Publicidad

TISA

SEGUIR Ignacio Munyo Introduzca el texto aquí Hace un par de semanas la Cámara de Diputados de Chile aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay. Para hacer lo mismo, nosotros tenemos que esperar a que hoy lo autorice el plenario del Frente Amplio, a pesar de que existen sobrados votos para aprobarlo en el Parlamento Nacional. El TLC con Chile es una señal en la dirección correcta. Sin embargo, si no viene acompañado a continuación por una serie de TLC con países demandantes de nuestros productos (China, Corea del Sur, Reino Unido, e incluso EE.UU.), podría generar más costos que beneficios. Con Chile ya tenemos libre comercio de bienes que, dicho sea de paso, no es demasiado: menos del 2% del total de nuestras exportaciones. Se espera que las mejoras de normas técnicas y sanitarias previstas hagan más ágil el ingreso de nuestros productos a Chile. En el mejor de los casos, el TLC con Chile tiene el potencial atractivo de permitir a nuestras empresas insertarse como proveedoras de productos finales chilenos que se colocan en el resto del mundo al amparo de sus múltiples acuerdos comerciales. Chile tiene acceso preferencial a más del 70% del comercio global, nosotros al 7%. No hay duda de que el TLC con Chile fue un buen ejercicio para nuestra cancillería, que no negociaba un acuerdo comercial desde 2004. El TLC incluye algunos capítulos que hoy ya son parte del idioma moderno de la inserción internacional, que va mucho más allá del intercambio de mercaderías. Entre estos nuevos capítulos —no todos presentes en este TLC con Chile pero inevitables si queremos seguir avanzando en esta línea— los que en todos lados generan mayor controversia son la regulación de los servicios, las compras públicas y las patentes. Entre los opositores a los TLC, desvela el hecho que se desregulen mercados internos considerados críticos en la "estrategia de desarrollo" que creen más adecuada para el país. Como todo lo que no se excluye de forma explícita queda sujeto a las obligaciones del TLC, el Estado pierde el control de los avances tecnológicos. En particular, preocupa no poder regular los mercados que se desarrollarán en el futuro. Argumentos similares se escuchaban para justificar la bajada de Uruguay de las negociaciones del TISA, el acuerdo multilateral de servicios del que nos retiramos en 2015. El documento oficial del Frente Amplio sobre acuerdos comerciales exige dejar afuera de toda negociación las áreas en las que operan las empresas públicas: agua, energía, telecomunicaciones y servicios financieros. Sin embargo, hacer lo que sea necesario para asegurar el monopolio de las empresas públicas no es la única visión admisible para fortalecer las empresas públicas, ni mucho menos como "estrategia de desarrollo". Por lo menos debería ser discutible. Entre los contrarios a los TLC también desvela la exigencia del trato no discriminatorio a los proveedores externos en las compras públicas. Tenemos un reciente hecho político que ayuda a entender esta preocupación. Casi al mismo tiempo que ingresó el TLC con Chile al Parlamento, un grupo de legisladores del Frente Amplio presentó —y presionó para que tenga un rápido tratamiento— un proyecto de ley destinado a la promoción de las empresas autogestionadas a través de las compras públicas. Entre sus artículos se establece que las "empresas de economía social y solidaria" tendrán una reserva de mercado de al menos 30% y un margen de preferencia de hasta 20% por sobre el resto de las ofertas, para todas las compras del Estado. Esta crítica al TLC más que una preocupación podría ser una ventaja si logra limitar la capacidad creativa de políticas públicas, que podrán tener buenas intenciones pero que terminan siendo contraproducentes para la enorme mayoría de los uruguayos. Cálculos del propio gobierno indican que si se aprobara este proyecto de ley los costos de las compras del Estado podrían subir significativamente. La Udelar aconsejó modificar el proyecto para impe-dir que el Estado se vea obligado a pagar un precio más alto o a comprar algo de calidad inferior. Finalmente, un punto de gran preocupación entre los contrarios a los TLC viene por el lado de las patentes. En particular, la inquietud se centra en la industria farmacéutica y el uso de los genéricos. Un genérico es una copia del producto