El próximo gobierno va a tener una agenda muy intensa para enfrentar en sus primeros 90 días.
Tanto la trazabilidad obligatoria como la ley de suelos tienen el costo del agravio a la libertad, la entrega de decisiones productivas del Estado, el abandono del objetivo de la excelencia individual aunque a más largo plazo pero libre, sin el atajo de la intervención central.
Simplemente lo marca la agenda: este gobierno empieza su último año de gestión, que permitirá juzgarlo por sus frutos.
Parece haberse establecido un diálogo de sordos entre representantes del sector agropecuario y el gobierno, cuya expresión notoria más reciente, el corolario de una mala relación, es precisamente la renuncia de los rurales a integrar los consejos de salarios, lo que resulta muy acertado y valiente.
El tema no es solo que quedamos muy caros respecto de Argentina, o que por diversas razones, por ejemplo la caída del turismo, nuestra economía no crezca o incluso caiga.
Según trascendió, una parte importante del lobby vitivinícola estaría gestionando una medida idéntica a las que el país más combate en el mundo del comercio internacional: subsidios a la exportación de vino.
Las expresiones de los autoconvocados van a estar presentes en las propuestas electorales de la oposición, lo que permite ser optimistas respecto de un giro político que parece alcanzar a buena parte de la sociedad.
Los desencuentros lo evidencian: este gobierno no entiende al campo, su lógica, la formación de las decisiones de los empresarios a quienes amenaza, agravia, y de los que desconfía.
Hace un tiempo escribí sobre una serie larga de situaciones que se vienen acumulando en perjuicio del sector agropecuario, cuya suma total daba pie al título de ese artículo:
En mi contribución del mes anterior titulé mi columna "Una agricultura carcelaria", describiendo dos situaciones:
