El edificio fue construido en los comienzos del siglo XX y adaptado para sede masónica, entre otros por el conocido arquitecto Julio Vilamajó.
Entre los 1.500 monumentos históricos los hay en buenas condiciones y en pésimas. El Estado no ha sido un buen propietario ni un buen gestor. Faltan estímulos para restaurarlos y más controles. Dos proyectos y una nueva ley se encaminan para que poseer un bien protegido deje de ser un problema.
El templo colapsó en mayo de 2016; ya estaba en riesgo.
La Intendencia de Montevideo estudia un mecanismo para exonerar la contribución inmobiliaria al Palacio Salvo antes de las obras de refacción de la fachada y no después como establece el decreto, para de esa forma facilitar los recursos a la comisión administradora del edificio patriomonial con el fin de que esta realice los arreglos.
