La rigidez del gasto público, es uno de los problemas a los que suelen apuntar habitualmente los economistas sobre Uruguay. El viernes, en el Foro ACDE, el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrés Masoller lo puso en cifras: el 70% del gasto público ya está predeterminado antes de elaborar el Presupuesto quinquenal, ya que "surge de leyes o contratos previos".

Por lo que el "ámbito de acción del Presupuesto es el 30% del total del gasto", dijo Masoller, que en 2014 equivalía a 9,8% del Producto Interno Bruto (PIB), unos US$ 5.641 millones.

El resto del gasto, agregó, está comprometido en "inversiones de empresas públicas" (2,3% del PIB, US$ 1.324 millones), "intereses de deuda" (2,8% del PIB, unos US$ 1.611,9 millones), "Fonasa, asignaciones familiares, transferencias a AFAP, gobiernos departamentales, prestaciones a activos del Banco de Previsión Social (como seguro de paro, accidentes laborales, etc.) y otras transferencias" (7,7% del PIB, US$ 4.432,8 millones) y "pasividades". Este último rubro se llevó 9% del PIB en 2014 (US$ 5.181,2 millones).

El otro problema para el equipo económico —que necesita encontrar fondos para compromisos asumidos en el programa de gobierno— es que "buena parte" de la recaudación adicional de este año y los próximos "ya está comprometida para gastos vinculados a la incorporación de nuevos colectivos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el aumento en el pago de jubilaciones y pensiones", expresó Masoller.

Según los números que presentó de "egresos de pasividades" estimados en "millones de pesos de 2014", el gasto por jubilaciones y pensiones crecerá en $ 20.000 millones para 2020. Esto representa US$ 821,9 millones más que al cierre de 2014, en términos reales (esto es descontando el efecto inflacionario).

Eso es porque la reforma constitucional del año 1989 estableció que el ajuste anual de pasividades debe darse en la misma magnitud que varíe el Índice Medio de Salarios.

Como las jubilaciones y pensiones "continuarán creciendo por el aumento de los salarios reales", el Estado deberá destinar US$ 821,9 millones más para atender sus pagos.

Con un déficit fiscal que alcanzó a fin del año pasado a 3,5% del PIB, no queda mucho margen para aumentar el gasto. Por eso el gobierno recurre también a revisar las partidas presupuestales no prioritarias, a promover el ahorro en todos los rubros y en todos los organismos y a gastar más eficientemente.

A mediados de 2013, el entonces subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jerónimo Roca advirtió que Uruguay enfrentaba un "callejón fiscal". Porque "antes de pagarle al primer maestro", 8 puntos del Producto Interno Bruto (de 24 del gasto total) se habían ido en déficit del BPS e intereses de deuda.

A 2020, sin contar el efecto inflacionario, calculó el MEF