El gobierno electo busca derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera. Así las transacciones millonarias podrían realizarse en efectivo y expertos advierten que facilitaría el blanqueo.
La baja de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de entidades no financieras llamó la atención en 2019, sin embargo no preocupa a las autoridades. ¿Por qué?
El informe realizado por el Grupo de Acción Financiera de LatinoaméricaIdentificó sectores con riesgo “alto” y “vulnerables en materia preventiva”.
El organismo internacional divulgó el informe tras la inspección en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que realizó.
El Banco Central emitió circulares que regulan la forma de contacto de las entidades financieras con los clientes, en atención a la normativa antilavado.
Las diferencias datan de 2017, cuando se aprobó la ley integral antilavado, que incluyó a los contadores como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas.
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes es indagado por una causa en Brasil.
El Gafilat dio a Uruguay una evaluación de “aceptable” a nivel general en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo que le permite quedar fuera de la listas “negra” y “gris”.
El Colegio de Contadores inició una ronda de contactos, en este caso fue con el fiscal de Corte Jorge Díaz, ya que entienden que hay una zona “gris” en materia de los controles antilavado que deben realizar.
Jorge Díaz habló ante profesionales incorporados como sujetos obligados y subrayó que no hay investigaciones por lavado de activos sin pruebas.