patentado —tiene similar formulación, concentración de droga y efecto terapéutico— pero producido a nivel nacional o importado sin hacer uso del monopolio legal asociado a la patente. Los genéricos representan el 90% del consumo de productos farmacéuticos en Uruguay y su costo es sensiblemente menor al de los originales patentados. El TLC con Chile establece que se deberán hacer los mejores esfuerzos para adherir al Tratado de Cooperación de Patentes. Sepamos que la no adhesión a este tratado hace posible usar genéricos en Uruguay. La industria farmacéutica explica el 5% del total del producto industrial del país y genera alrededor de 6 mil puestos de trabajo. Aquí no hay ambigüedades. El sector sería fuertemente golpeado con un costo no menor para el país. Más allá de este TLC puntual, el país necesita urgente mejorar su inserción internacional. No hay duda. En un reciente estudio del Centro de Economía del IEEM-UM presentamos evidencia contundente. El 80% de los países que escalaron posiciones relativas en desarrollo humano en los últimos 20 años lo hicieron abriendo la economía con menores tarifas al comercio exterior. La lógica proteccionista tradicional tiene cada vez menos cabida. Es cierto que hay muchos empleados en sectores industriales protegidos por tarifas a las importaciones, pero la realidad indica que la gran mayoría de estas posiciones, tal cual están hoy concebidas, tenderán a desaparecer en el mediano plazo porque con el avance tecnológico ya no va a ser necesaria una persona para cumplir con esa tarea. Tengamos claro que esta problemática que, sin duda hay que atender, ya está por fuerade la protección comercial. El TLC con Chile es un acuerdo moderno que incluye capítulos no antes negociados por nuestro país. Sin embargo, asumir los compromisos de un TLC sin generar más oportunidades comerciales no es un buen negocio. Pero son inevitables. Es por ello que debemos darnos un debate amplio y en todos los foros. Solo luego de haber pasado por ello se podrán dar los pasos necesarios en inserción internacional sin el riesgo de tener que dar marcha atrás. Si hoy en el plenario del Frente Amplio se avanza en este sentido, bienvenido sea.
SEGUIR Washington Beltrán Introduzca el texto aquí Cuando Tabaré Vázquez asumió su segunda presidencia había fundadas expectativas de que la tónica de su primer mandato se iba a repetir y que alinearía en el gobierno a todo el Frente Amplio. En contraste con la gestión de Mujica, plena de desorden, a los tumbos y con un doble manejo de la economía del país, Vázquez ofrecía una imagen de autoridad, responsabilidad y experiencia, fundamentales a la hora de marcar el rumbo. Han pasado tres años desde que recibió la banda presidencial y aún quedan dos. O tal vez uno, porque el próximo es año electoral y las prioridades van a estar centradas en la campaña. Lo cierto es que poco o muy poco puede rescatarse de este período y, para peor, la sensación de que el gobierno está agotado se ha transformado prácticamente en una certeza. Las escasas iniciativas que se plantearon tuvieron además corta vida: su propio partido, el Frente Amplio con su mayoría parlamentaria se encargó de torpedearlas, ya sea por la vía expresa del rechazo, ya sea por el camino de ignorarlas hasta sepultarlas. Aquella advertencia de febrero del 2015 del todavía presidente Mujica al futuro Director de la OPP, Álvaro García ("Hasta el 1° de marzo el presidente soy yo y después del 1° de marzo tengo 30 legisladores"), fue una dura realidad para el tándem Vázquez-Astori. Veamos algunos ejemplos: — El famoso cambio del ADN de la educación murió al amanecer. Apenas asumió Vázquez debió enfrentar uno de los habituales conflictos con los gremios de la enseñanza. Apostó fuerte y declaró la esencialidad. El Pit-Cnt se volcó a respaldar a los gremios docentes y atrás de él desfiló el FA. Pocas horas después se levantó la esencialidad y el ADN de la educación siguió siendo el mismo espanto. — El presidente Vázquez y los ministros de Economía y Relaciones Exteriores impulsaron la incorporación del Uruguay al TISA, ese acuerdo promovido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la liberalización de los servicios, que en principio gozaba del apoyo de Mujica. Por 117 votos a 22 el Plenario del FA rechazó la iniciativa y el presidente Vázquez debió comunicar que el