ENTREVISTA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

El gobierno quiere que el precio de los combustibles tienda a asemejarse al de paridad de importación y que sea competitivo a nivel regional. Eso traerá aparejado cambios en la regulación de ese mercado. Sobre eso y más respondió el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini en entrevista con El País.

-La primera parte del proceso fue definir una metodología para calcular ese precio de paridad de importación, para decir este sería un precio en la planta de distribución primaria de Ancap: La Tablada, Durazno, Treinta y Tres, Juan Lacaze y Paysandú. Eso ya se está publicando. Lo que hizo el Poder Ejecutivo luego es decir que si todo el resto de la cadena de distribución siguiera igual, cuánto termina costando el combustible. Se comprueba que el gasoil es bastante más económico ($ 6,38 por litro menos que en surtidor) y la nafta es un poquito más económica ($ 1,36 por litro) si fuera un importador teórico.

La segunda etapa es un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua que informa al Poder Ejecutivo de estos valores, un informe de Ancap de la situación económico-financiera y productiva del ente y el Poder Ejecutivo tomando decisiones sobre cuál es el precio efectivo en las puertas de las plantas. La idea del Ejecutivo es que eso converja al precio de paridad de importación, pero que converja en un plazo.

Esto es una señal fuerte para que Ancap se concentre en lo que tiene que hacer que es resolver sus problemas de eficiencia internos para ser competitivo con ese importador teórico. Quedó demostrado que hay una distancia y eso que Ancap hace dos años largos que no ajusta sus precios. Esa es una parte del proceso.

-El mandato legal para la comisión es mirar todo, también lo que pasa dentro pero sobre todo los negocios colaterales que pueden haber vinculados que de alguna manera afectan al valor final de Ancap y lo que pasa de la planta para afuera como la cadena de distribución. La comisión está trabajando y recibiendo a todos los actores interesados, recibe insumos de distinto tipo. En base a eso evalúa, discute y cuando llegue el momento propone distintos esquemas de mejora y ahí la decisión es del Poder Ejecutivo de ir en tal dirección y mandarle el informe a la Asamblea General, que puede incluir recomendaciones de cambios legales, pero no necesariamente implica una nueva ley de combustibles.

-No, todavía no tenemos plazos. No pueden ser plazos de muchos años, pero tampoco de meses. Es una de las cosas que nos tendría que recomendar la comisión.

-Esas alternativas son las que están a estudio de la comisión.

-No me gustaría adelantar ideas porque para eso se trabaja. Lo que está definido en la ley es que va a haber un precio máximo de venta al público, además de un precio en puerta de planta de distribución. En esos dos marcos nos manejaremos y están esas opciones que son las que dices.

-El precio máximo va a ser único para todo el país. Eso es claro. Podría pasar que haya algún estacionero que decida en algún momento por razones de ocasión o de agresividad comercial, bajar esos precios y vender diferente. Me gustaría que eso pasara. ¿Por qué? Porque creo que un mercado más competitivo es bueno para todos. No sé si va a pasar. Eso depende, entre otras cosas, del resto de la regulación y es lo que está a estudio.

-Son cosas que están a estudio.

-Sí, conozco la preocupación de los estacioneros. Los hemos recibido, también la comisión de expertos los recibió y entendemos claramente cuáles son sus preocupaciones. También hay preocupaciones de otros actores. Los distribuidores tienen su punto de vista, los grandes consumidores tienen su punto de vista y en el fondo todo lo vamos a tomar en cuenta. Hay un escenario fácil, conservador, que es dejamos todo como está. Es el que quieren los estacioneros, puede ser que al final sea el que prevalezca por un tiempo o quizás haya que ir más ya a una liberalización. No estoy en condiciones de adelantar eso. Hay que dejar trabajar a la comisión. Entiendo el nerviosismo, pero hay que darle plazo a las cosas para que sucedan.

-Son las reglas de juego. Lo único que le digo a todos los actores, es que el proceso es así. Ellos pueden hablar todo lo que quieran y están en todo su derecho, pero nosotros vamos a seguir avanzando al paso que nos propusimos hacerlo. Entonces, adelantar posición, en el fondo es distorsionar el proceso. Expresen legítimamente por los medios que les parezca su posición, así como otros lo expresan. Tenemos a la Asociación de Cultivadores de Arroz que lo expresa con mucha fuerza en Twitter y es un punto de vista opuesto al de la Unión de Vendedores de Nafta.

-Hay dos cosas importantes, va a haber un período de transición y el objetivo es buscar que existan combustibles comparativamente más económicos. Cuando digo esto la gente piensa “bueno, $ 4 menos”. Comparativamente más económicos quiere decir en términos de valores reales, porque tenemos inflación, una cotización del dólar que puede variar. Pero sí queremos combustibles más económicos y más competitivos con la región. Eso va a pasar, pero no es un proceso que el 1º de enero prendemos una llave y se arreglaron los problemas.

-Cambiar la legislación se puede. Es una de las cosas que está específicamente en la ley de urgente consideración que debe ser revisada por la comisión de expertos y de hecho lo están revisando. Desde el punto de vista político del gobierno, no queremos en esta instancia afectar a Bella Unión como polo de desarrollo y producción de azúcar y etanol. Por lo cual la mezcla de etanol tiene un piso que es Bella Unión, que por razones sociales y políticas no queremos afectar.

