TEMA DE ANÁLISIS

El deterioro de las cuentas públicas es uno los tantos problemas económicos que deberá enfrentar la administración que asuma el próximo 1° de marzo. El último dato conocido al mes de mayo indica que el déficit global del sector público equivale al 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB), guarismo que corregido por algunos ingresos extraordinarios lo llevan al 4,8% del PIB.

Es una cifra muy alta, cuyo financiamiento tensiona sobre la deuda pública (ver nota en página anterior) y amenaza su sostenibilidad de no adoptarse medidas correctivas. Tales medidas provendrán del Presupuesto que apruebe la próxima legislatura, que entrará a regir a partir del año 2021.

Durante el primer año de la próxima administración regirá el último año del actual Presupuesto, cuya última Rendición de Cuentas presentada la pasada semana pasó desapercibida en medio del entusiasmo que provocaron las elecciones internas de los partidos políticos.

En esa Rendición, que corresponde al ejercicio 2018, el gobierno proyecta el resultado fiscal para el presente ejercicio y el próximo año estimando un déficit global del 4,6% del PIB para 2019 que cae al 3,9% del Producto en 2020.

Antes de analizar estos números es importante aclarar que alcance tienen. La proyección para el presente ejercicio corresponde al último de la administración en curso, que teóricamente tiene relativa capacidad para afectarlo. Por ejemplo, puede recortar gastos no asignando la totalidad de las partidas presupuestales. O puede actuar indirectamente a través de ajustes de tarifas. El que lo haga o no dependerá de la evaluación política que derive del análisis de la pertinencia de adoptar ciertas medidas en un año electoral. Asimismo, del lado de los ingresos, los estima en función del desempeño esperado de la economía.

El margen de maniobra teórico que tiene el gobierno para operar sobre las cuentas públicas desaparece al proyectar el año 2020, ya que serán otras las autoridades que deberán lidiar con los asuntos públicos.

En tal sentido los números presentados derivan de lo que se denomina una proyección pasiva, es decir aquella en la que no se altera el gasto ya aprobado en rendiciones de cuentas anteriores, proyectándose los ingresos en función de estimaciones sobre el comportamiento esperado de la economía en el próximo año.

Nuestra diferencia con las proyecciones del gobierno radica en la evolución esperada de la economía en uno y otro año. El gobierno proyecta que el PIB crezca 0,7% este año, corrigiendo a la baja la proyección que utilizó en la Rendición anterior (era de 3,3%).

Con lo moderada que luce, puede resultar un tanto optimista a la luz del comportamiento que exhibió la economía en los últimos cuatro trimestres en los que no creció.

Por otra parte, y la propia Rendición lo señala, el resultado de las empresas públicas, básicamente el de Ancap, se ve afectado negativamente por un nivel de tarifas insuficiente para cubrir los costos del crudo y la suba del dólar. Nuevamente hay que ponderar la decisión política de ajustar las tarifas de los combustibles en medio de la campaña electoral.

En base a ello estimamos como muy probable que el déficit se ubique en niveles cercanos al 5% del PIB.

Respecto al año 2020, las mejoras proyectadas derivan de una aceleración del nivel de actividad, proyectando un crecimiento de la economía del 2,6%, acercándose a su tendencia de largo plazo, pero impulsado por factores puntuales.

Los fundamentos que sustentan esta proyección son una mejora en la región, con crecimientos esperados tanto en Argentina como Brasil levemente inferiores a los proyectados para Uruguay, lo que en estos momentos de incertidumbre global pueden lucir algo optimistas.

Pero en gran medida el crecimiento estará apuntalado por la inversión. Fundamentalmente el comienzo de la construcción de la planta de UPM en Durazno y la continuación de una serie de obras de infraestructura conexas que comenzarán hacia fines del presente año tales como el Ferrocarril Central y el viaducto sobre la rambla portuaria.

El gobierno estima que el efecto multiplicador de estas inversiones sobre el nivel de actividad y el empleo impactará favorablemente en la recaudación.

Agregando a ello la adecuación de las tarifas de los combustibles y la mejora correspondiente en el resultado final de las empresas públicas son los factores que contribuirán a la mejora de los ingresos, lo que sin aumento de gastos permitirá abatir el déficit al 3,9% del PIB.

El análisis de esas proyecciones y los supuestos utilizados lleva a pensar que este año el déficit va a ser algo superior pero no hay diferencias sustanciales y tampoco se visualizan dificultades financieras para cubrir la brecha que se formará. El problema del desvío que se genere este año es que oficiará como piso para el que viene, que estimamos mayor al proyectado.

Si se considera la proyección presentada para el 2020 como un ejercicio para visualizar la evolución pasiva del resultado financiero, o sea sin la adopción de medidas de política que corrijan el desvío, hay una brecha importante. Se puede estimar la diferencia entre un punto y un punto y medio del PIB, magnitud que está pautando el nivel de esfuerzo en la gestión de los fondos públicos para el año que viene.