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Uruguay: el mejor de la clase en desigualdad y pobreza

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RELEVAMIENTO

Un informe de la Cepal remarca eso dentro de América Latina en 2016.

En materia de pobreza y desigualdad Uruguay obtuvo los mejores resultados de América Latina y el Caribe, según un informe que divulgó ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El trabajo —"Panorama Social de América Latina 2017", que se presentó en la Ciudad de México— dio cuenta de que, tras más de 10 años de caída en la mayoría de los países de la región, los niveles de pobreza y de pobreza extrema crecieron en 2015 y 2016. Para 2017, en tanto, quedarían "estables".

Mientras que en 2014 el 28,5% de los latinoamericanos era pobre (168 millones de personas), para 2015 había trepado a 29,8%, cifra que siguió creciendo hasta llegar a 30,7% en 2016.

En este terreno, Uruguay fue el país que presentó los mejores números: 9,4% de la población era pobre el año pasado. En el extremo opuesto Honduras fue el que registró el desempeño más magro, con 65,7% de sus habitantes en la pobreza.

Si se mira qué pasó con la extrema pobreza, en tanto, Uruguay también fue el mejor del barrio. El promedio de los países relevados por Cepal para este trabajo da cuenta de un incremento desde el 8,2% de la población en 2014 hasta el 10% en 2016. Uruguay, por su parte, llegó a 0,3%. Honduras también repitió el último puesto en la lista: el año pasado el 42,5% de su población estaba en la extrema pobreza (y por tanto figuran en el 65,7% de pobreza total).

Más allá de estos retrocesos a nivel general, la Cepal se mostró confiada ayer sobre los avances que la región ha tenido en esta materia, y destacó que la pobreza se contrajo 15,2 puntos porcentuales entre 2002 y 2016.

Tanto la pobreza como la extrema pobreza afectan con más dureza a los niños, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres y aquellos que viven en zonas rurales. En 2016, por ejemplo, la pobreza golpeaba al 46,7% de los niños y adolescentes de entre 0 y 14 años, y la extrema pobreza al 17%. Si se toma en cuenta a los jóvenes entre 15 a 29 años, era 31,1% y 9,5%, respectivamente.

Desigualdad.

Uruguay también estuvo a la cabeza a la hora de mirar qué sucedió con la desigualdad en la región. Cepal destaca que si bien cayó entre 2002 y 2016 en el promedio de los países, el ritmo de esta contracción "ha disminuido" en los últimos años. En concreto, el coeficiente de Gini (cero es la ausencia total de desigualdad y uno la desigualdad máxima) era de 0,538 en 2002 y pasó a 0,467 en 2016.

En Uruguay, el índice de Gini el año pasado llegó a 0,391. Argentina, con 0,392, lo siguió de cerca.

Guatemala, con 0,535, tuvo el peor resultado de la región.

El trabajo de la Cepal define a la desigualdad como "uno de los rasgos sobresalientes de las sociedades latinoamericanas", y subraya que "su superación es un desafío clave para el desarrollo sostenible".

Los índices de desigualdad de ingresos registrados en esta parte del globo "se encuentran entre los más altos del mundo", añade.

En tanto, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo ayer durante la presentación del informe: "la experiencia reciente nos indica que el aumento de los ingresos en los hogares de menores recursos ha sido imprescindible para la reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad de ingresos". Para lograr esto, añadió, "han contribuido decisivamente las políticas distributivas y redistributivas de los países, como reformas tributarias, salarios mínimos, pensiones y transferencias vinculadas a las estrategias de reducción de la pobreza y a la expansión de los sistemas de protección social".

Cobertura.

Justamente, este trabajo de la Cepal también hace foco en los sistemas de pensiones en la región.

Entre otros, el estudio estima que para el año 2040 aquellas personas de 60 años y más superarán a los individuos de entre 0 y 14 años. Para esa misma fecha, en tanto, los individuos de 80 años o más llegarán a ser casi 20 millones. En paralelo, hay una "feminización" de los adultos mayores, marca el trabajo.

A su vez, se resalta que entre 2000 y 2014 se "amplió la base contributiva" de los sistemas de pensiones en América Latina: la población económicamente activa que cotiza subió de 36,9% a 47,8%. Esto se traduce en alrededor de 60 millones de personas que se sumaron a los sistemas contributivos de estos países.

A pesar de esto, la Cepal calcula que son unos 142 millones los latinoamericanos económicamente activos que siguen sin contar con esta cobertura.

Autonomía económica de las mujeres.

El trabajo de la Cepal también da cuenta de la situación de las mujeres latinoamericanas y su autonomía económica. "Es innegable que contar con ingresos es una condición básica y necesaria para cualquier persona adulta dentro de la sociedad, pero la cantidad y estabilidad de estos ingresos es crucial para hablar de autonomía", marca.

Los resultados muestran que, sin importar qué tramo de edad se considere, "la proporción de mujeres sin ingresos propios es mucho mayor que la correspondiente a los varones". En América Latina, en promedio, el 29% de las mujeres mayores de 15 años no accede a ingresos propios, según el relevamiento de la Cepal. En el caso de los hombres, en tanto, este guarismo baja a 12,3%.

Uruguay es el que presentó la menor proporción de mujeres sin ingresos propios (13,4%). En cambio, Guatemala tuvo el resultado más abultado: en ese país más del 50% de las mujeres no cuenta con un ingreso propio.

Si se mira el ingreso laboral de las mujeres que sí lo tienen, en tanto, "sigue siendo en promedio inferior al masculino". Esto "indica que los niveles y logros en educación y capacitación más altos que tienen las mujeres no han sido suficientes para cerrar las brechas de género".

En la región, hoy las mujeres ganan un salario que equivale al 84% del que perciben los hombres por una hora trabajada en un trabajo de tiempo completo.

"Esta disparidad se agudiza conforme las mujeres alcanzan mayores niveles educativos, ya que las mujeres que tienen más de 13 años de instrucción perciben un 74% de lo que ganan sus colegas varones", dice el informe.

Las brechas salariales de género son, define el estudio, "un obstáculo para la autonomía económica de las mujeres y tienen un efecto perverso no solo en su vida laboral sino también en los niveles de ingreso que ellas alcanzan a la edad de retiro y en el monto de la jubilación o pensión a la que tendrán acceso".

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