El Senado de Argentina aprobó el proyecto de ley que autoriza al país a saldar las deudas con fondos de inversión litigantes en tribunales de Nueva York y con otros acreedores que reclaman por bonos en cese de pagos.

 Tras más de 12 horas de debate, 54 votos a favor y 16 en contra, fruto de los seiss del oficialismo y una oposición dividida, permitieron que salga adelante la iniciativa gubernamental, que ya había sido aprobada el pasado 16 de marzo por la Cámara de Diputados.

La ley posibilitará al gobierno de Mauricio Macri pagar a aquellos acreedores que poseen títulos argentinos en mora desde finales de 2001 y que no entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.

"Creo que es un punto de inflexión para una Argentina que viene muy dividida desde la política, donde la palabra acuerdo me parece que es la mejor noticia que podemos celebrar en el día de la fecha. Y de aquí en más queda mucho por trabajar en esa línea", señaló tras finalizar la sesión el senador oficialista Luis Naidenoff.

El proyecto incluye derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.
La primera impedía volver a negociar con los acreedores y mejorar la oferta realizada a los bonistas en los canjes de deuda de 2005 y 2010, mientras que la segunda desplazó de Nueva York a Buenos Aires la sede de pago.

La iniciativa prevé además otorgar un permiso al Ejecutivo para que emita deuda por unos US$ 12.000 millones en los mercados internacionales, con plazos de vencimiento de hasta 15 años, con el fin de aplicar los recursos obtenidos al pago a los acreedores.

La senadora por el kirchnerista Frente para la Victoria María Esther Labado votó en contra y consideró que "no es el mejor acuerdo por la toma de deuda" y porque no evita "nuevos juicios".

Por su parte, al cierre de la sesión, el senador oficialista Federico Pinedo destacó: "No votamos esto para votar con los fondos buitre: lo votamos por patriotismo, de buena fe".

En tanto, el senador peronista Rodolfo Urtubey acompañó el acuerdo al señalar que permite al país recuperar el acceso al crédito internacional.

La primera consecuencia de esta aprobación es, para Naidenoff, "recuperar la normalidad con una sentencia definitiva que realmente ha generado enormes costos desde lo económico, con una deuda que se inició en los US$ 3.679 millones y culminó en US$ 12.543 millones".

"Con esta autorización que estamos dando al Ministerio de Hacienda para emitir un bono no nos estamos endeudando, sino cambiando de acreedor. De aquí en adelante se recupera esta idea de cerrar un capítulo y creo que cerrar un capítulo es importante. Para los ciudadanos queda mucho por trabajar", concluyó.

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