país se retiraba de las negociaciones. — Vázquez intentó modificar el Fondes y limitarlo a impulsar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que presentaran proyectos "sostenibles económica y financieramente". Mujica y el Pit-Cnt rechazaron los cambios y el gobierno de Vázquez asistió a Alas-U con 15 millones de dólares para un proyecto inviable que desapareció en seis meses como todo el mundo preveía. — Se quiso suspender las obras del Antel Arena y postergar la reglamentación de la ley de la ma-rihuana. Volvió a perder. — El gobierno negoció y acordó con su par chileno un Tratado de Libre Comercio. Astori dijo que "Uruguay no tiene otro camino que la apertura al mundo y en tiempos de dificultades más apertura todavía". El Partido Nacional ofreció los votos "porque eso le hace muy bien al país". Ni el Presidente ni el FA en el Parlamento le aceptaron la propuesta. Optaron por encarpetar el Tratado y acostarlo a dormir. Sigue en esa. Con papelón de Uruguay incluido y con un mensaje al mundo: no negocie con Uruguay porque el Presidente no tiene fuerza ni en su partido. — Para colmo, el legado de la presidencia de Mujica empezó a mostrarse en su esplendor. Hubo que salir a apagar el incendio de Ancap con sus números en situación de quiebra, la economía del país maltrecha y un grave desequilibrio fiscal para bancar el clientelismo que no logra reducirse a pesar del tsunami de impuestos y tarifas públicas. — Se desatendió al Uruguay productivo y la exasperante pasividad presidencial postergó reuniones solicitadas por las gremiales agropecuarias. Tampoco hizo caso del entonces ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, y cuando se dio cuenta era tarde: los productores rurales en forma espontánea salieron a las carreteras para expresar su disconformidad con el gobierno. Explotó la bronca del campo y surgió el movimiento de los autoconvocados. Al estilo bombero se salió a parar el incendio y empezaron a aparecer medidas paliativas de la crisis del agro. Se recurrió al sistema del parche en lugar de estudiar y planificar nada menos que la situación y el futuro del sector productivo del país. Con el bronce y la historia asegurados por haber ingresado al exclusivo grupo de los dos veces presidente, Vázquez parece aburrido de tener que lidiar con su propia fuerza política y solo espera que su legado incluya la segunda planta de UPM. Más allá de si se concreta o no, o si Uruguay puede cumplir con todas las exigencias que se le plantean, lo cierto es que se abrió un horizonte —lejano— de expectativas favorables y con eso se conformó. Su mandato recién termina el 1° de marzo de 2020. Hasta entonces Uruguay.
La semana pasada, Argentina y el Reino Unido anunciaron la intención de profundizar sus relaciones políticas y comerciales. Se adelantó que existiría voluntad de reanudar los vuelos desde Argentina hacia las islas Malvinas y de avanzar en asuntos relacionados con la prospección petrolera. Estos cambios, de materializarse, tendrán impacto importante en la economía argentina y en el futuro de la región. La semana pasada, Argentina y el Reino Unido anunciaron la intención de profundizar sus relaciones políticas y comerciales. Se adelantó que existiría voluntad de reanudar los vuelos desde Argentina hacia las islas Malvinas y de avanzar en asuntos relacionados con la prospección petrolera. Estos cambios, de materializarse, tendrán impacto importante en la economía argentina y en el futuro de la región. La noticia por supuesto nos alegra mucho, pero nos lleva a reflexionar nuevamente sobre los graves errores que nuestro país comete en su política internacional. Durante muchos años, Uruguay se privó de los ingresos derivados de la atención de la flota pesquera con bandera de las Malvinas. Se habló, en aquel momento, de que se estarían perdiendo entre 200 y 300 millones de dólares anuales por no atender a la flota gallega que operaba con la bandera de las islas. En la misma línea, nuestro país se niega a aprovisionar de combustible a buques y aeronaves militares inglesas con aquel destino. Este disparatado manejo de las relaciones internacionales termina a la larga perjudicando los intereses de los uruguayos. Argentina y el Reino Unido profundizan sus relaciones económicas mientras que la obsecuencia uruguaya le quita oportunidades de trabajar a los uruguayos.
