Un vecino en problemas

El gobierno de Alberto Fernández avanza hacia un ajuste fiscal con el objetivo de empezar a corregir los severos desequilibrios económicos provocados por la irrupción del coronavirus y la extensa cuarentena dispuesta en Argentina para intentar evitar su propagación.

En los últimos días, el ministro de Economía, Martín Guzmán, entregó claras señales de una nueva hoja de ruta, que incluye una reducción más acelerada del déficit fiscal y la búsqueda de reemplazar la emisión monetaria del Banco Central por deuda como vía para financiar al Tesoro.

“Dado que Argentina no tiene capacidad para sostener un déficit fiscal tan alto, necesita avanzar rápido hacia una consolidación fiscal para cerrar el grifo de la emisión monetaria del Banco Central. Un ajuste que permita disminuir las necesidades de emisión es la única opción que tiene el gobierno para reducir la presión sobre el tipo de cambio y las reservas”, dijo a El País el economista Martín Vauthier, director de la consultora EcoGo, en Buenos Aires.

Tan lejos de la retórica de los sectores más duros del kirchnerismo como de la presunta radicalización del gobierno que anticipaban miembros de la oposición, el giro de la administración de Alberto Fernández hacia una mayor ortodoxia económica procura acelerar las negociaciones en marcha con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo de la Casa Rosada es acordar un Programa de Facilidades Extendidas a 10 años para reprogramar los US$ 44.000 millones que el organismo otorgó al país durante el gobierno de Mauricio Macri. En el marco de ese programa, Argentina buscará ingresar en un plan de pagos con un período de gracia de cuatro años y medio.

A cambio, el gobierno peronista prevé apurar la reducción del déficit fiscal. Ante el doble efecto provocado por los mayores gastos para moderar el impacto social de la cuarentena y la menor recaudación impositiva por el desplome de los niveles de actividad, el rojo primario (antes del pago de deuda) de las cuentas públicas saltó del equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) registrado en 2019 al 7% este año.

A mediados de septiembre, el ministro de Economía Martín Guzmán envió al Congreso el Presupuesto para el 2021 en el que prevé reducir el déficit al 4,5%. Sin embargo, tras una reunión celebrada a comienzos de noviembre con la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) —entidad que nuclea a los principales hombres de negocios del país—, el ministro de Economía dejó trascender que trabaja en una reducción mayor del déficit, a un nivel por debajo del 4% del PIB.

Algunos de los recortes para alcanzar esa meta ya comenzaron. En los últimos meses, los programas lanzados para amortiguar los efectos del confinamiento fueron discontinuados y reducidos al ritmo de la gradual apertura de las actividades. Para el 2021, Guzmán anticipó que esos planes no continuarán. Con la eliminación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), con el que el estado abonó la mitad de los sueldos de más de 2 millones de trabajadores de empresas privadas en el pico del confinamiento, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un subsidio que llegó a alcanzar a casi 9 millones de personas, el Tesoro prevé ahorrar el equivalente a cerca del 3% del PIB el año próximo.

Otro de los tijeretazos provendrá del descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos a partir de enero. El objetivo es mantener en 2021 el mismo nivel de subsidios económicos que se registrará este año, estimado en 2,2% del PIB. Para eso, las tarifas de electricidad, gas y agua, entre otros servicios, deberán tener incrementos por encima de la inflación.
Por último, el gobierno enviará al Congreso una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones que ya no se regirá por la evolución de la inflación.

A partir del año próximo, los incrementos de los haberes previsionales se ajustarán en un 50% por la variación semestral de los salarios formales y en un 50% por la evolución de la recaudación tributaria destinada a la seguridad social.

Esta nueva fórmula reemplazará a la aprobada durante el gobierno de Macri, que ajustaba las jubilaciones en un 70% por la variación de la inflación y en un 30% por la evolución de los salarios.

Aunque el gobierno asegura que la nueva fórmula permitirá mantener o incluso incrementar el poder adquisitivo de las jubilaciones, entre los analistas hay dudas sobre el logro de ese objetivo, al menos en 2021. La mitad de la actualización de haberes estará atada a la evolución de los salarios, una variable que amenaza con seguir corriendo por detrás de la inflación.

Si bien el gobierno prevé que los salarios crecerán el año próximo 4 puntos por encima de una inflación estimada en el 29% de acuerdo al Presupuesto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado —un estudio del Banco Central que promedia las pronósticos de consultoras y analistas económicos— proyecta una suba de precios al consumidor mucho mayor —del 48,9%— en 2021.

Además de la aceleración de la inflación prevista para el año próximo, otro factor a tener en cuenta es que, por los efectos económicos de la pandemia, muchos convenios colectivos se firmaron este año con aumentos no remunerativos que no se contemplarán para el cálculo de las jubilaciones. A eso se suma que la actualización de los haberes previsionales dejará de ser trimestral a partir de 2021 para pasar a aplicarse cada seis meses.

“Prevemos una aceleración importante de la inflación para el 2021. En ese contexto, si, tal como estimamos, no hay recuperación del salario real el año próximo, el gasto previsional ajustará a la baja”, dijo a El País Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina, en Buenos Aires.

Las dudas sobre el ajuste y la frágil tregua cambiaria en Argentina

Tolerancia social y respaldo político

Las señales de ajuste fiscal, sumado al anuncio de que el gobierno recurrirá a más deuda para descomprimir la necesidad de acudir al financiamiento monetario del Banco Central, buscan consolidar la frágil tregua cambiaria evidenciada en la baja de los dólares financieros.

En las últimas tres semanas, la cotización implícita del contado con liquidación, una operación que utilizan las empresas para sacar divisas del país mediante la compra y posterior venta de bonos o acciones, pasó de 171,6 pesos argentinos a 146,9 pesos argentinos.

En el mismo período, el dólar MEP, que se obtiene a través de la compra en pesos de bonos que luego se venden en dólares en el mercado local, cayó de 159,8 pesos argentinos a 142,10 pesos argentinos.

En tanto, el dólar blue se alejó del récord de 195 pesos argentinos para descender a 172 pesos argentinos, aunque había tenido una baja mayor, ya que en la última semana subió 8,7%.

El viraje ortodoxo parece haber alejado una devaluación brusca del tipo de cambio oficial en el corto plazo. Sin embargo, aún quedan varias incógnitas por despejar para saber si el nuevo rumbo económico del gobierno de Alberto Fernández será consistente.

Por un lado, una de las dudas pasa por cuál será el nivel de tolerancia social al ajuste luego de tres años de dura recesión, caída del poder adquisitivo y aumento del desempleo.

Por el otro, un interrogante clave es qué nivel de respaldo tendrán estas medidas por parte de los diversos sectores políticos que integran la coalición de gobierno, más aún teniendo en cuenta que en octubre del año próximo se celebrarán las elecciones parlamentarias de medio término en Argentina.

“La búsqueda de acelerar la reducción del déficit fiscal es una señal de que se va a restringir la liquidez y, con eso, corregir parte de los desequilibrios que se han ido acumulando en la economía. Pero para poder llevar adelante este programa, será clave el nivel de respaldo político a las medidas para intentar darle viabilidad social al ajuste”, dijo el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman.