El gobierno de Argentina dijo esta semana que se encargará de los controles de los cargamentos de soja para identificar semillas desarrolladas por Monsanto que hayan sido obtenidas en el mercado negro, lo que cierra una larga disputa con el gigante estadounidense.

Los agricultores argentinos rechazaban las revisiones que realizaba Monsanto en puertos y acopios desde el año pasado, en busca de semillas que no hubieran pagado los derechos correspondientes, un conflicto que escaló cuando la compañía decidió no vender sus nuevas tecnologías en Argentina. Desde ahora, Argentina manejará los análisis sobre cargamentos en busca de granos genéticamente modificados que no cumplan con las regalías correspondientes, informó el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.

La ley argentina requiere que todos los análisis sobre cargamentos de granos estén validados por el Estado. "El Instituto Nacional de Semillas va a celebrar convenios con organismos públicos y privados, de manera tal de poder hacer controles selectivos para determinar la legalidad de las semillas", dijo el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en una conferencia de prensa.

"El espíritu del acuerdo es este: nosotros fiscalizamos para que las empresas privadas puedan desarrollar tecnología y cobrarla", enfatizó. La legislación argentina reconoce los derechos de propiedad intelectual de la soja con tecnología desarrollada por Monsanto pero permite a los agricultores locales el uso gratuito de las semillas de segunda generación reproducidas por ellos mismos.

FIN AL CONFLICTO