Días atrás, cuando se discutía la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, tuvo lugar un episodio que es objeto de acalorados comentarios hasta hoy. Días atrás, cuando se discutía la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, tuvo lugar un episodio que es objeto de acalorados comentarios hasta hoy. El Poder Ejecutivo no tuvo más remedio que -en virtud de previsiones equivocadas- recortar algunas asignaciones presupuestales, entre ellas las destinadas a la enseñanza. Varios sectores del Frente Amplio no estuvieron de acuerdo con eso y diseñaron quitas en otros lugares para compensar los recortes a la enseñanza. En medio del fervor hacia la preservación de lo recursos para la enseñanza apareció una propuesta de la Diputada Macarena Gelman en el sentido de derogar lo que las empresas pueden deducir de sus impuestos para ayudar a las universidades privadas. El economista Isaac Alfie demostró (Supl. Econ. El País 22-8-16) que “las donaciones a universidades privadas representan el 0.009% del total de erogaciones del gobierno central… y el total de las donaciones bajo el régimen… no alcanza el 30 por 100. mil”. Es decir que, en cuanto a ayuda para compensar los recortes del Ejecutivo, la propuesta es invisible, es nada.
El período de prosperidad —tan desperdiciado— que atravesó nuestro país se debió al notable aumento de las exportaciones. Un reciente informe del Banco Mundial concluye que el "crecimiento sostenido, fuerte e inclusivo" de nuestro país en la última década se debió a que "Uruguay es una economía pequeña y abierta". Agrega que, siendo una economía de esas características, "el crecimiento de Uruguay se debe, entre otras cosas, al nivel y calidad de su integración en los mercados mundiales". Esa apertura aporta oportunidades y trae consigo riesgos. El estudio observa que la dependencia de exportaciones de productos básicos hace que nuestro país sea "particularmente sensible a las condiciones de la economía mundial". Y agrega: "además de estas típicas perturbaciones externas a las que se enfrentan las economías pequeñas y abiertas, Uruguay está sujeto a una serie de impactos idiosincráticos adicionales, provenientes de sus vecinos, Brasil y en especial Argentina, ambos con economías de mucho mayores dimensiones". En conclusión, nuestro país necesita exportar para poder llevar a la práctica los términos del contrato social implícito que, por décadas, ha orientado a nuestra sociedad. Sin embargo, esa política (que tan buenos resultados ha dado hasta ahora) apareja dos debilidades: primero, exportamos productos básicos y, segundo, somos demasiado dependientes de nuestros vecinos. La forma de remediar esas desventajas es exportar productos con mayor valor agregado y depender lo menos posible de nuestros vecinos. La mejor forma de no depender demasiado de ninguna contraparte comercial es abrir la mayor cantidad posible de mercados. Algo que otros países en una condición similar a la nuestra han entendido muy bien. Así, Chile tiene acuerdos de libre comercio con más de dieciséis países, gobernados por la más variopinta ideología: Australia, Canadá, China, Colombia, Corea, Centro América, EFTA, Estados Unidos, Hong Kong, Malasia, México, Panamá, Perú, Tailandia, Turquía y Vietnam. A ello se suma que Chile suscribió el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Este acuerdo incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Otro ejemplo es el caso de Nueva Zelanda, que acaba de concluir un acuerdo de libre comercio con China. Este acuerdo asegurará una ventaja fundamental a los exportadores de productos lácteos neozelandeses, en comparación con los uruguayos. ¿Por qué es que Chile o Nueva Zelanda avanzan en el proceso de tejer esa red de acuerdos de comercio y nosotros no? ¿Cuál es el misterio? Una primera respuesta a esa pregunta podría ser asignarle la responsabilidad a nuestra participación en el Mercosur y a nuestros socios. Pero, sucesivos gobiernos uruguayos han permitido, o incluso han puesto el hombro con entusiasmo (como lo demuestra el escándalo de la admisión de Venezuela al Tratado de Asunción), para convertir un acuerdo económico en una lamentable e intrascendente tribuna política fuerte en tercermundismo trasnochado, pero muy débil en realizaciones