A partir de la divulgación del balance de Ancap, vuelven a mi consideración muchos temas vinculados a lo que ha sido el calvario de esta empresa para la sociedad en estos últimos 15 años.
Dado que UPM finalmente resolvió invertir en el país, parece pertinente analizar en detalle qué es lo que la empresa demandó y consiguió lo que buscaba.
Al haberse alcanzado un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, se presentan oportunidades —no certezas— para consolidar lo que por ahora es solo una buena noticia.
Ha llamado la atención el diagnóstico de la realidad económica que realizó el Ministro de Economía en un desayuno de Somos Uruguay, pronunciado con un tono de “yo no fui”, como si el gobierno no tuviera nada que ver con lo que con justeza él mismo detalla.
La próxima administración va a recibir una situación complicada en varios terrenos, y si hay voluntad de cambiar las cosas, los primeros meses prometen un ritmo de vértigo.
En el lanzamiento de la zafra de arroz de esta año, el Ministro de Ganadería realizó en Treinta y Tres una serie de afirmaciones que recoge la prensa y llaman la atención.
El próximo gobierno va a tener una agenda muy intensa para enfrentar en sus primeros 90 días.
Tanto la trazabilidad obligatoria como la ley de suelos tienen el costo del agravio a la libertad, la entrega de decisiones productivas del Estado, el abandono del objetivo de la excelencia individual aunque a más largo plazo pero libre, sin el atajo de la intervención central.
Simplemente lo marca la agenda: este gobierno empieza su último año de gestión, que permitirá juzgarlo por sus frutos.
Parece haberse establecido un diálogo de sordos entre representantes del sector agropecuario y el gobierno, cuya expresión notoria más reciente, el corolario de una mala relación, es precisamente la renuncia de los rurales a integrar los consejos de salarios, lo que resulta muy acertado y valiente.
