“MAYOR PERCEPCIÓN DE RIESGO”

Casinos, inmobiliarias y escribanos hicieron 84% más reportes que en 2016.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos volvieron a alcanzar un récord en 2017, al impulso del sector no financiero, un rubro del que se esperan más denuncias.

En 2017 los sujetos obligados a realizar ROS enviaron 549 documentos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) —según la Memoria de Actividades de ese organismo divulgada ayer. Además se iniciaron siete investigaciones de oficio. Eso da un total de 556, un 16% más que en 2016.

Si se compara el número del año pasado con el de cuatro años antes, se verifica que se duplicaron los ROS (de 275 en 2013 a 556 en 2017).

El crecimiento en 2017 respecto al año previo, vino de la mano de los reportes del rubro no financiero (casinos, escribanos, inmobiliarias, administradores de sociedades, entre otros). Este sector aún es minoritario y las autoridades esperan que siga en aumento.

De las 556 ROS de 2017, 398 provinieron del sector financiero (bancos, casas de cambio, intermediarios de valores, empresas de transferencia de fondos, etc.) lo que supuso solo un 2% más que en 2016.

A su vez, 151 ROS llegaron desde el sector no financiero, eso es un 84% más que en 2016, con aumento en todos los sujetos obligados (casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores, constructoras), salvo explotadores de zonas francas.

Para verlo de otra forma, en los cuatro años previos los escribanos hicieron 28 reportes en total y en 2017 fueron 37. Las inmobiliarias habían realizado 15 reportes en 2014, 2015 y 2016 sumados (en 2013 no hicieron ninguno) y en 2017 hicieron 20.

Para el secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, el aumento de los ROS del sector no financiero "era esperable. Teníamos expectativas en el plan de supervisión (de que se reporte adecuadamente, que la secretaría lleva adelante desde 2016) y en la mayor capacitación" de esos sujetos.

"Es un buen paso, nos acerca a lo que es a nivel internacional", dijo Espinosa a El País.

Recordó que en un año y medio, la secretaría hizo 767 actuaciones de supervisión "en todos los sectores y varios departamentos como Colonia, Paysandú, Rivera, Maldonado , entre otros". Eso "genera mayor percepción de riesgo" de esos sujetos obligados, afirmó.

Según la Memoria de la UAIF "los sujetos obligados del sector financiero han presentado más del 80% de los reportes en los últimos cinco años (81,4% del total de reportes recibidos en el período). Dentro de estos sujetos obligados, los bancos, empresas de servicios financieros y casas de cambio son las instituciones que han presentado la mayor cantidad de reportes entre los años 2013 y 2017".

Agregó que "si se analizan los últimos años, las cifras muestran una tendencia moderada hacia la diversificación entre las distintas categorías de sujetos obligados del sector financiero. En particular, en este año los reportes de los bancos, empresas de servicios financieros y casas de cambio descendieron levemente con respecto a los presentados en 2016".

El informe expresó que "se ha mantenido la tendencia de crecimiento en la cantidad de reportes presentados por los sujetos obligados del sector no financiero, verificándose que en 2017 la participación de este sector alcanzó un porcentaje del 27%, notoriamente superior a la verificada los dos últimos años".

De todas maneras, Espinosa ve aún margen para que siga ganando peso. "A nivel internacional el sector financiero es mayoritario (en cantidad de reportes sobre el total)" pero el sector no financiero "un poco más" puede crecer "por los volúmenes que maneja".

De hecho la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) se focalizará este año en la supervisión de los sectores de "mayor riesgo", dijo Espinosa. Estos son el inmobiliario, el de zonas francas ("donde hay pocos reportes") y el de administradores de sociedades, añadió.

En ese sentido, Espinosa dijo que el hecho de que se deban registrar los beneficiarios finales ante el Banco Central, "cambia la historia desde el punto de vista societario. Es muy bueno desde el punto de vista del combate al lavado y cumplimiento de estándares". El funcionario destacó el rol de la UIAF al respecto.

Según el informe, "al 31 de diciembre de 2017" el registro contaba "con la información sobre los titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales de 28.206 entidades declarantes activas". Para este año "se espera el ingreso de todas las sociedades con participaciones patrimoniales nominativas", agregó.

En 2017 la UIAF del Banco Central puso "cuatro casos en conocimiento de la justicia penal", que "contenían la información proporcionada en 14 reportes de operaciones sospechosas presentados por parte de los sujetos obligados y/o en investigaciones de oficio", señaló el informe.

A su vez, en el marco de lo dispuesto por el artículo 6° de la ley N° 17.835 en su redacción actual, "la UIAF adoptó dos resoluciones para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes al lavado de activos, por un monto total expresado en dólares de US$ 180.458", añadió.

En tanto, "la cooperación y/o el asesoramiento que la Unidad ha prestado a requerimiento de las autoridades judiciales uruguayas se mantiene en cifras significativas, habiendo intervenido en 146 casos en el período, lo que representa un 10% de aumento respecto del año anterior. Asimismo se ha participado en 11 grupos de trabajo multidisciplinario de apoyo a la investigación en la etapa judicial en casos de alta complejidad", explicó la Memoria de Actividades. En 2017 la entidad recibió "79 solicitudes de información de unidades de inteligencia financiera del exterior, lo cual implicó una disminución de aproximadamente 18% respecto del año anterior. Asimismo, la UIAF efectuó seis pedidos de información a sus contrapartes en el exterior", agregó.

Por otro lado, durante 2017, las declaraciones de entrada de efectivo por frontera recibidas por el BCU ascendieron a un total equivalente a US$ 1.557,5 millones —70,49% correspondió a dólares, el 13,16% a ingreso de euros, 11,96% a pesos uruguayos y el 2,89% a reales. El principal país de origen de los billetes fue Estados Unidos (64,65%), seguido de Uruguay (12,76%), Suiza (12,33%), Brasil (4,95%) y Chile (2,18%). Las Declaraciones de Transporte por Frontera en las que figura Uruguay como país de origen, corresponden a las operaciones realizadas por instituciones financieras uruguayas desde sus sucursales en las ciudades de Chuy, Río Branco y Rivera, explicó la UIAF.