concretas. El problema es que la formulación de nuestra política exterior está dominada, en forma directa o indirecta, por una minoría que sobrepone o confunde sus fantasías ideológicas con el interés nacional. Las negociaciones por el TISA son la demostración más palpable de esa realidad. El gobierno resolvió —en un gesto inédito y humillante— abandonar las negociaciones para el TISA para no tener problemas con el sector más obtuso y obcecado de su partido, antes de que hubiese un documento final. Es importante distinguir entre resolver, al terminar las negociaciones, no suscribir un tratado; y marginarse de las conversaciones previas. El mundo no se muere de ganas de tenernos como socios. Es necesario saber aprovechar todas las oportunidades de interactuar y crear vínculos con los demás países. En estas circunstancias son reconfortantes las declaraciones de la nueva ministro de Relaciones Exteriores argentina (Susana Malcorra) quien opinó que "habrá que hablar de las relaciones exteriores como políticas de Estado, desideologizando lo que se hace". La ministro agregó que todas las plataformas que existen —regionales, globales— se van a usar para defender el interés de su país. Ideas sensatas que también deberían inspirar a la política exterior uruguaya. Quizás comienzan a soplar nuevos vientos en el Mercosur.EDITORIAL
Las relaciones internacionales de un país -sobre todo si se trata de un país pequeño como el nuestro- son sumamente importantes. Aun así los asuntos internacionales no tienen un lugar de preferencia en las preocupaciones del ciudadano común. Cuando esa lejanía se da en las filas de los gobernantes la cosa pasa a ser grave.
Luego de más de cinco años de negociaciones para limar asperezas en temas siempre delicados como las cuotas agrícolas, las leyes de propiedad intelectual y los plazos de patentes farmacéuticas, se acaba de firmar en Auckland el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés). De ahora en más, EE.UU., Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México, Chile, Perú, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei -economías que representan el 40% de la producción mundial- deberán iniciar los procesos internos para ratificar el acuerdo, en un plazo no mayor a dos años. Luego de más de cinco años de negociaciones para limar asperezas en temas siempre delicados como las cuotas agrícolas, las leyes de propiedad intelectual y los plazos de patentes farmacéuticas, se acaba de firmar en Auckland el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés). De ahora en más, EE.UU., Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México, Chile, Perú, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei -economías que representan el 40% de la producción mundial- deberán iniciar los procesos internos para ratificar el acuerdo, en un plazo no mayor a dos años. Se dice que con el TPP los doce socios serían como una gran fábrica porque permite la “acumulación de origen”. Lo que se produce en alguno de sus miembros y es exportado a otro será considerado como si fuera producido en el segundo. En otras palabras, el acuerdo permitiría a países productores de insumos -que muchas veces son servicios- beneficiarse de los tratados de libre comercio ya firmados por el resto de los socios.
Se sabe que salvo en sus inicios, a fines del siglo XIX, cuando la izquierda manifestó su apoyo al libre cambio, su práctica posterior supuso una cerrada oposición al mismo, así como una condena a ciertos usos del relacionamiento comercial entre naciones visualizadas como imperialistas. Se sabe que salvo en sus inicios, a fines del siglo XIX, cuando la izquierda manifestó su apoyo al libre cambio, su práctica posterior supuso una cerrada oposición al mismo, así como una condena a ciertos usos del relacionamiento comercial entre naciones visualizadas como imperialistas. Una posición crítica rodeada de un vasto aparato teórico (las doctrinas sobre el imperialismo), que se mantiene lozana hasta el momento y sobre la que urge reflexionar en tanto dificulta la indispensable apertura comercial del país. Con la previa aclaración que no todos los anti- imperialismos pertenecen a la izquierda, en tanto para algunos alcanza con sentirse nacionalista para adherir en mayor o menor grado a los mismos.
