Nuevas reglas

Permisos a usuarios por no más de cinco años y deben dar más información

Durante varios meses el gobierno trabajó con el sector privado en una actualización de la normativa que regula las zonas francas, un proceso que finalizó a fines de septiembre cuando se aprobó el decreto reglamentario que complementa la ley aprobado a fines de 2017 por el Parlamento.

Las nuevas reglas -que rigen desde marzo que entró en vigencia la ley- para las operaciones en los 11 territorios francos con los que cuenta Uruguay hacen foco en afinar los requisitos que deben cumplir las compañías para recibir el permiso, mejorar los controles sobre los usuarios ya instalados y fijar plazos menores de habilitación. Así surge de tres informes para clientes de estudios jurídicos y contables a los que accedió El País.

Antiguamente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no establecía plazos para los usuarios indirectos de zonas francas, y su permiso vencía junto con el otorgado al explotador del territorio libre de impuestos. Eso cambió con los años y la ley dejó establecido que ahora los plazos máximos de autorización de los contratos de uso son: en el caso de usuarios directos, 15 años para la realización de actividades industriales y 10 años para actividades comerciales o de servicios; y en el caso de usuarios indirectos cinco años.

Asimismo, el decreto agregó según un informe de Posadas, Posadas & Vecino (PP&V) que “aquellos usuarios con contratos en curso de ejecución que carecieren de plazo o que tuvieren prórrogas automáticas o cuyo plazo exceda los límites indicados, deberán presentar dentro del término de un año” información al MEF que acredite “la viabilidad económica y financiera de su plan de negocios, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos de la ley de zonas francas” -cantidad de empleados y calidad de los empleos, ingresos por ventas así como inversiones en activos fijos en los últimos cinco años, entre otras cosas-.

Esa información también pasarán a brindarla todas las empresas instaladas en zonas francas cada dos años.

En caso que el Área de Zonas Francas del MEF entienda “que el usuario no contribuye al cumplimiento de los objetivos del régimen, otorgará un nuevo plazo de autorización que no podrá exceder en ningún caso el 30 de junio de 2021” para una evaluación más detallada de la actividad de la empresa.

Un análisis de PwC señaló que se podrá revocar el permiso “cuando no se crea empleo en la zona franca en una proporción adecuada en relación con las actividades desarrolladas; el usuario no lleva a cabo actividades en la zona franca; o no tiene domicilio fiscal” en dicho territorio.

Otro trabajo hecho por el abogado Guzmán Ramírez del estudio Bergstein, repasó que hay excepciones al plazo máximo de cinco años para los usuarios indirectos de zonas francas: “El decreto diferencia entre las empresas instaladas en Montevideo y área metropolitana, y las instaladas en el resto del territorio. Las primeras tendrán que contratar -como mínimo- 100 empleados e invertir US$ 4,8 millones dentro de los primeros dos años (para acceder a un mayor plazo), mientras que para el resto bastará con contratar 50 empleados e invertir US$ 2,4 millones en los primeros tres años”.

A nivel práctico, la nueva normativa brinda más posibilidades a las firmas instaladas en los exclaves, ya que podrán bajo ciertas condiciones brindar servicios a otras compañías fuera de territorio franco, y a las zonas francas del interior les habilita ciertas actividades “excepciones y/o auxiliares”.

Por otra parte, PwC sostuvo que pasan a estar exonerados los ingresos derivados de la explotación de derechos de propiedad intelectual y otros intangibles “siempre que provengan de actividades de investigación y desarrollo llevados a cabo dentro de la zona franca”.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo al anunciar el decreto reglamentario que uno de “los objetivos centrales” era “adherir a estándares internacionales en materia de transparencia fiscal”.

Bergstein indicó que Uruguay debió responder a una “exigencia” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de “que las empresas que se beneficien de las exoneraciones tributarias de las zonas francas, efectivamente realicen en ellas una actividad sustancial”.

Con esto se busca evitar la existencia de las denominadas “sociedades de papel” (sin actividad) y que “las empresas generen rentas en el exterior y las transfieran artificialmente a una jurisdicción de tasa cero, como lo son las zonas francas”.

Para cumplir eso y asegurarse que los usuarios de los exclaves realmente realizan una actividad sustancial, el decreto del Poder Ejecutivo “pone el énfasis en el factor trabajo” exigiendo a las empresas que “tengan en planilla el personal suficiente (tanto en cantidad como en calidad) que permita justificar los ingresos que recibe”.