INFORME

La riqueza en el exterior, la evasión y el fin del secreto: informe analizó situación de Uruguay y regional

El Foro Global de Intercambio de Información y Transparencia Tributaria en la órbita de la OCDE, divulgó ayer su primer informe Transparencia Fiscal en América Latina 2021.

Bandera con el logo de la OCDE. Foto: Archivo El País
Bandera con el logo de la OCDE. Foto: Archivo El País

En 2016 el paradigma mundial de intercambio de información tributaria supuso el fin del secreto bancario para fines impositivos y el pleno conocimiento del beneficiario final en sociedades, fideicomisos, etc. Los fiscos de diferentes países de todo el mundo empezaron a intercambiar información en forma automática de cuentas financieras de extranjeros, datos de multinacionales, entre otros, para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y otros delitos económicos. También continuaron con el intercambio de datos a pedido.

El Foro Global de Intercambio de Información y Transparencia Tributaria (que Uruguay integra junto a otras 161 jurisdicciones) en la órbita de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), divulgó ayer su primer informe Transparencia Fiscal en América Latina 2021. Este reporte surge tras la llamada Declaración de Punta del Este.

Declaración de Punta del Este, ¿qué es?

La llamada Declaración de Punta del Este surgió durante la reunión ministerial del Foro Global de intercambio de información fiscal que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2018 en Punta del Este. Allí los ministros de Economía de América Latina participantes debatieron las posibilidades de potenciar la cooperación fiscal internacional en aras del interés público y firmaron la Declaración de Punta del Este.

En la misma, los países acordaron “establecer una iniciativa latinoamericana para maximizar el uso efectivo de la información intercambiada en virtud de los estándares internacionales de transparencia fiscal para hacer frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros, y mejorar la cooperación fiscal internacional para contrarrestar las prácticas que contribuyen a todas las modalidades de delitos financieros”, a la vez que “liderar con el ejemplo, utilizando de forma efectiva la poderosa infraestructura global para el intercambio de información que se ha construido en la última década con el objetivo de contrarrestar los flujos financieros ilícitos y apoyar la movilización de recursos nacionales”.

También acordaron “realizar una autoevaluación siguiendo los principios identificados en el informe de la OCDE, ‘Lucha contra la delincuencia fiscal: los 10 principios globales’ y las prácticas exitosas identificadas en los informes de la OCDE ‘La cooperación interinstitucional efectiva en la lucha contra los delitos fiscales y otros delitos financieros’ y ‘Mejora de la cooperación entre las autoridades fiscales y las autoridades anticorrupción en la lucha contra la delincuencia y la corrupción’”, entre otros. Los países que firmaron la Declaración fueron: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay (durante la reunión), Perú, Brasil, Costa Rica y República Dominicana (2019), Guatemala y Hondura (2020).

El informe señaló que se estima que “una parte considerable de la riqueza de América Latina se mantiene en el extranjero. La estimación del 27% (900.000 millones de euros o US$ 1,07 billones), es considerablemente superior a la media de Asia (4%), Europa (11%) o Estados Unidos (4%), y supone una pérdida de ingresos anual de 19.000 millones de euros (US$ 22.610 millones) en impuestos para la región. Esta situación socava la movilización de recursos domésticos y obstaculiza el desarrollo, lo que es aún más acuciante en el contexto de la pandemia de COVID-19”.

En ese sentido, indicó que “en los países latinoamericanos, los ingresos tributarios representan aproximadamente el 20,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio, cuando la relación media entre impuestos y PIB en los países de la OCDE es de 33,8% del PIB. Los ingresos tributarios medios como porcentaje del PIB varían considerablemente en América Latina, desde el 13,1% en Guatemala hasta el 33,1% en Brasil (en Uruguay es 29%)”.

Esa “relación impuestos/PIB comparativamente baja en la región hace que el problema de la evasión fiscal sea aún más apremiante. La lucha contra la evasión de impuestos y otros delitos financieros es fundamental para la región. Sin embargo, a falta de herramientas adecuadas, las administraciones fiscales se enfrentan a muchos obstáculos para obtener información sobre los activos que poseen sus residentes en el extranjero. El intercambio de información entre países es una respuesta para hacer frente a este problema, al desempeñar un papel clave en la detección de posibles casos de incumplimiento en relación con las transacciones transfronterizas y los activos mantenidos en el extranjero”, añadió.

Según el informe “los estándares de transparencia fiscal pueden tener un impacto importante en la moral tributaria en todas las jurisdicciones” y el “intercambio de información puede tener un efecto positivo en la sociedad, no sólo aumentando la recaudación de impuestos, sino también mejorando la percepción pública de la equidad general de los sistemas tributarios”.

“En América Latina, el compromiso con el intercambio de información fiscal es alto, ya que el 81.2% de los países encuestados (13 países) le otorgan una prioridad alta o muy alta. Sólo el 18.8% de los encuestados (tres países) considera que tiene una prioridad media, y ningún país considera que no tiene prioridad”, agregó.

El reporte informó que América Latina “ha sido un emisor neto de solicitudes (de información tributaria) a lo largo de 2014-2020, con 3.949 solicitudes enviadas y 2.343 recibidas. El número de solicitudes enviadas -tras experimentar un pico en el año 2016- se ha mantenido más o menos constante desde 2017, con un ligero descenso en 2020. Esto último podría atribuirse a los efectos de la pandemia de COVID-19”.

“Sin embargo, las disparidades entre el número de solicitudes enviadas por los países son bastante importantes, ya que la mayoría realizan muy pocas solicitudes. Argentina y México son responsables del 61,5% y el 22,9% de las solicitudes, respectivamente, seguidos por Brasil (5,5%) y Colombia (4,2%)”, agregó.

El Foro Global evaluó que “seis de los ocho países latinoamericanos revisados hasta el año 2020 fueron calificados como Ampliamente Conformes con el estándar de intercambio de información reforzado: Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estos resultados muestran que los países latinoamericanos están haciendo importantes avances en la aplicación del estándar reforzado, que incluye complejos requisitos de beneficiario final”, indicó el reporte.

¿Cómo se evalúa a Uruguay? El informe aseguró que “la implementación del estándar de transparencia y del intercambio de información reforzado se consideró Ampliamente Conforme en la segunda ronda de revisiones de en 2020, manteniendo la calificación recibida en la primera ronda de revisiones en 2015”.

Señaló que “el marco legal de Uruguay que implementa el estándar de intercambio de información automático se encuentra en su lugar, pero necesita mejora”. El acuerdo multilateral para el intercambio de información “está en vigor desde diciembre de 2016 y hay potencial para mejorar el uso del estándar de intercambio de información automático”, concluyó.

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