INFORME

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Con un “viejo enemigo” ya instalado (la inflación). América Latina empieza a lidiar con otro: el déficit fiscal. La pandemia del COVID-19 generó una recesión económica prácticamente sincronizada en todo el mundo en 2020 y este año, mientras los países comienzan a evidenciar una recuperación, se inician los planes para realizar ajustes fiscales tras los estímulos de gasto que tuvieron que llevar adelante los gobiernos.

“Los mercados emergentes están planeando una consolidación fiscal sustancial en los próximos dos años, habiendo implementado una política fiscal muy expansiva en la crisis de COVID-19. Varios planes de ajuste implican grandes reducciones de gastos. Algunos apuntan a recortar el gasto por debajo de los niveles previos al COVID, un objetivo que será políticamente desafiante”, advirtió un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF según sus siglas en inglés, una asociación empresarial mundial de instituciones financieras) al que accedió El País.

El informe calculó los impulsos fiscales en los mercados emergentes, una medida de cómo está cambiando la postura de la política fiscal.

“El impulso fiscal de los mercados emergentes está oscilando de muy positivo el año pasado a negativo durante un período prolongado. Esto no respalda el crecimiento y es un acantilado fiscal para los mercados emergentes”, sostuvo el informe del IIF.

“En unos pocos países, el freno al crecimiento podría ser más pronunciado que el ajuste fiscal derivado de la crisis financiera mundial. La contención fiscal obviamente reduce el riesgo de endeudamiento, pero tendrá un costo de crecimiento”, alertó.

¿Qué encontró el estudio? “En promedio, esperamos que la consolidación fiscal reste 0,5 puntos porcentuales al crecimiento el próximo año. En contraste, estimamos que el apoyo fiscal agregó 1,2 puntos porcentuales al crecimiento el año pasado. La recuperación del COVID-19, y en algunos casos los altos precios de las materias primas, amortiguará parcialmente el impacto del ajuste fiscal sobre el crecimiento”, explicó el reporte.

“Sin embargo, el ajuste fiscal es una de las razones por las que el crecimiento de los mercados emergentes puede volver pronto a los niveles moderados pre COVID. Creemos que algunos países querrán evitar este tipo de ajuste doloroso y relajar pronto los objetivos fiscales”, añadió.

Según el análisis del IIF “casi todos los países apuntan a grandes reducciones del déficit (entre 0,5% del Producto Interno Bruto -PIB- y casi 6% del PIB para el período 2021-2023). En el caso de Chile, las magnitudes son extremas (casi 6% del PIB) y es probable que se revisen a la baja cuando un nuevo gobierno asuma el cargo el próximo año”.

En el caso de Uruguay, la programación del gobierno incluida en la Rendición de Cuentas aprobada recientemente, prevé una reducción del déficit fiscal de 0,9 punto porcentual del PIB este año, 1,8 puntos del PIB en 2022 y 0,2 puntos del PIB en 2023.

En 2020 el déficit fiscal fue de 5,8% del PIB y para este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que será de 4,9% del PIB. En los 12 meses cerrados a septiembre, el rojo de las cuentas públicas (sin el efecto “cincuentones”, ver aparte), alcanzaba a 5% del Producto.

El documento del IIF señaló que “un gasto más bajo es complicado desde muchos ángulos. En un momento en que el descontento social es alto en muchos países, será políticamente difícil. Entonces, sabemos que probablemente sea malo para el crecimiento. Cuánto, depende de la naturaleza de los recortes”.

“La eliminación del gasto derrochador puede ser ‘gratuita’, pero la reducción de los subsidios a los pobres puede afectar el consumo de manera significativa”, agregó.

Para estimar, cuáles podrían ser los efectos del recorte de gastos en el crecimiento de la economía en los próximos dos años, el estudio del IIF utilizó “el impulso fiscal, una medida del cambio en la postura fiscal que compensa el impacto del ciclo económico en las variables fiscales (por ejemplo, una recesión amplía los déficits fiscales incluso si el gobierno no toma ninguna medida fiscal). Dado que el ajuste planificado se centra en el gasto, construimos nuestros impulsos fiscales ignorando el lado siempre complicado de los ingresos”.

“También nos abstraemos del hecho de que los estabilizadores automáticos afectan una pequeña parte del gasto (prestaciones por desempleo, por ejemplo). Básicamente, estamos observando el cambio en el gasto primario en porcentaje del PIB potencial como una aproximación del impulso fiscal. Nuestra métrica simplifica demasiado las cosas, pero a menudo se acerca a metodologías más sofisticadas, como el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que evita las elasticidades de ingresos difíciles de determinar”, agregó el informe.

En base a ello, “el impulso fiscal de los mercados emergentes está oscilando bruscamente. La política fiscal brindó un amplio apoyo el año pasado, pero será un lastre para el crecimiento durante un período prolongado. No hemos visto este tipo de cambios en los mercados emergentes por un tiempo. La crisis global (2008-2009) es un episodio comparable. En 2010-2012, varios mercados emergentes endurecieron la política fiscal incluso más de lo que planean en 2022-2023. Sin embargo, algunos, entre ellos Sudáfrica, están planeando mucho más ahora”, apuntó el documento.

“El impacto de una política fiscal estricta sobre el crecimiento depende del llamado multiplicador fiscal. Las estimaciones existentes oscilan entre cero y niveles muy altos, por lo que nos conformamos con un 0,5 ilustrativo y algo conservador. Esto significa que recortar el gasto público en US$ 1 reduce el PIB en US$ 0,50. Bajo estos parámetros, la política fiscal será un lastre significativo para el crecimiento en los próximos dos años”, afirmó el IIF.

“Las tendencias anteriores son particularmente pronunciadas en algunas partes de América Latina. La expansión fiscal de Brasil fue enorme y los recortes de este año ya fueron severos. El ajuste que pide la regla fiscal para el próximo año palidece en comparación, pero está demostrando ser un gran desafío. Brasil nunca apretó (el gasto) significativamente en un año electoral y las circunstancias no conducen a un resultado muy diferente esta vez”, concluyó.

El plan del MEF en Uruguay y lo que sugirió el FMI

En la Rendición de Cuentas, el gobierno incluyó su explicación sobre la situación fiscal. Allí señaló que “la programación financiera que acompaña el proyecto presupuestal contempla un deterioro de las cuentas fiscales para el año 2021 (respecto al previsto en la ley de Presupuesto aprobada en el año 2020) que se explica mayormente por la crisis sanitaria del COVID-19”.

En tanto, “para el año 2022 en adelante, se presenta una trayectoria fiscal que supone una disminución del déficit basada en la mejora de la eficiencia del gasto público y la generación de ahorros en los distintos organismos de la Administración Central y los comprendidos en el artículo 220 de la Constitución”, añadió.

En octubre, una misión de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó Uruguay para hacer una revisión de la economía (corresponde a todos los países miembro, al menos una vez al año). Allí, los técnicos del FMI sugirieron que “a corto plazo, los esfuerzos deberían dirigirse a recomponer el espacio fiscal, mientras que se mantienen ayudas focalizadas a los sectores más afectados” y que “la reorientación hacia políticas para favorecer la creación de empleo es bienvenida”.

A su vez, aconsejaron que a “mediano plazo, un esfuerzo fiscal adicional sería deseable para situar la deuda pública en una firme trayectoria descendente”. Si bien reconocen que los “riesgos fiscales de corto plazo son limitados”, la trayectoria prevista de la deuda asume “condiciones macroeconómicas estables” lo que “deja un margen limitado para responder a shocks futuros”.