Esta tarde abre sus puertas la 39ª Feria Internacional del Libro, que organiza la Cámara Uruguaya del Libro en la Intendencia de Montevideo. Las editoriales de todo el país expondrán sus novedades, y habrá una extensa agenda de presentaciones de obras a cargo de destacados autores nacionales de todos los géneros.

Esta tarde abre sus puertas la 39ª Feria Internacional del Libro, que organiza la Cámara Uruguaya del Libro en la Intendencia de Montevideo. Las editoriales de todo el país expondrán sus novedades, y habrá una extensa agenda de presentaciones de obras a cargo de destacados autores nacionales de todos los géneros.

En esta edición, la organización ha entendido oportuno lanzar un eje temático expresado en el lema “Crear vale”. En tiempos en que intereses corporativos transnacionales empujan hacia una legislación que desprotege a los autores de sus derechos, parece esencial que todos quienes participan en la cadena de valor editorial (escritores, editores, libreros, correctores, diseñadores, ilustradores, impresores…) unan sus voces en la reivindicación de algo tan obvio como imprescindible.

Felizmente, a fines de mayo se llegó a un acuerdo que atenuó los efectos de la desafortunada “ley de la fotocopia”, que daba patente de corso a quien quisiera reproducir un libro en forma ilícita. Con las firmas de la FEUU, Agadu, la Cámara Uruguaya del Libro y la mediación del Pit-Cnt, se consiguió eliminar los artículos más delirantes de aquel proyecto, cuyos impulsores se hicieron famosos por tratar a escritores y editores de “terroristas lucrativos”. Sin embargo, es notorio que la gente de Creative Commons -una fundación financiada por Google, entre otros gigantes de la reproducción global de contenidos- sigue empeñada en convertir a Uruguay en experiencia piloto de su sueño de compartir música, cine y literatura sin pagar derechos (pero cobrando para sí las generosas pautas publicitarias que comercializan sus portales de internet).

Su línea argumental es atractiva para ciertos progres bienintencionados, que compran la falsa oposición entre el derecho de acceso a la cultura y el del autor de cobrar por su creación. Y tiene su caja de resonancia en nuevas generaciones mal acostumbradas a la gratuidad de estos bienes, que prácticamente nacieron bajando películas y canciones gratis, pero a quienes no se les ocurriría entrar a una tienda y llevarse un pantalón sin pagarlo.

Es comprensible que el dios Google defienda sus intereses comerciales y disculpable que haya gente joven que no entienda el carácter sagrado del derecho de autor como salario del creador. Lo verdaderamente grave es que existan legisladores oficialistas defendiendo estas ideas alegremente, sin darse cuenta de que con ellas ponen una bomba debajo de la mesa de empresas y personas uruguayas que viven de la producción intelectual. Esta es una de las tantas señales erráticas e improvisadas que está dando el gobierno en materia de política cultural. Sancionar una ley que convierta potencialmente en gratuito el producto de un escritor o músico uruguayo -más allá de su obvia inconstitucionalidad- es castigar voluntaria y despiadadamente justo a quien más aporta a la identidad nacional, y remar a contracorriente de la inserción del país en la sociedad global del conocimiento.

¿Quién puede oponerse al más vasto y fácil acceso popular a los bienes culturales? Nadie. Lo que sí está en discusión es a quién le toca pagarlo. En la doctrina de pensamiento mágico que nos gobierna, los almuerzos gratis existen. Pero los terminan cargando a cuenta de las magras economías de escritores y músicos. Para cumplir esa misión democratizadora del conocimiento hay algo que se llama Estado, ¿se acuerdan?