Las instituciones oficiales dedicadas a la transferencia de tecnología han estado los últimos tiempos discutiendo y rediscutiendo sus roles, en particular porque hay mucha competencia que le hacen los servicios de asesoramiento de múltiples entidades profesionales, gremiales o comerciales.
Hay una situación productiva en el agro que debe hacer pensar
El agro está en problemas. No me refiero solamente a la cantidad de rubros que enfrentan dificultades; me quiero detener hoy en un modo de ejercer el gobierno que puede suponer crecientes problemas para el sector, más acá o más allá de lo que sus mercados relevantes supongan.
Uruguay es un país muy caro, todos lo sabemos. Nos llama la atención que la ropa, el combustible, la banda ancha, los zapatos, la comida, sean más caros aquí que en países comparables, y también en países desarrollados de cualquier continente. Pero no enganchamos causalidades que nos permitan ver repercusiones a futuro.
Hace unas semanas una legisladora se manifestó interesada en atender eventuales problemas del uso de plaguicidas, volviendo a plantear dificultades con los transgénicos y con la aplicación de glifosato.
El discurso del presidente de la Asociación Rural en la clausura de la Exposición del Prado me llamó verdaderamente la atención, porque hacía bastante tiempo, prácticamente desde la presidencia muy notoria del Ing. Mattos, que la ARU parecía haber optado por un perfil relativamente complaciente con el gobierno.
No quiero que pasen desapercibidas dos intervenciones del Ministro Aguerre que en esta ocasión me parecieron muy atinadas. La primera resulta además totalmente paradojal: las gremiales ganaderas parecen reclamar intervención del gobierno en la formación del precio del ganado, y el ministro del gobierno socialista se niega.
La prensa da cuenta de las dificultades que atraviesa la lechería nacional, que están determinando caídas en la producción y notoriamente en el ingreso de los productores.
Con un entusiasmo digno de mejor causa, el gobierno celebra los diez años de la ley 17.797, que estableció la trazabilidad individual y obligatoria del ganado bovino.
Trascendió una nueva modalidad de control de la DGI a presuntos evasores, mediante el cruce de información privada con los pagos de impuestos.
