Con el fin del secreto bancario, se busca que “no haya donde esconderse”.

Que no haya lugar donde esconderse. Con ese objetivo es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) delinea dos iniciativas para el control de la evasión fiscal tanto de personas físicas como de grandes empresas. La primera prevé el intercambio de información fiscal automático entre países; la segunda establecerá la obligación a las multinacionales de pagar impuestos en los países donde realicen su actividad sin permitirle el traslado de beneficios a otras jurisdicciones donde la tributación sea escasa o, directamente, no exista.

Uruguay se suma a ese tren y en esa línea está el proyecto de ley que —en palabras del presidente del Banco Central, Mario Bergara— "da un golpe casi mortal al secreto bancario".

Evasión fiscal, secreto bancario, lavado de activos, corrupción. Contra esos "fenómenos que son el cáncer de la democracia moderna hay que luchar", sostuvo ayer Ángel Gurría, secretario general de la OCDE durante una teleconferencia realizada en el Banco Central (BCU).

Recordó que Uruguay adhirió al régimen e ingresará en el intercambio automático de datos a partir de 2018. Otras 100 jurisdicciones también se comprometieron lo que para Gurría "da por terminado el secreto bancario".

Actualmente el mecanismo que rige entre países sobre intercambio de información tributaria es a solicitud expresa de una de las partes. Gurría recordó que en 2008 había 40 convenios de intercambio bilateral. Pero el resultado no era el mejor, según el experto, ya que los jueces de cada país eran reacios a autorizar el envío de la información. Ahora, hay 3.000 convenios, entre bilaterales y multilaterales.

El próximo paso será el intercambio automático de información tributaria. Y ya el anuncio de su implementación en algunos países se está haciendo sentir. Gurría informó que algunos países establecieron amnistías o herramientas de normalización o declaración voluntaria de bienes. Eso resultó en el pago de impuestos por 52.000 millones de euros.

El presidente del BCU, Mario Bergara, fue otro de los disertantes en la conferencia de ayer y sostuvo que Uruguay "se acomoda de manera muy sencilla" al nuevo escenario de transparencia fiscal que el mundo actualmente requiere. Recordó que en la década del 80 la idea era mostrar a Uruguay como una plaza financiera donde existía un "férreo" secreto bancario. Ahora "la clave debe ser la transparencia, en vez de la opacidad. Estamos en las antípodas de la década del 80", remarcó.

"En este mundo de hoy vamos a un esquema de coordinación en transparencia, para que no haya donde esconderse para evadir impuestos", aseguró Bergara.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que obliga a las instituciones financieras a informar anualmente a la Dirección General Impositiva (DGI) los saldos y rentas acreditadas en cuentas bancarias de residentes y no residentes

A su vez, marcó algunos aspectos fundamentales en los que se enfoca el gobierno. Uno es el control del lavado de activos, donde Uruguay tiene una de las mejores evaluaciones de América Latina y también tomando en cuenta a la mayoría de los países que integran el G-20. Luego mencionó la incorporación "clara, sistemática y firme" de Uruguay" a la nueva fiscalidad internacional.

Señaló que la evaluación positiva del Gafisud (la entidad regional que coordina en materia anti-lavado) y del Foro de Transparencia Global de la OCDE "son sellos de credibilidad que el Uruguay necesita, equivalentes al grado inversor".

El experto tributario, Leonardo Costa coincidió en que "el GAFI y la OCDE se han transformado en referentes de un nuevo orden mundial en materia jurídica".

Gurría, que participó de la conferencia "Los paraísos fiscales y el papel de la OCDE", organizada por la Fundación Astur se preguntó: "¿qué pasa con las empresas?". Y respondió que la OCDE construyó 15 pilares de actuación, para conseguir, fundamentalmente que las empresas declaren en cada país donde generen utilidades.

"Hay empresas que se van de shopping, para ver dónde les conviene (tributar). Por eso las 15 estrategias; para que no haya donde esconderse", afirmó.

Esas estrategias mencionadas por Gurría son parte del proyecto BEPS de la OCDE. Se entiende por BEPS a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que hacen las grandes multinacionales para pagar impuestos en países de escasa o nula tributación, aprovechándose de los sistemas fiscales mundiales.

En una última reunión de la OCDE el 30 de junio en Japón, Uruguay ingresó formalmente al programa BEPS.

Gurría sostuvo que el cometido que se busca con las acciones de transparencia fiscal es "saber en verdad quién es el dueño de las cosas para después poder ver si paga o no paga impuestos y donde quedó el dinero". En ese sentido, indicó que antes "nunca se llegaba a John Smith (ejemplificado como el último beneficiario de las cuentas); ahora vamos a llegar a él".

"El combate a la evasión fiscal es esencial para sociedades más incluyentes, más justas y también para recuperar la confianza de las mayorías que sí pagan impuestos", dijo el jerarca y añadió que en 2014 había US$ 7.600 billones "que andan perdidos en cuentas de personas en paraísos fiscales".

A su turno, el profesor de fiscalidad internacional y de derecho financiero de la Universidad Católica, Leonardo Costa preguntó si el proyecto que elevó el Poder Ejecutivo al Parlamento marcaba la muerte del secreto bancario. "Como lo conocíamos, sí", contestó. Luego se refirió a la potestad que tendrá la Dirección General Impositiva (DGI) de acceder a la información de las cuentas bancarias. Marcó la necesidad que ese proceso se realice de una manera equilibrada. "Ojo también de pasarnos de la raya. Ojo de decir: todos los poderes a la administración tributaria y ninguno para el contribuyente. Eventualmente el contribuyente puede tener la razón en alguna discusión y entonces decir: la administración está pasándose", señaló Costa.

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