Recientemente el United States Trade Representative (USTR, Oficina de Comercio de Estados Unidos) publicó un reporte anual sobre mercados de bienes pirateados y falsificados. En el reporte de este año, Uruguay fue incluido por primera vez desde que se realizan los informes (hace cinco años).

El estudio —divulgado por El País el pasado viernes 6 de marzo— indicó que en 2014 se produjo un aumento de las denuncias de falsificación y piratería en las zonas francas uruguayas. Y mencionó a dos exclaves aduaneros, uno de ellos la Zona Franca Libertad. Sin embargo, representantes de ese exclave contrarrestaron lo expresado por el documento oficial de Estados Unidos, al afirmar que en los últimos ocho años no han tenido ningún procedimiento judicial o aduanero por aspectos de propiedad intelectual o piratería.

En diálogo con El País, el asesor jurídico de Zona Franca Libertad, Julio Basanta expresó que "la zona franca no tiene ninguna responsabilidad ni tiene los instrumentos y mecanismos para hacer control de calidad de la mercadería que entra. La mercadería que entra y sale es verificada por la Aduana. No puede salir ninguna mercadería que no sea verificada por ellos".

Basanta señaló sobre lo mencionado en el informe gubernamental estadounidense que "la Zona Franca Libertad hace ocho años que no tiene un procedimiento, sea judicial o aduanero por cuestiones de propiedad intelectual o marcaria, lo que se llama piratería".

"Por lo tanto, controvertimos frontalmente los dichos del informe del gobierno de Estados Unidos y desconocemos cuáles son las fuentes que lo llevaron a tales conclusiones, —aunque como se publica en el diario estaría basado en encuestas a estudios jurídicos especializados en marcas— y sería de nuestro interés conocer cuáles fueron estos estudios jurídicos en Uruguay", añadió.

El asesor jurídico informó que la Zona Franca Libertad piensa recurrir a la Justicia para "desentrañar cómo fue que se llevó esa información a Estados Unidos. Si en ocho años no hemos tenido un procedimiento, no se puede decir alegremente que hay procedimientos todos los días ni que en los últimos tres años haya habido aumento de los procedimientos. En la Zona Franca Libertad, no". Basanta explicó que la mercadería que ingresa en zona franca usualmente entra por el puerto de Montevideo y es verificada por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), y también está la Prefectura.

Señaló que la DNA cuenta con escáneres móviles para observar dentro de los contenedores y cuando va a ingresar en la Zona Franca de Libertad está nuevamente la DNA que verifica el contenedor.

"Como la zona franca no tiene posibilidad ni los mecanismos para controlar las calidades (de los productos), no es responsable de la piratería o de la falsificación intelectual. Cada mercadería que entra a Uruguay tiene una factura, una carta de embarque. Si se quiere saber quién fabricó la mercadería es muy fácil, solamente hay que ver el expediente aduanero. La zona franca en sí misma no es la propietaria de la mercadería", dijo Basanta. En ese sentido, agregó que las zonas francas son centros de almacenamiento y distribución logística.

También explicó que la piratería es una cuestión de marcas. "La zona franca en eso no tiene ninguna intervención; en todo caso el que comete la ilegalidad es el que fabrica la mercadería", sostuvo. También se refirió a la triangulación de mercadería. "Eso es un problema comercial entre fabricantes y distribuidores, pero no es un hecho ilícito. La zona franca desconoce quiénes son los representantes, los vendedores autorizados de esa mercadería", afirmó.

El gobierno prevé enviar al Parlamento el proyecto de ley sobre Zonas Económicas Especiales que modifica la ley 15.921 de Zonas Francas.

Al respecto, Basanta señaló que la Zona Franca Libertad tiene una oposición frontal a un solo artículo del proyecto de ley. El mismo, establece que las zonas francas del Interior no podrán tener oficinas administrativas en Montevideo. "Eso supone un ataque directo a la propia subsistencia de las zonas francas del Interior. La gente no se va a trasladar hasta Libertad para pagar una factura o un gasto menor. Ese artículo (del proyecto de ley) entendemos que pone en peligro a las zonas francas del Interior", afirmó el asesor.

Otra normativa que está en etapa de reglamentación es el nuevo Código Aduanero (Carou). Uno de los aspectos que desde la DNA se ha señalado como importantes de este nuevo código es la extensión del territorio aduanero a todo el territorio nacional. Eso permitirá la inspección aduanera en las zonas francas sin la necesidad de un permiso judicial como ocurre en la actualidad. El presidente de Zona Franca Libertad, Robert Trombotti, dijo a El País que "básicamente la Aduana puede revisar cuando quiera. Está bien que se necesita una orden de allanamiento, pero en Zona Franca Libertad las veces que la Aduana quiso revisar, lo hizo sin ningún problema. En todas las zonas francas la Aduana está en la puerta".

Ambos representantes sostuvieron que condenan "frontalmente" la piratería. Y añadieron que el informe del USTR, al estar basado en encuestas de estudios "tiene una seriedad muy relativa, porque no está basado en estadísticas de la Aduana o de la Justicia".

n Trombotti señaló que toda la mano de obra que cumple funciones en la Zona Franca Libertad es uruguaya. En el lugar trabajan entre 300 y 500 personas dependiendo de épocas de zafra y nivel de actividad. Además, hay una buena parte de mano de obra indirecta. El presidente de la Zona Franca Libertad indicó que en el último Censo realizado se verificó que casi el 50% del personal ocupado es mujeres. "Es la zona franca que tiene más personal femenino trabajando", dijo el empresario. Actualmente, el nivel de actividad del sector es oscilante, influenciado en buena parte por los vaivenes de la economía argentina y también la brasileña. "Pero tenemos 300 personas trabajando; hay que superar los altibajos y seguir hacia adelante", sostuvo Trombotti.

Señala que en últimos 8 años no ha tenido procedimientos por piratería