciaron con orgullo que se registraron en el Correo, en apoyo a la iniciativa. Acá dejé de entender del todo. ¿Para qué está la JND? ¿Para prevenir el consumo o para promoverlo? Si voy al médico y me aconseja que no fume, porque el tabaco mata, ¿es lógico que me lo diga con un cigarrillo en la boca? Tal vez a esta altura esté haciendo falta una campaña firme y contundente de parte del Ministerio de Salud Pública, porque la Junta no está a la altura de su responsabilidad prevencionista.

Una última reflexión. Estaría bueno que alguien dividiera la inversión que hace el Estado en este gran dislate, entre el escaso millar de uruguayos que se están inscribiendo para fumar marihuana. Así podríamos comparar dos índices: lo que se destina a la educación de cada joven de contexto crítico, versus lo que se invierte en cada porrero. Sería una buena manera de entender las prioridades presupuestales del gobierno.