El período de prosperidad —tan desperdiciado— que atravesó nuestro país se debió al notable aumento de las exportaciones. Un reciente informe del Banco Mundial concluye que el "crecimiento sostenido, fuerte e inclusivo" de nuestro país en la última década se debió a que "Uruguay es una economía pequeña y abierta". Agrega que, siendo una economía de esas características, "el crecimiento de Uruguay se debe, entre otras cosas, al nivel y calidad de su integración en los mercados mundiales". Esa apertura aporta oportunidades y trae consigo riesgos. El estudio observa que la dependencia de exportaciones de productos básicos hace que nuestro país sea "particularmente sensible a las condiciones de la economía mundial". Y sostiene que "además de estas típicas perturbaciones externas a las que se enfrentan las economías pequeñas y abiertas, Uruguay está sujeto a una serie de impactos idiosincráticos adicionales, provenientes de la fuerte influencia de sus vecinos, Brasil y en especial Argentina, ambos con economías de mucho mayores dimensiones". En conclusión, nuestro país necesita exportar para poder llevar a la práctica los términos del contrato social implícito que, por décadas, ha orientado a nuestra sociedad. Sin embargo, esa política (que tan buenos resultados ha dado hasta ahora) apareja dos debilidades: primero, exportamos productos básicos y, segundo, somos demasiado dependientes de nuestros vecinos. La forma de remediar esas desventajas es exportar productos con mayor valor agregado y depender lo menos posible de nuestros vecinos. La mejor forma de no depender demasiado de ninguna contraparte comercial es abrir la mayor cantidad posible de mercados. Algo que otros países en una condición similar a la nuestra han entendido muy bien y lo han llevado a la práctica de manera exitosa. Así, Chile tiene acuerdos de libre comercio con más de dieciséis países: Australia, Canadá, China, Colombia, Corea, Centroamérica, EFTA, Estados Unidos, Hong Kong, Malasia, México, Panamá, Perú, Tailandia, Turquía y Vietnam. A ello se suma que Chile suscribió el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Este acuerdo incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Otro ejemplo es el caso de Nueva Zelanda, que acaba de concluir un acuerdo de libre comercio con China. Integrar este bloque asegurará una ventaja fundamental a los exportadores de productos lácteos neozelandeses, en comparación con los uruguayos. ¿Por qué es que Chile o Nueva Zelanda avanzan en el proceso de tejer esa red de acuerdos de comercio y nosotros no? ¿Cuál es el misterio? Una primera respuesta a esa pregunta podría ser asignarle la responsabilidad a nuestra participación en el Mercosur y a nuestros socios. Pero, sucesivos gobiernos uruguayos han permitido, o incluso han puesto el hombro con entusiasmo (como lo demuestra el escándalo de la admisión de Venezuela al Tratado de Asunción), para convertir un acuerdo económico en una lamentable e intrascendente tribuna política fuerte en tercermundismo trasnochado, pero muy débil en realizaciones concretas. El problema es que la formulación de nuestra política exterior está dominada, en forma directa o indirecta, por una minoría obtusa que sobrepone sus fantasías ideológicas al interés nacional. Las negociaciones por el TISA son la demostración más palpable y rotunda de esa realidad. El gobierno resolvió —en un gesto inédito y humillante— abandonar las negociaciones para el TISA antes de que hubiese un documento final. Es importante distinguir entre resolver —al terminar las negociaciones— no suscribir un tratado de marginarse las conversaciones previas. El mundo no se muere de ganas de tenernos como socios. Es necesario saber aprovechar todas las oportunidades de interactuar y crear vínculos con los demás países. En estas circunstancias son reconfortantes las declaraciones de la nueva ministra de Relaciones Exteriores argentina quien opinó que "habrá que hablar de las relaciones exteriores como políticas de Estado, desideologizando lo que se hace". La ministra agregó que todas las plataformas que existen —regionales, globales— se van a usar para defender el interés de su país. Ideas sensatas que también deberían inspirar a la política exterior uruguaya. Quizás comienzan a soplar nuevos vientos en el Mercosur.Editorial

Publicidad