Si bien existe normativa específica, todavía es novedosa y el mecanismo debe aceitarse. A veces la ayuda tarda más de lo que se querría y en algunos casos se pierde de vista a las víctimas.
No pasaron 48 horas entre que el presidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional por violencia de género y el primer intento de femicidio del año.
El agresor fue imputado por homicidio muy especialmente agravado, por femicidio en grado de tentativa (entre otros delitos).
En uno de los casos, un hombre tiró a una mujer de un balcón ubicado en un segundo piso. En el otro episodio el agresor disparó varias veces un arma en presencia de su pareja y menores.
El prosecretario de Presidencia respondió al presidente electo quien había dicho que en la declaración de emergencia sobre violencia de género promovida por Vázquez no hay acciones concretas.
En el penúltimo día del año, el presidente declaró el “estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género” y firmó el decreto que designa a seis nuevos generales del Ejército.
El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, indicó que “se venía trabajando en un plan y analizando la declaración desde antes de los lamentables femicidios de estos días”.
La futura vicepresidenta remarcó a El País que se debe trabajar en un nuevo “protocolo interno funcional” que se elabore “al más alto nivel” con especial “fortaleza” y claridad en los conceptos.
El 76,7% de las mujeres respondieron que fueron víctimas de violencia de género en algún momento de su vida. En tanto, el 23,4% dijo que no vivió una situación de este tipo.
