El contexto internacional está cambiando el diagnóstico sobre el que se basa la política monetaria y no es de extrañar que el tema ocupe la discusión de la misma en el 2015.

Hasta el momento las medidas de política adoptadas en 2013 y 2014 lograron frenar la dinámica alcista en la inflación. Pero, en la actual coyuntura se observan fuerzas que llevan a que los precios internacionales se reduzcan y con ello la presión se está volviendo del signo contrario y empuja para abajo la tasa de crecimiento de los precios. El nuevo gobierno debe hacer por lo tanto sus planes para los próximos años en este escenario complejo en el que resulta paradójico que buscar el óptimo ortodoxo en la meta de la inflación pueda generar problemas mayores en el nivel de actividad.

La inflación es uno de los temas que más preocupa, tanto a la población como a las autoridades, quienes así lo han manifestado en varias oportunidades. Basta con remitirse a los sucesivos comunicados luego de las reuniones del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU), que textualmente señalan que "la inflación continúa en el centro de las preocupaciones de la política económica."

Si bien es bajo con respecto a los registros de la segunda mitad del pasado siglo (el contexto mundial y regional era distinto al actual), niveles superiores al 8% anual que muestra el Índice de Precios del Consumo (IPC) son de los más elevados a nivel mundial. Y ese es un handicap muy alto que otorga la economía uruguaya, que queda mal posicionada frente a otros competidores en materia de radicación de inversiones, fundamentalmente aquellas cuya maduración es de largo aliento y con mayor contenido tecnológico.

Tanto preocupa el tema inflacionario, que cada vez que la variación en los últimos 12 meses del IPC superaba el 9% y amenazaba con traspasar la barrera de los dos dígitos, las autoridades reaccionaban rápidamente apelando a controles de las tarifas de los servicios públicos y buscaban acuerdos con el sector privado para no aumentar por unos meses los precios finales.

Tal lo ocurrido en el último año. Allá por febrero se prendió una luz de alarma al rozar la inflación el 10%. Apelando a controles heterodoxos, pero amparadas por una política monetaria contractiva, las autoridades lograron moderar la variación de los precios, cerrando el año con una inflación del 8,3%, que volvió a caer al 8% en enero del presente año.

Si se descompone la variación del IPC entre precios administrados (tarifas públicas y otros como leche común, boleto) y no administrados, se constata claramente que fueron los primeros los que explican la moderación (al cabo del año no aumentaron), ya que los no administrados mostraron una leve tendencia al alza.

Pero así como la historia nos muestra que el IPC aumentó por la existencia de presiones inflacionarias, lo que motivó el control de algunos precios relevantes para impedir una escalada mayor, las perspectivas a futuro señalan un panorama distinto.

A nivel internacional se asiste a un contexto deflacionario, debido a los problemas por los que atraviesan Europa, la región y el enlentecimiento de la economía china.

En lo que a Uruguay refiere, ello se ve reflejado en el menor precio de los principales commodities que exporta el país y fundamentalmente en el principal rubro de importación que es el petróleo.

La baja del petróleo ha sido tan pronunciada (cayó a la mitad en unos pocos meses) que motivó un leve descenso del precio de los combustibles a comienzos de año y seguramente otro de mayor magnitud en el mes de abril.

Visto así, los precios administrados van a disminuir por razones de mercado, a diferencia de lo acontecido en el último año en el que el descenso fue solo administrado. De esa manera, seguirán contribuyendo a la moderación en la variación del IPC.

Los precios transables, es decir aquellos que se fijan en el mercado internacional están cayendo en dólares por la magra performance económica a nivel planetario. Internamente eso se contrarrestaría por el aumento que está experimentando el tipo de cambio. Pero el efecto neto no sería tan grande, y ello también contribuirá a la moderación del IPC.

La propia política monetaria está haciendo su trabajo, y la contracción ayuda a ese menor incremento de los precios al no crecer desmedidamente los medios de pago que circulan en la economía.

Están dados todos los elementos para que la inflación continúe descendiendo y pueda converger al techo del rango meta que es el 7%. Si la combinación de shock externo deflacionario, baja de demanda agregada interna y política monetaria contractiva, hacen bajar en forma abrupta la inflación se podría generar un problema. La convergencia al rango debe darse en el lapso de dos años utilizado para la política monetaria debido a la alta indexación que tienen los salarios y las pasividades

Si los precios de la economía suben 7% y los salarios ajustan por la evolución pasada (8,3%) resultaría un incremento real del costo salarial para las empresas y el Estado que se suma al crecimiento acordado en los convenios.

El impacto se observará en menor actividad económica y dificultades para encauzar las cuentas públicas pero parece manejable.

Si se llegara a una hipotética baja de la inflación hasta el 3%, que es el piso de lo comprometido, el impacto sobre una buena parte del sector real y las finanzas públicas resultaría insostenible.

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