-Es un compromiso del presidente (Luis Lacalle Pou) y es un compromiso del gobierno. Se siembra determinada cantidad de hectáreas de caña de azúcar y se van a mantener sembrando y vamos a seguir procesando esa caña de azúcar. El resto podemos revisarlo todo. También hay compromisos con proveedores y demás que generan contratos y ahí hay que ir a razonablemente a un proceso de transición si es que la conclusión fuera que hay que cambiar. Lo que sí es verdad es que hay niveles de mezcla en la ley y hay niveles de mezcla en la realidad que son mayores, también se puede revisar eso.

-Queremos revisar eso. Creemos que en esto las gremiales del campo tienen razón. El gasoil, que es típicamente el combustible que se utiliza para el transporte de la producción agropecuaria y para el trabajo en el campo, termina pagando 9% de su valor para el transporte público, que principalmente es en Montevideo pero también es el interdepartamental y demás. Es un subsidio cruzado, de un sector de la economía a otro. Entendemos que el transporte público probablemente no haya forma de que no tenga subsidios. Pero tal vez, y en eso confiamos que lo está revisando la comisión, haya que ver cómo se financia ese subsidio y eventualmente si no puede ser otra lógica que permita sacarlo del gasoil. Un 9% es mucho.

-Todo hay que revisarlo y eso también. Eso no quiere decir que haya que subir el precio del supergas, son dos cosas distintas. Hemos visto con preocupación que algunos legisladores han salido a opinar que no hay que subir el precio del supergas. No está eso en la agenda y probablemente no esté nunca. El proceso está en marcha, pero cuando uno escucha “va a subir el supergas”, no creo que sea lo que pase. Y cuando uno escucha que “hay que bajar el 9% del gasoil”, uno supone que se están refiriendo al fideicomiso del boleto. Creo que sí hay que encontrar una solución al fideicomiso del boleto y quizás también hay otras cosas. Pero no me apresuraría y no haría anuncios que lo único que hacen es complicar el proceso.

-Sí, va para legisladores de todos los sectores, hay dirigentes de la coalición que han hablado.

-Lo que sí es cierto es que eso no es un subsidio como el del boleto donde hay una ley que dice sale tanto dinero, es un subsidio explícito. El del supergas es un subsidio implícito: Ancap lo cobra menos de lo que le cuesta y eso lo financia cobrando más los otros combustibles. En el fondo tiene otro problema, que es que el subsidio está destinado a determinado sector socioeconómico, pero termina siendo un subsidio al barrer y por tanto para muchas personas que podrían pagar el supergas al precio que corresponde. Y además, las personas más necesitadas terminan comprando el supergas de 3 kilos en la garrafa pequeña que no está en el sistema regulado y por tanto se las venden a un precio libre, justamente al sector que queríamos subsidiar. Hay una cantidad de cuestiones que no son razonables, que hay que revisar e ir a un esquema más transparente de subsidios. Cuando hay subsidios deben ser explícitos. Eso no quiere decir que no haya subsidio al supergas, probablemente el subsidio al supergas se mantenga, veremos cómo.

Paganini se refirió a la crítica de legisladores de la oposición sobre la inclusión en el proyecto de ley de Presupuesto de la eliminación del monopolio de Ancap en puertos y aeropuertos. “Hubo legisladores que lo plantearon y lo apoyamos. Fue una propuesta que también el director de OPP (Isaac Alfie) había mencionado. En ambos casos, es muy diferente que la libertad de importación para el mercado interno”, dijo.

El ministro explicó al respecto que “son negocios absolutamente de nicho, con lógicas específicas. En realidad siempre se dijo que el monopolio, no estoy muy de acuerdo a esta altura del partido, tiene el objetivo de asegurar el suministro del mercado interno. Pero el monopolio en estos otros contextos es un problema. En el puerto es un problema porque para cumplir con el mercado interno Ancap fue cambiando su dieta de petróleo, empieza a tener petróleos más livianos que dan menos fuel oil y también por una lógica de negocio y de suministro termina ganando el contrato de suministro de fuel oil a las pasteras y entonces el fuel oil para el puerto es cada vez menos. En ocho años Ancap pasó de cinco barcos que aprovisionaban buques con fuel oil a uno, de 300.000 toneladas a 70.000 y el puerto de Montevideo sufre”.

Paganini afirmó que “podemos discutir si ese monopolio para el mercado interno es un buen o mal instrumento, pero para el puerto no es un buen instrumento y además a Ancap no lo afecta porque es un volumen muy pequeño”.

Añadió que “lo mismo pasa con el aeropuerto. Es estratégico para el país tener conectividad aérea y además si Ancap en vez de producir querosen Jet-A1 produce gasoil, que se puede con una etapa diferente, lo vende más caro. Es más negocio producir gasoil que Jet-A1, pero si tenés el monopolio tenés que producir Jet-A1 porque sos el responsable de que haya”.

“En definitiva, si el monopolio es bueno para algunas cosas, que tengo mis dudas, pero es un obstáculo para otra, no entreveremos los cables. Liberar el monopolio en ambos casos es una mejora para Ancap. Es focalizarse en lo que tiene que focalizarse”, concluyó.