Ley de Inclusión Financiera

El coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba expuso en el Interior —desde donde han surgido las mayores críticas— y dijo que muchos cuestionamientos parten de “premisas falsas”.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proceso de inclusión financiera es un cambio cultural que avanza a ritmo sostenido y con beneficios para la población, ya que un millón de personas accedieron a una cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico sin costo adicional.

Ese fue el mensaje que transmitió Martín Vallcorba, coordinador del programa de inclusión financiera del MEF, en un evento en el interior del país, territorio donde han surgido los mayores cuestionamientos a esta política del gobierno.

Al disertar en el Seminario Nacional de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto en Las Cañas (Río Negro), Vallcorba informó que en estos momentos hay un proyecto de ley a estudio del Parlamento que prevé flexibilizar el pago electrónico de pasividades porque es un sector en el que no existen problemas de informalidad. Además, destacó que los taxistas de Maldonado se sumarán al cobro electrónico la próxima semana y que desde diciembre estará disponible el pago mediante aplicaciones.

Entre los principales objetivos del programa de inclusión financiera, apuntó que se buscó universalizar el acceso al sistema financiero con foco en sectores históricamente excluidos o que accedían en muy malas condiciones, como los hogares de menores ingresos y las micro y pequeñas empresas.

El segundo gran objetivo fue modernizar y transformar el sistema de pagos, fomentando la competencia y eficiencia de los pagos electrónicos, que representan una opción moderna, eficiente y segura en el camino de sustitución del dinero en efectivo. Vallcorba expresó que se continúan implementando medidas para que pequeños comercios no queden excluidos de este proceso.

“El resultado en ambos objetivos es altamente positivo, por ejemplo en los últimos cuatro años se han emitido un millón de instrumentos de dinero electrónicos gratuitos y se han emitido 500.000 tarjetas de débito gratuitas, lo cual implica que aproximadamente un millón de personas han podido acceder sin costo a un conjunto de servicios financieros básicos, al igual que las micros y pequeñas empresas”, subrayó el integrante de la Asesoría Macroeconómica del MEF.

Dijo que el rechazo que la ley originó entre algunos sectores, sobre todo en el interior del país, surgen como consecuencia del desconocimiento: “Muchas veces surgen opiniones críticas que parten de premisas equivocadas o mala información, por ejemplo en lo que tiene que ver con el pago de salarios. Todas las pequeñas localidades del interior con menos de 2.000 habitantes, no están alcanzados por las disposiciones de la ley y por tanto pueden seguir cobrando sus salarios en efectivo y tampoco los comercios están obligados a aceptar medios de pago electrónicos”.

“Lo paradójico es que muchas veces las criticas surgen desde quienes antes ya accedían a medio electrónicos. El sistema apunta a quienes históricamente estuvieron excluidos del sistema financiero y si uno lo piensa desde las pequeñas empresas, se ha logrado que más de 20.000 firmas puedan acceder de manera gratuita a una cuenta bancaria, algo que antes era imposible por las exigencias de los bancos” indicó.

“Hay una tendencia que se da en todo el mundo y es que cada vez más los consumidores prefieren usar los nuevo medios como parte de un proceso de modernización de una economía que cada vez es más digital. Lo que las políticas públicas tienen que evitar es que se vean excluidos determinados sectores y en particular los pequeños comercios, quienes hoy pagan el mismo arancel que una gran superficie. Eso en materia de acceso equitativo es un avance importante”, sostuvo el coordinador de inclusión financiera.

El Parlamento tiene a estudio una serie de cambios a la ley, que contemplan equiparar la lógica de funcionamiento de las partidas especiales que recibe un trabajador (como los tickets alimentación) con el pago de salarios. Así se dará la posibilidad al empleado de qué elija por qué institución quiere cobrar y el servicio no tendrá costo para las empresas.

Esto sumado a la reducción del tope máximo para la exoneración de aportes personales jubilatorios de estas partidas -está en 20% y se plantea bajarlo a 10% en 2021- recibió críticas de las cámaras empresariales y de las principales empresas que operan en el mercado de los tickets alimentación.

Vallcorba explicó que otra de las modificaciones es para flexibilizar las disposiciones vinculadas al pago de retribuciones: se elimina la obligatoriedad del cobro de pasividades y beneficios sociales a través de medios electrónicos y se establece que las instituciones deberán permitir el retiro de la totalidad de los fondos acreditados en un único movimiento. Además, se explicita la excepción del cobro electrónico en áreas rurales que no cuenten con puntos de extracción.