La insistencia de Uruguay para que se reconsideren los criterios de ayuda oficial no encontró eco en los países desarrollados.
Hay intendencias que no cuentan con las capacidades que le permitan aprovechar los recursos para impulsar políticas de desarrollo.
El economista Carlos Razo, director de la oficina de Comercio Internacional y Commodities de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se refirió a cómo deben leerse los datos de inversión extranjera directa y su relación con cambios productivos que deben procesar los países.
La mayor parte de las organizaciones se encuentran inmersas en una tormenta de cambios que impactan en todas las áreas de negocios, condicionando el futuro y la supervivencia de las mismas.
El oficialismo se apresta a aprobar una rendición con aumento del gasto público y del déficit fiscal a pesar de que todas las señales nacionales e internacionales son amenazantes, cuando no francamente negativas.
El controversial contrato de inversión firmado entre nuestra República y la empresa finlandesa UPM con miras a construir una planta productora de celulosa sobre el río Negro, se respaldó en el Decreto 477/008 del 7 de octubre de 2008.
El debate en nuestro país se ha tornado extraordinariamente chato, predecible y crispado.
Que la inserción internacional de un país relativamente pequeño como el nuestro es fundamental para su desarrollo, está fuera de discusión.
Cuando el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, me dijo en una entrevista poco antes de su toma de posesión el domingo que Chile podría convertirse en el primer país desarrollado de América Latina tan pronto como en 2025, mi primera reacción fue de escepticismo.
En 12 años, hemos intentando dar una visión diferente sobre aspectos subestimados de la economía y la sociedad uruguaya, que a su vez inciden directa o indirectamente en la dinámica de crecimiento.
